Puig da aire a Podemos y Compromís ante el riesgo de perder la mayoría por la izquierda

Es una especulación que ha circulado estos días por los cenáculos de la política valenciana: cuál hubiera sido la reacción del barón socialista Ximo Puig si Mónica Oltra le hubiera llamado de un día para otro para pedirle la cabeza de uno de los consellers de Compromís. La conclusión general es que, al menos, se lo hubiera pensado unos días, pese a que las reglas no escritas del pacto del Botànic facultan a cada uno de sus socios a elegir a los miembros del gabinete que le corresponden. Nada de esto ocurrió el pasado 25 de octubre, cuando en una misma mañana Puig no solamente aceptó de inmediato el requerimiento de la nueva vicepresidenta Aitana Mas para descabalgar a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, sino que además se prestó a escenificar el golpe de autoridad de la número dos de la Generalitat con una foto conjunta y un comunicado difundido por Presidencia. Un gesto que se explica por la necesidad de dar aire a sus socios, como se explicará a continuación.

La salida de Oltra y el relevo por Mas han abierto una nueva etapa en la relación entre socialistas y valencianistas tras meses de tensiones internas contaminadas, además, por el proceso judicial que está viviendo la que fue alma mater de Compromís por la gestión del caso de abusos de su exmarido. El afán conciliador de presidente y vicepresidenta tiene mucho que ver también con el impacto que la crisis de liderazgo de Compromís puede tener en sus perspectivas electorales.

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Las dos últimas encuestas conocidas, aunque contradictorias en su resultado global, coinciden en señalar algunas tendencias reseñables: que el Partido Popular crece de forma importante a costa de Ciudadanos, aunque no podrá gobernar en la Comunidad Valenciana sin el respaldo de Vox. Que el PSPV-PSOE de Puig se consolida como primera fuerza del bloque de izquierdas y que Compromís y Unidas Podemos pierden fuelle con respecto a las elecciones de 2019. La de Gesop para Levante-EMV anticipa una nueva mayoría botánica holgada, mientras que la de Sociométrica para El Español pronostica un vuelco en favor de la derecha al estimar para Vox siete puntos más que cuatro años antes, un fenómeno que no termina de visualizarse en el debate político autonómico del día a día.

La clave electoral parece estar no tanto en los trasvases entre bloques, por más que Puig aspira a arañar al líder regional del PP, Carlos Mazón, un puñado de votos de Ciudadanos suficiente para evitar un cambio de mayorías, como en la capacidad de movilización que todos los actores del ecosistema político valenciano tendrán en la cita electoral prevista para el 28 de mayo de 2023, si el barón socialista mantiene su plan de convocar junto con las municipales.

Para el PP es importante erosionar al Botànic, pero aprovechar también el carácter nacional de la jornada de urnas para subirse a una posible ola de cambio general en España, aunque algunas encuestas, como la última publicada por El Confidencial, detectan una dilución del efecto Feijóo. Para el Ejecutivo valenciano, en el actual escenario es vital mantener la fidelidad de sus votantes y el deseo de refrendar el experimento pese al desgaste que se percibe tras más de siete años en el poder. Porque esa va a ser la campaña que se avecina con la demoscopia tan apretada: nuevo Gobierno o giro a la derecha. Será una campaña multicolor, pese al refuerzo bipartidista, con al menos seis partidos peleando su presencia en las Cortes, aunque Ciudadanos está cada vez más diluido. Pero ello no quita que la dualidad entre continuidad o cambio vaya a estar muy presente conforme se acerque la fecha de las elecciones.

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Ximo Puig conserva buenos niveles de valoración en los trabajos demoscópicos y ha madurado su figura de barón autonómico. Pero, según coinciden en señalar en ámbitos cercanos al Palau, el problema aparece a su izquierda, con los valencianistas encajando las piezas de la ausencia de Oltra y los morados de Héctor Illueca apenas por encima de la barrera del 5% que puede dejarles fuera de las Cortes Valencianas. Los socialistas no ocultan que acogerían encantados a los votantes de sus socios y estarían más cómodos en un Consell a dos que a tres, pero es más peligroso para sus intereses que un 4,5% de papeletas moradas se queden fuera de la distribución de escaños y la configuración de mayorías.

En esa clave hay que interpretar los movimientos de las últimas semanas. Por un lado, el oxígeno que Puig ha dado a la recién llegada Aitana Mas, reforzando su autoridad como vicepresidenta frente a una consellera como Mireia Mollà, con la que venía teniendo discrepancias y enfrentamientos internos. Compromís no ha decidido todavía quién será su cartel electoral para la Generalitat en 2023. Joan Baldoví se ha postulado para las primarias de febrero y se perfila como el mejor situado, pero Mas es actualmente la principal referencia autonómica e institucional de los valencianistas. Además de vicepresidenta, ejerce de consellera de Igualdad y portavoz de todo el Consell.

Ha habido otros gestos, el más claro, el de la reforma fiscal. Puig mantiene en suspenso y con dudas cuestiones que erosionan su pretendida imagen 'centrista', como la tasa turística ya pactada, pero que sigue sin ver la luz en las Cortes Valencianas. Pero ha accedido a acompañar sus rebajas fiscales de respuesta a la inflación a clases medias y bajas con un incremento de la presión impositiva a las rentas más altas al que hasta ahora se resistía, vía impuesto de patrimonio, IRPF y transmisiones patrimoniales. Este último afecta muy directamente al área de Vivienda que dirige el vicepresidente segundo, Héctor Illueca. Era una petición suya. Los incrementos apenas recaudarán 50 millones de los 150 millones de ahorro estimado para las familias con las bajadas, pero han sido suficientes para que Compromís y Unidas Podemos pudieran armar su mensaje de Robin Hood de cara a su electorado. La Comunidad Valenciana está a la cabeza en presión fiscal a las clases más pudientes.

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En esa misma línea encaja el último de los acuerdos, el de los presupuestos autonómicos de 2023, los últimos de la legislatura, cuyo anteproyecto de ley prevé aprobar este lunes el plenario del Consell valenciano. El conseller de Hacienda, el socialista Arcadi España, hombre de la máxima confianza de Puig, ha hecho encaje de bolillos para vender la moderación en el crecimiento que deseaba con el carácter "expansivo" de las cuentas para dar una "respuesta social" a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. A la espera de conocer este lunes las grandes magnitudes y el detalle del presupuesto, tanto fuentes de la vicepresidencia de Mas como de la de Illueca se dan por satisfechos por el pacto. Según señalan, les permitirá ofrecer incrementos en sus áreas de gestión, vinculadas al área del social y dependencia, en el caso de la primera, y de vivienda, el segundo. Compromís también controla los departamentos de Economía, Educación y Agricultura, ahora en manos de Isaura Navarro.

Donde pueden avecinarse nuevamente tensiones es en el área de renovables. Puig, que el jueves pasado anticipó en la sesión de control de las Cortes Valencianas el desemboce de un puñado de los muchos proyectos de plantas fotovoltaicas atascados burocráticamente, prepara movimientos para agilizar los trámites, con el foco puesto en la Conselleria de Territorio y, en concreto, la Dirección General de Paisaje, en manos de Rosa Pardo, de Compromís. No es el único tapón que ha situado a la Comunidad Valenciana a la cola en la puesta en marcha de parques solares. También se apilan expedientes en la Subdirección General de Industria. En esto ya no pesa la estrategia, sino la habilidad para demostrar que es posible no convertir los procesos administrativos en calvarios.