3.000 euros de multa al cliente: la ordenanza valenciana para erradicar la prostitución

3.000 euros de multa es la cuantía máxima prevista por la Generalitat valenciana para sancionar a quien contrate servicios de prostitución. El Ejecutivo de Ximo Puig se ha propuesto erradicar este tipo de prácticas de la comunidad y para ello ha elaborado una ordenanza municipal para que las localidades interesadas la apliquen. La medida, empeño personal de la titular de Justicia, Gabriela Bravo, fue presentada este jueves. La 'consellera' no dudó en calificar el momento de "histórico" para poner freno a un fenómeno que definió como una forma de violencia de género.

Bravo estuvo acompañada por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, localidad que acogió la presentación, además de por el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, y una veintena de alcaldes de toda la región.

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La 'consellera' defendió que en una "sociedad decente" la prostitución no puede tener cabida y destacó la importancia de la implicación de los ayuntamientos, actores con un altísimo grado de conocimiento de la realidad de cada pueblo, de la situación de las mujeres y de aquellos espacios donde puedan estrar "atrapadas". Los municipios tienen "competencias y capacidades suficientes para estar en la primera línea de la erradicación de la prostitución a través de las ordenanzas municipales, que son un instrumento muy potente para marcar la diferencia entre aquellos municipios que protegen la dignidad de todas las personas y los que, para su vergüenza y la nuestra, abdican de ella".

Con esta ordenanza, además, la prostitución pasa de considerarse un "problema de orden público", la perspectiva bajo la que actúan todavía muchos municipios, según Bravo, a catalogarse como un problema de derechos humanos que hay obligación de erradicar.

Albal y Quart

En este sentido, la 'consellera' puso como ejemplos los casos de Albal y Quart de Poblet, "pioneros" en la aprobación de ordenanzas abolicionistas, y lamentó la existencia de "esa ordenanza de la vergüenza del Ayuntamiento de Alicante que criminaliza las mujeres en prostitución y las hace responsables de su situación, sin reparar que es un sistema desigual e injusto las que las somete y las priva de una vida digna de derechos".

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Precisamente Albal, según informó el Consistorio en un comunicado, ha multado ya a 20 hombres que pagaban por sexo o mientras mantenían relaciones en la localidad, ocho de los cuales ya han abonado las sanciones. El alcalde, Ramón Marí, ha anunciado que llevará a la sesión informativa del lunes la modificación de la ordenanza municipal abolicionista de la prostitución y la explotación sexual para adherirse al modelo de la Generalitat, que incrementa la sanción hasta los 3.000 euros.

Estudios

La 'consellera' recordó que los estudios científicos elaborados por el Foro han revelado que en las tres provincias hay entre 10.000 y 13.000 mujeres en situación de prostitución. "Y si la oferta es así de grande es porque hay hombres dispuestos a pagar por ello. Solo así se entiende que el 20 por ciento de los varones valencianos mayores de 18 años —uno de cada cinco— admita que ha pagado por sexo alguna vez en su vida", dijo.

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El modelo de ordenanza abolicionista, que se ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, recoge en su articulado la prohibición de la demanda de prostitución, a la que considera como infracción grave, y la sanciona con multas de hasta 1.500 euros.

Además, si esta demanda se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo la considera como infracción muy grave y la sanciona con multa de hasta 3.000 euros. De igual modo podrán ser sancionados quienes colaboren con los demandantes de sexo pagado como intermediadores (proxenetas) o personas que alerten de la presencia de agentes de la autoridad.

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Por otra parte, también prohíbe la publicidad que promueva el consumo de prostitución, que considera como infracción leve, y la sanciona con multas de hasta 750 euros. En este caso, será responsable tanto quien ejecute materialmente el acto de publicidad (como repartir folletos) como el anunciante.

Políticas de ayuda

Una parte importante del modelo de ordenanza reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género. Por ese motivo, no se sancionará en ningún caso a las personas prostituidas y promoverá políticas de ayuda para sacarlas de su situación. En este sentido, el modelo de ordenanza prevé la aprobación de planes municipales de acción integral, que contengan medidas para que las mujeres accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. Este plan incluirá acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional.

Según Bravo, "somos la primera comunidad autónoma en poner a disposición de los municipios un modelo de ordenanza abolicionista, lo que nos convierte en una referencia para otros territorios comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres, así como con la erradicación de toda forma de violencia de género, incluida la compra del cuerpo de las mujeres".

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La 'consellera' anunció que seguirá reclamando al Gobierno central una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución. No obstante, "desde el Consell del Botànic no vamos a estar de brazos cruzados porque ya hemos puesto en marcha la modificación de la Ley de Espectáculos en la Comunitat Valenciana, que se encuentra actualmente en trámite de audiencia pública".

Esta norma contempla la sanción a aquellos establecimientos que permitan o favorezcan la prostitución, la prohibición de publicidad que incite o fomente la prostitución o cualquier forma de explotación sexual y la sanción administrativa de la demanda de prostitución en locales y establecimientos públicos.