La Gürtel y el exdirector de la TV valenciana, a prisión hasta 15 años por la visita del Papa

La trama Gürtel ha sumado una nueva sentencia condenatoria a su currículum criminal. La Audiencia Nacional dio a conocer este miércoles el fallo del juicio por la contratación por parte de Canal 9, la antigua televisión autonómica valenciana (RTVV), de las pantallas, sistemas de sonido y megafonía para la transmisión de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del Encuentro Mundial de las Familias celebrado en julio de 2006. La sala del tribunal, en un sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Fernanda García Pérez, considera probado que 19 de los 23 acusados en la causa se concertaron para adjudicarse de forma ilegal un contrato de 6,46 millones de euros más IVA (7,49 millones en total) y se repartieron posteriormente mordidas por valor de 3,2 millones fabricando facturas falsas y utilizando como sociedad pantalla a la constructora leonesa Teconsa.

Por estos hechos, la Audiencia ha condenado a 13 años y siete meses de cárcel al líder de la trama, Francisco Correa; a 15 años y cinco meses a su número dos, Pablo Crespo, y a seis años y nueve meses a Álvaro Pérez, 'El Bigotes', por la comisión de delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración Pública, blanqueo de capitales, falsedad de documental y delitos contra la Hacienda pública. El fallo alcanza también al que era en aquella época director general de Canal 9, Pedro García (seis años y nueve meses de prisión) y al vicepresidente y accionista de Teconsa, José Luis Martínez Parra, al que le corresponde una pena de 11 años y siete meses de privación de libertad.

Han quedado libres de responsabilidad penal por haber fallecido ya el exconseller valenciano y exdirector general de la Policía Nacional, Juan Cotino, y Luis Sabater, alto cargo en la televisión pública. Cotino falleció por coronavirus en abril de este año, poco más de un mes después de haberse desplazado a Madrid para participar en las primeras sesiones del juicio, que fue aplazado como consecuencia de la pandemia. Tras ser ingresado en el hospital de Manises el 17 de marzo, pasó a la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde perdió la vida al no poder superar la enfermedad.

Otro altos cargos del ente autonómico, Antonio de la Viuda, Juan Prefaci y Vicente Sanz han sido condenados a dos años y seis meses de cárcel cada uno, al igual que los colaboradores de la Gürtel Jacobo Gordon (ocho meses) y el financiero y exvicpresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín (1 año y seis meses).

El tribunal ha tenido en cuenta como atenuantes a la hora de aplicar las penas, inferiores a las que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción, las confesiones de varios de los acusados, las dilaciones indebidas de un proceso que ha juzgado hechos cometidos hace catorce años o la reparación económica, pues varios de los acusados afrontaron las responsabilidad civil antes de comenzar la vista oral tras alcanzar acuerdos con la acusación.

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Según señala la Audiencia, el contrato se firmó por un precio excesivo a la elaboración formal del expediente administrativo, con la colaboración de los empleados públicos de RTVV, y se antedataron los trámites esenciales con el fin de dotar de apariencia de legalidad e incurriendo en el elaborado en sucesivas infracciones de la normativa administrativa. Con posterioridad, el importe cobrado desde la televisión pública por Teconsa se canalizó hacia los distintos beneficiarios a través de un entramado de facturas ficticias e irregulares abonadas por la constructora, que procedió a deducirse en los correspondientes impuestos de sociedades y del IVA de forma ilegal.

Los jueces consideran acreditado que, al menos desde octubre de 2005, la organización de Correa inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación "de modo ilícito" de la prestación de servicios y suministros necesarios para el Encuentro Mundial de las Familias que se iba a celebrar en julio.

La sentencia considera acreditado que la adjudicación directa a Teconsa fue "claramente ilegal", pues los acusados de la Gürtel y el exdirector general de RTVV primero acordaron la adjudicación y después se confeccionó formalmente el expediente de contratación, contando con la colaboración de los empleados públicos del ente que han resultado condenados.

Tras el concierto previo entre los condenados, se intentó dar cobertura formal ese plan “tramitando un expediente antedatado para favorecer a una empresa, Teconsa, que no tenía capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos necesarios y que tuvo que subcontratar todo, y autorización del gasto aun sin dotación presupuestaria”.

Basándose en la prueba documental, la testifical pericial de los agentes de la UDEF y la pericial de la Inspectora de la Agencia Tributaria, el tribunal concluye que el coste de los trabajos de ejecución fue de 3.254.624 euros por lo que la diferencia hasta el total del contrato, 3.205.375 euros, “constituye el sobrecoste o beneficio ilegalmente obtenido en perjuicio del erario público, que fue después repartido entre los acusados con influencia decisiva en el proceso de adjudicación”.