POR LOS CONTRATOS CON LA TRAMA GURTEL

Mascletà en la Audiencia: Cuatro obispos y Camps en el juicio de la visita del Papa

El tribunal juzga en marzo adjudicaciones de la TV valenciana a la trama Gürtel por la visita de Benedicto XVI en 2006. Cotino y Correa, principales acusados, con muchas sotanas como testigos

Foto: Juan Cotino es uno de los principales acusados del juicio del Papa, junto a Francisco Correa o Álvaro Pérez. (EFE)
Juan Cotino es uno de los principales acusados del juicio del Papa, junto a Francisco Correa o Álvaro Pérez. (EFE)

Ruido de sotanas el próximo mes de marzo en la Audiencia Nacional. El día nueve de ese mes arranca el juicio por las adjudicaciones presuntamente irregulares de contratos a la trama Gürtel por parte de Radio Televisión Valenciana para los actos de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Más de un veintena de personas se sentarán en el banquillo por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y documento oficial, contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción reclama hasta once años de cárcel a los principales procesados, entre los que figuran el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía Nacional, Juan Cotino; el jefe de la Gürtel, Francisco Correa, y sus subordinados Pablo Crespo o Álvaro Pérez; el que fue director general de Canal 9, Pedro García; o el exvicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín.

Durante la instrucción, el juez José de la Mata ha investigado si los acusados se lucraron y obtuvieron mordidas por la contratación por parte de RTVV a la trama Gürtel del alquiler de las pantallas y servicios de megafonía dentro de los actos del Encuentro Anual de las Familias que protagonizó el antecesor del papa Francisco. Según el auto de procesamiento, Correa y sus acólitos obtuvieron los contratos empleando para ello como empresa pantalla a la leonesa Teconsa. El mecanismo para desviar los fondos fue maquillar los trabajos a través de un convenio de colaboración entre RTVV y la Fundación para la Organización del V Encuentro de las Familias (FVEMF).

Camps, con Benedicto XVI. (EFE)
Camps, con Benedicto XVI. (EFE)

La televisión pública recibió el encargo de la cobertura audiovisual del acontecimiento y adjudicó a su vez a Teconsa por procedimiento de urgencia el alquiler de equipamiento de imagen y sonido "por un precio desorbitado y notoriamente superior al del servicio realmente prestado". El gasto para el ente público terminaría siendo de 7,4 millones de euros. "Ello produjo una auténtica sustracción de fondos de RTVV de, al menos, 3,3 millones de euros", señala el escrito del juez de la Audiencia Nacional fechado en 2016.

Los acusados comenzarán a desfilar por el tribunal la seguna semana de marzo. Pero a partir de la tercera, en plenas Fallas en Valencia, compareceran como testigos el expresidente de la Generalitat y promotor del evento, Francisco Camps (18 de marzo), y un nutrido grupo de religiosos entre los que figuran el obispo auxiliar de la archidiocesis de Valencia, Esteban Escudero (23); el párroco de la iglesia de San Nicolás de Valencia y entonces persona de confianza el fallecido cardenal Agustín García-Gasco, Antonio Corbí (23); el actual obispo de Tortosa, Enrique Benavent (24); el de Ibiza, Vicente Segura (24); el obispo de Lleida, Salvador Giménez; o el cardenal jubilado Manuel Monterio de Castro, que en los años de los hechos investigados era nuncio apostólico en España, los dos últimos también con fecha de testifical el 24 de marzo.

Esteban Escudero y Antonio Corbí, que forman parte de la cúpula de la Archidiocesis del cardenal Antonio Cañizares, comparecerán en Madrid como testigos, pero están siendo investigados también por el juzgado de instrucción 5 de Valencia en una pieza paralela desgajada de la que se juzga en la Audiencia que indaga en los contratos que suscribió la Fundación organizadora del encuentro religioso con la Generalitat valenciana y con la empresa pública autonómica Vaersa, que terminaron asumiendo un agujero económico de más de tres millones de euros. En esta causa está también imputado el propio Camps.

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