La Generalitat sanciona con 40.000 euros a la residencia de Alcoy con 73 muertos por covid
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TRAS UNA INSPECCIÓN PREVIA A LA PANDEMIA

La Generalitat sanciona con 40.000 euros a la residencia de Alcoy con 73 muertos por covid

Igualdad aplica la multa por infracción grave tras detectar carencias en personal médico en un centro de Domus VI, el grupo mejor situado para quedarse otro centro en Velluters

Foto: La Generalitat sanciona con 40.000 euros a la residencia de Alcoy con 73 muertos por covid
La Generalitat sanciona con 40.000 euros a la residencia de Alcoy con 73 muertos por covid

La Generalitat valenciana ha cerrado con una resolución de infracción grave y una multa de 40.000 euros el expediente abierto contra la mercantil Quavitae Servicios Asistenciales, que gestiona la residencia del grupo Domus Vi en Alcoy (Alicante) donde fallecieron más de 70 personas en la primera ola de la pandemia del coronavirus. La sanción es consecuencia de varias inspecciones realizadas entre junio de 2018 y noviembre de 2019, antes de que estallase la crisis sanitaria, en las que se detectaron insuficiencias en las horas de dedicación del personal médico y de animación sociocultural en este centro concertado con la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La sanción se conoce después de que la patronal de las residencias en la Comunidad Valenciana, Aerte, haya difundido que Domus VI, a través de su filial SAR Residencial y Asistencial, ha presentado la mejor oferta económica por el centro geriátrico de Velluters (Valencia), en un concurso valorado en 11,8 millones de euros con impuestos. Se trata una licitación lanzada por el mismo departamento que dirige la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra para la gestión de un centro que pretende ser modélico en el trato con los ancianos residentes. SAR tenía por delante dos ofertas mejor valoradas técnicamente, la de Sacyr y Gesmed, según las actas de la mesa de contratación. Aerte sostiene, que aun así, Igualdad está obligada a adjudicar el contrato a Domus VI, según señalaba el diario 'Levante-EMV', por la suma de la valoración de las dos ofertas.

Fuentes de la vicepresidencia sostienen que la licitación se rige por la Ley de Contratos, que la mesa de contratación la forman funcionarios públicos y que su posición ha sido exigir en los pliegos mayores requisitos en la prestación del servicio: más ratio de personal y obligar a tener servicios como enfermería 24 horas, menus dobles, peluquería, podología, acompañamiento fuera de la residencia (servicios por los que antes se cobraban extras a los residentes). Con esos criterios, está obligada a dar por buena la mejor oferta presentada al concurso, en este caso el mismo grupo al que sanciona por la gestión en Alcoy y que ha sido objeto de polémica también por otro centro en Llíria (Valencia) que está siendo investigado por la Fiscalía tras la difusión de unas imágenes en las que puede verse a ancianos atados a sillas, con llagas o desnudos, supuestamente desatendidos para comer e incluso abandonados tras caer al suelo..

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La residencia alcoyana ha sido motivo de polémica por la acumulación de contagios y fallecimientos a causa del covid-19, al tiempo que los familiares de los residentes han denunciado problemas de comunicación durante los meses del estado de alarma y aseguran que venían señalando deficiencias e irregularidades en la gestión del geriátrico. Un grupo de parientes de residentes decidió en noviembre del año pasado organizarse en una plataforma para coordinar su interlocución tras acumular malestar por el trato que estaban recibiendo los ancianos. El 6 de febrero de este año, antes del estado de alarma, mantuvieron un encuentro con el entonces director general de Infraestructuras de Servicios Sociales. En ese encuentro, le comunicaron y le hicieron entrega de un escrito en el que recogían las irregularidades que, a su juicio, se estaban produciendo en el centro.

Por esas fechas, la 'conselleria' ya tenía en marcha un expediente que se resolvió el pasado 27 de octubre por la directora general de Personas Mayores, Mercedes Santiago, con una sanción por infracción grave de 40.000 euros, la mitad de la multa máxima que podría imponer la 'conselleria' que dirige Oltra, por una irregularidad de estas características: "No disponer del personal establecido por la normativa reguladora de cada servicio, tanto en la dedicación como en la calificación profesional exigida y necesaria para el ejercicio de sus funciones".

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La Generalitat ha impuesto un "grado medio" a la sanción, recurrible de alzada en el plazo de un mes, teniendo en cuenta las alegaciones de la entidad, el informe del servicio de Inspección, los criterios de graduación prevista en la ley, entre los que destacan la existencia de advertencias previas y la reiteración de infracciones, así como el principio de proporcionalidad de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

En sus alegaciones, la mercantil Quavitae reclamó la nulidad de las actuaciones por considerar que se había producido un plazo excesivo entre la incoación del expediente y las actuaciones inspectoras. Además, apuntó que había cumplido "estricta y rigurosamente el requerimiento de la Generalitat, por lo que no procede sanción alguna, habiendo procedido a ampliar las jornadas laborales del personal contratado". "Antes de la incoación del presente procedimiento, se había subsanado el número de horas requeridas en las figuras profesionales del médico y del técnico de animación sociocultural (Tasoc)", alegó la empresa de Domus VI, que a preguntas de El Confidencial no ha avanzado si recurrirá la sanción.

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La gestora de la residencia insistió en que en ningún momento se puso en peligro la salud de los residentes, al suplir la carencia de horas de servicio médico con "un importante exceso de servicio de enfermería". Y que siempre había sido su voluntad "cumplir con los requerimientos de la Generalitat". "Solo el estricto protocolo de selección de personal ha impedido el rápido cumplimiento de los requerimientos", se defendió. Por estas razones, Quavitae reclamaba, como máximo, una sanción inferior, de 10.001 euros, el mínimo para una infracción grave.

Por contra, Igualdad considera en la resolución, a la que tuvo acceso El Confidencial, que sí existió "riesgo y peligro" para las personas usuarias del centro, al no disponer del personal exigido por la normativa vigente; que hubo una intencionalidad y culpabilidad por parte de la entidad presuntamente infractora, al no haber contratado a todo el personal exigido; que se produjo una reiteración de infracciones en materia de personal, al haber perdurado en el tiempo el incumplimiento de la ratio requerida, y que como consecuencia de estas infracciones se obtuvo un beneficio económico.

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