'Nou d’Octubre': los valencianos se alejan de España (y nadie se está dando cuenta)

La Comunidad Valenciana celebró este miércoles su festividad autonómica. Cada 9 de octubre, el territorio conmemora la entrada de Jaume I en la ciudad de Valencia en 1238, en lo que fue el inicio de la configuración de las primeras instituciones propias al constituirse como reino diferenciado dentro de la Corona de Aragón. La efeméride sirve hoy en día para reivindicar el papel del autogobierno dentro del Estado de las autonomías y tiene, por tanto, una naturaleza claramente política. Líderes políticos, agentes sociales y sociedad civil participaron en una sucesión de actos que comenzaron con la ceremonia de Distinciones de la Generalitat en el Palau gótico de la plaza de Manises y tuvo seguimiento con una procesión cívica por las calles de la capital regional, además de otras actividades.

La festividad proporciona también la ocasión de hacer balance y analizar la salud económico-social del territorio y las personas que lo habitan. La autonomía valenciana ha dejado atrás los peores años de la crisis y ha mejorado en términos de empleo y bienestar. Pero los nubarrones que comienzan a asomar de nuevo sobre el horizonte, con el cambio de ciclo a la vista y el Brexit y la guerra comercial golpeando las previsiones de las principales instituciones económicas, pueden hacer mella en una región que arrastra problemas estructurales muy ligados a déficits de competitividad.

Son muchos los indicadores que contradicen el mito del ‘Levante feliz’ y deberían poner en alerta a los gestores públicos

Son muchos los indicadores que contradicen el mito del ‘Levante feliz’ y que tienen la suficiente trascendencia como para poner en alerta a sus gestores públicos. La cuarta economía regional española, con un Producto Interior Bruto (PIB) absoluto anual de más de 112.000 millones de euros, ocupa en realidad el quinto puesto por la cola en riqueza por habitante, por delante de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Lo sorprendente es que, en lo que va de siglo XXI, la Comunidad Valenciana, lejos de converger económicamente con el resto de España, ha ido divergiendo, y mucho. Su PIB per cápita en el año 2000 se situaba en un meritorio 95,3 con respecto al índice 100 de España. En 2018 cerró con 7,7 puntos menos. Es un declive lento, por goteo, aparentemente imperceptible en una sociedad con tanta tendencia a la autocrítica como al optimismo hedonista. Pero la realidad es la que es. Los valencianos tienen un problema. La distancia con las regiones ricas empieza a ser sideral. Entre Madrid (135,1) y Valencia (87,6) hay nada menos que 47,5 puntos de diferencia, según los indicadores de Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2018.

Pese a acumular crecimientos continuados del PIB en términos absolutos, incluso por encima de la media española algunos ejercicios, la economía regional hace perder valor: los valencianos son cada vez más desiguales con respecto al resto de españoles. La contabilidad regional del INE refleja que ni siquiera en los años de la burbuja inmobiliaria mejoró posiciones. El ladrillo hizo rico a algunos, pero no contribuyó a una sociedad más justa.

La desigualdad regional es un fenómeno que ha comenzado a ser estudiado en profundidad por los académicos. El debate ya está en los medios de comunicación. No es casual que algunos populismos hayan encontrado muchos de sus caladeros en territorios que se han visto relegados en su propio país o que perciben que no forman parte de la locomotora y han terminado en el furgón de cola. Donald Trump o el Brexit en el Reino Unido encontraron mucho respaldo en el cinturón industrial de Estados Unidos o el norte de Inglaterra, respectivamente, zonas antaño prósperas y dinámicas y hoy abocadas al declive como consecuencia de la globalización.

“Desde mitad del siglo XX se va conformando, no obstante, una estructura cada vez más bimodal o polarizada, lo cual indica la existencia de un considerable número de regiones que tienen niveles de renta por encima de la media frente a otras que se agrupan en valores marcadamente inferiores a esta. Es decir, desde los años ochenta, el aumento de la desigualdad ha venido acompañado por un reforzamiento de la polarización”, señalan Alfonso Díez-Minguela, Julio Martinez-Galarraga y Daniel A. Tirado-Fabregat en su trabajo ‘El Final de la convergencia en España”, publicado en el portal de economía ‘Nada es Gratis’.

“La Comunidad Valenciana ha quedado fuera del mísero proceso de convergencia de la renta por habitante regional que ha tenido lugar entre 1955 y 2016. Al contrario: ha divergido. Al inicio del período, estaba un diez por ciento por encima de la media española. Hoy está un quince por ciento debajo de ella”, señala el profesor Jordi Palafox citando trabajos estadísticos elaborados por Ángel de la Fuente para BBVA Research.

Circunscribir a la financiación autonómica la progresiva divergencia valenciana en riqueza por habitante con respecto a España es reduccionista

Una parte de la explicación hay que buscarla en la escasa aportación del sector público a la economía regional. Castigada por el actual modelo de financiación autonómica, la Comunidad Valenciana es una de las autonomías con menor gasto público per cápita y con una de los ratios más bajos en empleados públicos sobre población. Líderes políticos regionales de todos los partidos, asociaciones empresariales, sindicatos y sociedad civil están alineados en la reivindicación de un nuevo sistema de reparto que haga justicia con la contribución fiscal de la autonomía al conjunto del Estado [es contribuyente neta pese a estar en el grupo de regiones pobres], que alivie la tendencia desbocada al endeudamiento con la Administración central derivada de la insuficiencia de ingresos y que permita elevar inversiones y calidad de servicios públicos.

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La reforma, que depende de consensos territoriales y entre los grandes grupos políticos, sigue bloqueada. Tanto el presidente en funciones, Pedro Sánchez, como el candidato del Partido Popular, Pablo Casado, han prometido acometerla en la próxima legislatura. Pero en Valencia hace tiempo que esos compromisos se reciben con incredulidad. “La paciencia tiene un límite”, señalaba este miércoles Ximo Puig en su discurso con motivo del acto solemne celebrado en el Palau de la Generalitat. “De una vez por todas, España necesita asumir que las singularidades son una riqueza, y que la igualdad real entre personas constituye el único camino para un proyecto en común. De ese entendimiento, de ese acuerdo, depende nuestro futuro y el de las próximas generaciones”, añadía. De ese malestar surgen las críticas a las autonomías que, como Madrid, disfrutan de ventajas como el ‘efecto capital’ y pueden permitirse reducir impuestos. “Resulta intolerable que algunos territorios de España aplican un ‘dumping’ fiscal que, en la práctica, permite la aparición de paraísos fiscales dentro de nuestro Estado”, añadía el ‘president’ valenciano, que tildaba de “antipatrióticas” esas rebajas tributarias.

Es un declive lento, por goteo, aparentemente imperceptible en una sociedad con tanta tendencia a la autocrítica como al optimismo hedonista

Pero circunscribir a la financiación autonómica la progresiva divergencia valenciana en riqueza por habitante con respecto a España sería reduccionista y falsario. El problema es mucho más profundo y estructural y tiene que ver con el tan manido modelo económico. La Comunidad Valenciana, como ocurre con muchos otros territorios españoles, está teniendo dificultades para atrapar y conservar las actividades de mayor valor añadido. Llama la atención que otras autonomías como Canarias o Baleares, con un peso importante del sector del turismo en su composición económica, también se hayan distanciado en términos de convergencia en lo que va de siglo. El ‘petróleo español’, como algunos califican al turismo, es intensivo en empleo, pero su naturaleza salarial y el modelo de precios asequibles para competir con otros destinos masivos del Mediterráneo no aportan suficiente valor a la renta per cápita. El círculo es perverso: salarios bajos no se traducen en mejora de la productividad.

Como está ocurriendo en otras zonas del país, muchos jóvenes profesionales formados en las universidades públicas valencianas terminan por emigrar a Madrid para encontrar empleos acordes a su cualificación, incluso aunque ello implique perder calidad de vida por el mayor esfuerzo que deben hacer en costear su vivienda o en tiempo perdido en sus desplazamientos al puesto de trabajo.

Jordi Palafox, autor del libro 'Cuatro vientos en contra: el porvenir económico de España’ (Pasado&Presente), es muy crítico con el enfoque que la Administración regional hace de los recursos repartidos para la promoción del tejido económico. Reprocha, además, la fuerte influencia que ejercen sobre esas políticas los lobbies empresariales regionales, muy enfocados hacia las actividades logísticas [El Corredor Mediterráneo es la principal reivindicación de la Asociación Valenciana de Empresarios, por ejemplo] y no tanto a la atracción de nuevas actividades de mayor valor, como el terciario avanzado o las industrias tecnológicas. .

“Sería posible argumentar con rigor acerca de las nefastas implicaciones que puede estar teniendo la combinación entre la revolución tecnológica asociada a la globalización y las políticas económicas de la Generalidad Valenciana aferradas al conservadurismo de defender casi en exclusiva lo que existe (grandes infraestructuras, manufactura tradicional, construcción, turismo y hostelería) y olvidando, o si se prefiere situando en un plano muy secundario, el fomentar que se desarrolle también entre nosotros, aquellas actividades que son el futuro (los servicios del terciario avanzado)”, señalaba recientemente Palafox en un artículo publicado en ‘eldiario’.