dice que la uco investigó sin autorización

Zaplana considera ilegal la prueba que inició su causa y reclama la nulidad de todo el caso

La defensa del exministro sostiene que la UCO hizo una "investigación prospectiva" sin autorización a partir del hallazgo de los papeles que entregó un empresario sirio a Marcos Benavent

Foto: Eduardo Zaplana, uno de los días que fue a firmar al juzgado tras quedar en libertad. (EFE)
Eduardo Zaplana, uno de los días que fue a firmar al juzgado tras quedar en libertad. (EFE)

La defensa del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha presentado un recurso contra el auto de apertura de diligencias previas del 'caso Erial', en el que alega infracción de derechos fundamentales porque sostiene que la Guardia Civil investigó durante cinco meses y medio a raíz de la incautación de la documentación conocida como 'hoja de ruta', surgida dentro de la causa de Imelsa y del 'yonki del dinero', sin que el juez de este último proceso acordara esa ampliación de las pesquisas.

El abogado del expresidente valenciano, el exfiscal Daniel Campos, presentó el recurso tras el levantamiento del secreto de sumario de la causa, en la que está investigado Zaplana, y en la que figura un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que cifra en 10,5 millones euros el montante total de los presuntos sobornos recibidos por las adjudicaciones supuestamente "amañadas" del Plan Eólico Valenciano y de las ITV, que recayeron en sociedades familiares de los Cotino.

En el recurso, la defensa del exministro del Gobierno de José María Aznar se refiere a los papeles 'hoja de ruta' que acabaron en poder del exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, y que la Guardia Civil encontró en un despacho de abogados durante los registros por este último caso, que instruye al Juzgado de Instrucción número 18 de València.

Eduardo Zaplana, cuando fue detenido por agentes de la Guardia Civil en mayo del año pasado. (EFE)
Eduardo Zaplana, cuando fue detenido por agentes de la Guardia Civil en mayo del año pasado. (EFE)

Según el documento, tras recabar esta documentación, la Guardia Civil procedió a investigar estos hechos durante más de cinco meses sin que el Juzgado de Instrucción 18 decidiera formalmente ampliar la investigación por los hechos reflejados en esos documentos, y de los que finalmente se hizo cargo el Juzgado de Instrucción 8. "No hay por tanto un hallazgo casual. Hay una investigación prospectiva que se sigue durante casi seis meses, sin cobertura jurídica alguna, a partir de unos documentos que se incautan, igualmente sin cobertura jurídica, en la entrada y registro del despacho de abogados que tiene lugar el 1 de junio de 2015", señala el escrito, al que tuvo acceso El Confidencial. En él, se afima que estos documentos no formaban parte del caso Imelsa, que se investigaba en el juzgado 18, y por tanto no debieron ser incautados.

La defensa del expresidente de la Generalitat se basa en este supuesto defecto procesal para pedir la nulidad del auto de apertura de diligencias de la causa por una presunta infracción de derechos fundamentales.

Además, desde el entorno del expresidente denuncian que algunos de los papeles que habría hallado el imán sirio en un sobre junto a una caja fuerte en una vivienda que con anterioridad había pertenecido a Zaplana, que acabaron en poder de Benavent y que habrían sido el origen de la investigación de la 'operación Erial', están fechados tiempo después de que el exministro hubiera vendido el inmueble.

En concreto, se refieren a dos documentos, un artículo de un diario económico cuya fecha de impresión era el 3 de noviembre de 2009 y un escrito con un balance económico depositado del año 2006 que teóricamente habría sido aprobado en el ejercicio de 2007, mientras que Zaplana vendió este piso el 18 de diciembre de 2006.

El exministro y sus dos presuntos testaferros -Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM- quedaron en libertad el pasado 7 de febrero después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora "minimiza" el riesgo de fuga.

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