Anticorrupción destapa un desfalco de 24M en Sagunto que salpica a Aguas de Valencia

Una nueva intervención policial de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción ha puesto al descubierto la presunta malversación de 24 millones de euros en el proceso de privatización del servicio de gestión de agua potable en el Ayuntamiento de Sagunto (Valencia). En el marco de la operación Flotador, una causa abierta en un juzgado de instrucción de la misma localidad, agentes de la Policía han detenidos a siete personas en Valencia (3), Bétera (1), Sagunto (1), en la localidad leridana de Torrefarrrera (1) y en la murciana Archena (1) por su presunta participación en delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Entre los detenidos, para los que la juez instructora decretó libertad provisional con medidas cautelares, hay un concejal, una exconcejala, y el que fue interventor municipal, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano. También resultó detenido el exdirector general de Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla, según otras fuebtes consultadas por El Confidencial.

Según informó el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía, la investigación deriva de unas presuntas irregularidades en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sagunto para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión del ciclo integral del agua en este municipio de la comarca valenciana de Camp de Morvedre. Como consecuencia del desarrollo y ejecución del concurso de selección del socio privado, se constituyó en el año 2009 la sociedad mixta Aigües de Sagunt cuyos socios participativos son el consistorio saguntino (51%) y la compañía Aguas de Valencia (49%), que resultó adjudicataria de la licitación.

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La cantidad presuntamente malversada podría ascender a 24 millones de euros, cifra que se corresponde con la valoración económica de la concesión del agua, obrante en el expediente del concurso de selección del Ayuntamiento de Sagunto. Esta es la cifra que, a juicio de los investigadores, debió ser el importe recibido en las arcas municipales. Sin embargo, la situación económica del Ayuntamiento de Sagunto, derivada del expediente para la adjudicación de la concesión del agua y cuya gestión corresponde a Aigües de Sagunt se materializó en la existencia de un préstamo participativo de aproximadamente 12,5 millones euros a favor de Aguas de Valencia, y en la ausencia de ingreso del importe restante hasta los 24 millones de euros antes citados, lo que habría dado lugar a la malversación, según las fuentes policiales.

La operación Flotador se inició en octubre de 2016 con una primera intervención de la UDEF en el consistorio saguntino tras unas diligencias abiertas en agosto de 2015 por una denuncia de la Fiscalía de Valencia, a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas. Los agentes requisaron entonces documentación y expedientes relativos a la etapa de gestión en la que fue alcalde Alfredo Castelló, hoy diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Además del expediente de Aigües de Sagunt, los investigadores requisaron facturas y papeles relativos a contratos con otras sociedades contratistas como Pavasal, Imesapi y Sice, las dos últimas de la ACS de Florentino Pérez. Fuentes conocedoras de las pesquisas señalan a El Confidencial que los registros alcanzaron también a los servicios centrales de Aguas de Valencia en Valencia, donde los agentes consultaron documentación de las empresa propiedad de la familia Calabuig.

En la causa principal están siendo investigadas doce personas físicas, concejales y exconcejales de Sagunto, y seis personas jurídicas, por el presunto fraccionamiento de contratos a favor de diferentes empresas, informaron desde el TSJ. Además, en otra de las piezas separadas ya han sido encausados y están pendientes de juicio el exjefe del Departamento del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento de Sagunto (que había sido alcalde antes y ocupó con posterioridad el cargo de concejal) y cuatro técnicos de ese área por el uso irregular de una partida económica destinada a la renovación de uniformes oficiales.