Boicot a empresas y demandas pro-Israel: así se libra en España el conflicto palestino

El pasado mes de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento autonómico valenciano aprobó una proposición no de ley de condena a las agresiones y violaciones de derechos humanos contra los palestinos en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania por parte del Estado de Israel. El texto, que recordaba los sucesos ocurridos en marzo cuando más de 100 personas perdieron la vida en la Franja de Gaza en los enfrentamientos con el ejercito israelí, salió adelante con los votos de PSOE, Podemos y Compromís, cuyo diputado Josep Nadal fue el promotor de la iniciativa. Inspirada en el manifiesto Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI), la proposición siguió la estela de decenas de escritos similares aprobados por diputaciones y ayuntamientos de toda España en el marco de la campaña organizada por Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), un movimiento internacional que se autodefine “contra la ocupación israelí de Palestina”.

Entre otras cuestiones, la PNL aprobada en las Cortes Valencianas incorporó una petición al Gobierno central para poner en cuestión la presencia de España en el festival de Eurovisión, que el año próximo se celebra en Israel y que el actual presidente Benjamin Netanyahu pretendía ubicar en Jerusalén. Además, incluyó un apartado en el que se instaba al Consell valenciano a “priorizar acuerdos, convenios o contrataciones con empresas que respetan los derechos humanos y que no obtengan beneficios de violaciones de derecho internacional o derechos humanos”. Pero el texto matizaba que esta ‘priorización’ debía hacerse desde el “respeto a las normas vigentes en el ámbito de la contratación pública”.

ACOM ha logrado tumbar en los tribunales 40 mociones contra la ocupación de Palestina por el boicot a las empresas israelíes, la última este mes

Ese último apunte ha librado a los grupos promotores de la PNL de ser denunciados por discriminación y vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. “Decidimos enmendar el texto inicial y avisamos de que si no se modificaba no votaríamos a favor. Somos solidarios con la causa palestina, pero ni los ciudadanos israelíes ni las empresas israelíes tienen por qué pagar lo que está pasando. Israel es una democracia con sus defectos y sus virtudes”, señalan fuentes del grupo parlamentario socialista consultadas por El Confidencial.

El texto original enmendado replicaba un manifiesto estándar que DBS ha logrado someter a votación en los plenarios de multitud de ayuntamientos o diputaciones con respaldo de Podemos, Izquierda Unida o, en la Comunidad Valenciana, Compromís. En él, las corporaciones públicas se comprometen a no contratar o suscribir acuerdos comerciales, educativos, deportivos con empresas de origen israelí que no reconozcan los derechos del pueblo palestino. BDS, que fue protagonista en 2015 por alentar el boicot contra el cantante Matisyahu en el festival Rototom de Benicássim, dice inspirarse en los movimientos de sanción económica a Sudáfrica durante los años de ‘apartheid’, pero los tribunales han advertido de que este tipo de limitaciones en la contratación por razones de nacimiento o ideológicas son ilegales.

"Muchas veces, la etiqueta ‘fabricado en Israel’ es utilizada por productores y exportadores israelíes en fraude de ley", sostiene el movimiento BDS

Un buen puñado de instituciones ha visto cómo los tribunales suspendían, anulaban o dejaban sin efecto las mociones. En enero del año pasado, un juzgado de primera instancia de Valencia tumbaba una moción del consistorio de Xeraco alertando de que “obligar a terceros particulares a posicionarse públicamente en relación a cuestiones propias de política y legalidad internacional en las que no tienen obligación alguna de tomar postura o expresarse violenta su libertad ideológica, no ya a estar en contra, sino siquiera a no tomar partido”. Un argumento muy parecido se dio por el Juzgado de lo Contencioso número 5 de Valencia por una moción de Catarroja en junio del año pasado. El fallo, similar al de otros tribunales en Asturias, Cataluña o Andalucía, se fundamenta en la vulneración de varios artículos de la Constitución Española, entre ellos el 14, que impide discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En todos estos casos hay una denuncia por la vía del contencioso-administrativo de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una organización proisraelí respaldada por profesionales y empresarios judíos en la que participan inversores como David Hatchwell, presidente de la Comunidad Judía de Madrid y magnate del capital hebreo en España. ACOM ha convertido la batalla contra las mociones de BDS en el eje de su actividad. Asegura haber anulado más de cuarenta entre el casi centenar de instituciones adheridas al llamado Espacio Libre de Apartheid Israelí en todo el país. La última de sus victorias judiciales, hace apenas unas semanas, fue la suspensión cautelar de una moción de BDS aprobada por el Ayuntamiento de San Vicent del Raspeig.

La asociación trata de frenar las mociones antes de que sean aprobadas poniéndose en contacto con los grupos promotores o alcaldes. Si no logra su objetivo, inicia la vía del contencioso. Sin embargo, en algunos casos, el procedimiento se torna penal, como la querella interpuesta contra el alcalde de Tavernes de la Valldigna, Jordi Juan, de Compromís, y otros 11 concejales por prevaricación después de que decidiesen seguir adelante con el texto del movimiento DBS pese a haber dado marcha atrás tras un primer recurso. La amenaza de demanda también se ha lanzado contra los grupos que gobiernan el Ayuntamiento de Valencia, cuya concejala de Participación, Neus Fàbregas (Podemos), organizó recientemente un encuentro de pueblos autodeclarados libres de 'apartheid' israelí.

ACOM no hace ninguna valoración crítica sobre el papel del Estado de Israel en el conflicto con los palestinos. Ángel Mas, un economista español de religión judía que trabaja como directivo de una aseguradora, preside la asociación, que define como “una voz española en favor de las buenas relaciones entre Israel y España”. La entidad, que mantiene conexiones con el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, ha colaborado incluso en desplazar periodistas españoles al país de Oriente Medio para sensibilizarlos con la posición israelí en el conflicto con los palestinos. Realiza una clara labor de ‘lobby’ en favor de la imagen del estado israelí. A juicio de Mas, tras la campaña de BDS hay una motivación religiosa y discriminatoria hacia el pueblo judío. Acusa a los promotores de las mociones de promover el “antisemitismo” y el odio hacia los judíos. Para ACOM antisionismo es sinónimo de antisemitismo.

"BDS se dedica a intentar discriminar a ciudadanos como yo, a intentar discriminarme en mi propio país", dice el presidente de ACOM, Ángel Mas

Mas asegura que BDS tiene vinculaciones con “movimientos extremistas” y que defiende una “agenda discriminatoria”. “Viven de subvenciones públicas. Lo hacen sobre la base de que van a usarlas para defender los derechos humanos, pero las usan para tener una serie de liberados que se dedican a intentar discriminar a ciudadanos como yo, a intentar discriminarme en mi propio país”, señala sobre su confesión judía. El presidente de ACOM sostiene además que BDS no reconoce el Estado de Israel y que trata de negar su existencia.

Por su parte, el movimiento de boicot y sanciones a Israel explica en sus comunicaciones oficiales que su campaña persigue tres objetivos: 1) El fin de la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y Franja de Gaza, ocupados por Israel en 1967. 2) El derecho al retorno de los 7,5 millones de refugiados y refugiadas palestinas que no pueden volver a Palestina. Y 3) El reconocimiento de la igualdad de la ciudadanía árabe-palestina dentro de Israel.

Y, además, defiende la lógica de su campaña en favor de las sanciones económicas a empresas de capital hebrero, cuestionada por la Justicia española. “En Europa, las empresas productoras, mayoristas e importadoras tienen la obligación de informar a los comerciantes sobre el lugar de origen de los productos. Muchas veces, la etiqueta ‘fabricado en Israel’ es utilizada por productores y exportadores israelíes en fraude de ley, para comercializar productos fabricados o cultivados en las colonias israelíes en territorio palestino ocupado. La economía israelí se construye sobre la base de negar la economía palestina”.

En cualquier caso, ACOM está logrando frenar mociones incluso antes de que sean aprobadas. Un alcalde de Compromís de un ayuntamiento contactado por la asociación para que retirase el texto confiesa a El Confidencial que paralizó la iniciativa del pleno tras estudiarla en profundidad. “Igual que no comparto que se discrimine a los palestinos tampoco puedo compartir que se discrimine a los israelíes. Por eso no seguimos con la moción”, señala.