efecto arrastre sobre el pp valenciano

La pesada herencia de Rita: nueve de los 10 concejales del PP en Valencia caerán con ella

Los populares mantienen en el cargo a nueve de sus 10 ediles de Valencia, investigados por blanqueo, a la espera de ver qué pasa con la exalcaldesa. Si ella cae, caerán todos en dominó

Foto: Isabel Bonig, Cospedal, Alberto Fabra y Rita Barberá, en 2015. (EFE)
Isabel Bonig, Cospedal, Alberto Fabra y Rita Barberá, en 2015. (EFE)

Cuando Albert Rivera pulsó en el Congreso el botón con el sí a la reelección del presidente en funciones el pasado 31 de agosto, no le importó que nueve de 10 concejales del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia mantuviesen el cargo y el sueldo pese a tener la condición de investigados (imputados) en la causa por blanqueo de capitales y delito electoral que instruye el juez Víctor Gómez en la Ciudad de la Justicia. Han escapado hasta ahora al pacto anticorrupción firmado entre el PP y Ciudadanos para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Su futuro político sigue en el aire a la espera de saber qué ocurre con la que era su superior, la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuya renuncia sí exige el líder de Ciudadanos para mantener su respaldo al presidente en funciones en una hipotética nueva investidura.

La pesada herencia de Rita: nueve de los 10 concejales del PP en Valencia caerán con ella

La dirección nacional del Partido Popular los ha suspendido cautelarmente de militancia y ha abierto un expediente informativo sobre su caso, al igual que con Barberá y varios asesores populares del consistorio. Pero no ha forzado su renuncia al puesto como representantes del PP en el grupo municipal. Tampoco les ha pedido el acta. La presidenta regional interina, Isabel Bonig, despejó su situación remitiéndose al expediente que tramita la comisión de derechos y garantías en Génova y pactó congelar su posición hasta conocer el futuro de 'la jefa'.

Luis Santamaría, cuando fue elegido presidente de la gestora del PP en la ciudad de Valencia. (EFE)
Luis Santamaría, cuando fue elegido presidente de la gestora del PP en la ciudad de Valencia. (EFE)

La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de abrir una causa por blanqueo contra la senadora, el primer paso hacia su imputación (investigación formal), eleva la presión sobre todos ellos. Si la exalcaldesa dimite, como reclaman cada vez más cuadros nacionales y regionales de la formación de la gaviota, se producirá un efecto dominó que llevará al PP a forzar la salida de los nueve concejales del grupo municipal. Lo normal sería que saliesen del consistorio. Pero algunos de ellos ya han advertido de que no renunciarán al acta y se quedarán en el grupo mixto. Entre los investigados están María Ángeles Ramón-Llin, Félix Crespo, Alberto Mendoza, Cristóbal Grau, Vicente Igual, Beatriz Simón o Lourdes Bernal.

Todo esto supone un grave problema para el PP, porque puede ver muy minada su representación y su papel de oposición en la tercera capital de España, una ciudad que hace apenas año y medio gobernaba con mayoría absoluta. Cuantos más ediles se rebelen y se agarren a su escaño municipal, menos correrá la lista de los comicios de mayo de 2015 para poder regenerar el grupo y la acción política en la ciudad, clave también pare recuperar el poder autonómico. Actualmente, el partido lo dirige en la ciudad una gestora comandada por Luis Santamaría, después de que dimitiese el presidente local, Alfonso Novo, tras estallar el caso del blanqueo de capitales.

Algunos concejales han advertido de que se irán al mixto y no renunciarán al acta si el partido los expulsa del grupo municipal

Paradójicamente, altos dirigentes del PP valenciano tienen algunas esperanzas depositadas en el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que podría ‘castigar’ a los ediles díscolos retirándoles el sueldo, una facultad que tiene como primer edil. “En ese caso, es seguro que muchos abandonarían”, afirman fuentes populares.

En cualquier caso, y pese a que las direcciones nacional y regional tienen ya pactado forzar la dimisión de Barberá cuando sea declarada investigada, oficialmente dirigentes del PP lanzaban ayer el mensaje de que no hay juicio oral abierto y que, por tanto, en puridad, los estatutos de la formación de la gaviota no permiten la expulsión. De momento, Barberá guarda silencio, a resguardo de la presión mediática. Aparentemente, el tiempo corre en su contra, vista la evolución judicial de su causa.

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