El bloqueo del Gobierno demora sine die la nueva financiación que pide el Mediterráneo

La puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica que reclaman autonomías como Valencia, Baleares, Murcia o también sectores de Cataluña tendrá que esperar. El bloqueo en la investidura de un nuevo presidente y la probable repetición de las elecciones generales aleja la posibilidad de avanzar este año en la negociación de un sistema de reparto de los recursos del Estado que contente a los territorios que se consideran agraviados, la mayor parte de ellos ubicados en el Mediterráneo español. Debido a la presión ejercida desde estas autonomías, el propio Mariano Rajoy se comprometió a abordar la reforma de la financiación en el primer trimestre de 2016, algo que ya es completamente inviable visto el desacuerdo entre las distintas formaciones políticas incluso para elegir un primer ministro.

El debate es importante porque está entrelazado además con el del modelo territorial. Hay voces en Cataluña que creen que un pacto fiscal o un reequilibrio de recursos a nivel territorial aliviaría la tensión soberanista. De hecho, las insuficiencias financieras forman parte del argumentario básico de los independentistas, incluso por encima de las cuestiones identitarias.

Pese a que el debate fiscal y económico territorial sigue en las agendas no será probablemente hasta final de año o 2017 cuando se aborde con medidas concretas. Esto dificulta, por ejemplo, la posición de la Comunidad Valenciana que ha fiado 1.300 millones de ingresos de su presupuesto de 2016 a una mejora de su capacidad financiera derivada de la puesta en marcha de un reparto distinto. Si este dinero no llega, será my difícil, por no decir imposible, que la Generalitat cumpla con los objetivos de déficit del 0,3 % que marcó el ministro de Hacienda en funciones, Cristobal Montoro, para las autonomías. “No queremos esperar a 2017 para comenzar hablar del tema con Madrid”, ha señalado este martes Puig tres reunirse en el Palau de la Generalitat con diputados y senadores de todos los partidos para tratar de mostrar una posición “unánime y cohesionada” en torno a lo que en la autonomía se ha dado en llamar “el problema valenciano”.

El cumplimiento del presupuesto de la Generalitat valenciana depende de 1.300 millones de ingresos de una nueva financiación que, de momento, no llega

El consenso es total en los distintos partidos en la Comunidad Valenciana. Ayer Puig recabó el respaldo de la presidenta regional de los populares valencianos, Isabel Bonig, en un encuentro en el que aparcaron sus diferencias para trazar una estrategia conjunta. Hoy ha sido el expresidente Alberto Fabra el que no ha dudado en hacerse la foto con el dirigente socialista y su conseller de Hacienda, Vicent Soler, para mostrar su compromiso con la causa de la financiación.

Del mismo modo, el cabeza de lista por Valencia de Ciudadanos, Vicente Ten, ha señalado que su partido “apuesta por un nuevo sistema de financiación autonómica que corrija los desequilibrios y garantice la igualdad entre ciudadanos”. “La negociación debe empezar de manera inmediata cuando se establezca el nuevo Gobierno y en absoluto estamos dando por perdido este año y, por eso, estamos trabajando para estar en la mejor posición posible”, ha insistido Puig.

A la cita en el Palau han faltado pocos parlamentarios. También han estado los de Compromís y Podemos. Se ha ausentado la senadora Rita Barberá, que sigue semi enclaustrada en casa a la espera de que el fiscal y el juez pongan en marcha los suplicatorios para investigarla oficialmente por las causas que afectan al Partido Popular en las que hay indicios en su contra.

Los territorios del interior de España también quieren más recursos para compensar la "despoblación".

Sin embargo, el melón de la financiación no será un bocado dulce de digerir cuando se abra. Todas las autonomías se creen con derecho a recibir más dinero o, al menos, a no perderlo. Este mismo lunes, representantes de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura reclamaban en un encuentro en Valladolid que la negociación de la reforma del sistema de financiación tuviese en cuenta el problema de la “despoblación” de zonas rurales. Justo lo contrario que los territorios del Mediterráneo, que sostienen que el saldo de trasferencias con el Estado no tiene en cuenta sus niveles de población y esto repercute sobre la calidad de los servicios básicos que se prestan.

Para evitar este enfrentamiento entre comunidades, hay voces como la del conseller valenciano de Hacienda, Vicent Soler, o el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Francisco Pérez, que apuestan por meter en el debate “toda la tarta”, es decir, también el dinero que ahora maneja en exclusiva el Gobierno central. De esta forma, la fórmula que se plantea para evitar agravios es que sea la Administración Central la que ceda recursos optimizando sus gastos como han hecho muchas autonomías con los recortes impuestos desde Bruselas.