La banca española tiene miles de pisos okupados que no puede rentabilizar

No son viviendas en las que residen personas que han dejado de pagar su hipoteca. Son pisos en los que alguien ha pegado una patada en la puerta y ha decidido fijar su residencia sin más, bien por necesidad económica, bien porque abona un alquiler a alguien que no es su verdadero propietario o, sencillamente, porque su corpus ideológico le impide aceptar que existan inmuebles vacíos y decida rellenar el espacio por convicción. Son lo que la jerga interna de las entidades financieras ha comenzado a denominar pisos okupas, con 'k'. Y su gestión se ha convertido en un quebradero de cabeza para los bancos, principalmente los que han tenido que recibir ayudas públicas, y también para la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Banca (Sareb).

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Es difícil cuantificar cuántos inmuebles tienen en su poder los bancos con esta singularidad. Bankia, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, admite en su balance cerca de 4.000 pisos repartidos por toda España en situación de okupados. En su mayoría proceden de ejecuciones hipotecarias o promociones nuevas de constructoras que no pudieron devolver sus préstamos. El grueso de los activos inmobiliarios (promociones y préstamos) se trasladó a la Sareb por valor de más de 22.000 millones de euros en 2012. Pero el banco procedente de la fusión de Caja Madrid y Bancaja aún tiene en cartera un número ingente de viviendas, que además son las de menor valor (Sareb excluyó las tasadas entonces por debajo de 250.000 euros). “Ha habido casos en que hemos rehabilitado pisos para alquilarlos y venderlos y cuando ya estaban arreglados, se ha colado gente”, sostienen desde Bankia, admitiendo la dificultad de gestionar esas situaciones cuando hay familias necesitadas de por medio.

“Nosotros lo primero que hacemos es denunciar. Es nuestra obligación. Hay que tener en cuenta que algunas veces son pisos que no tienen ni siquiera cédula de habitabilidad o primera ocupación”, explican desde la Sareb. El banco malo no lanza una cifra concreta pero reconoce el problema. Su solución pasa por tratar de entregar mediante la firma de convenios estos inmuebles a las comunidades autónomas o a los servicios sociales de grandes municipios para que se hagan cargo de su gestión a cambio de recibir un alquiler social. Un ejemplo: de las 900 viviendas que Sareb ha entregado a la Generalitat de Cataluña, más del 20% tiene ocupantes en su interior que no pagaban ninguna renta. “No es nuestra labor buscar una solución a esto; nosotros cedemos el usufructo a quienes tienen las competencias”.

La Sareb admite el problema: “Lo primero que hacemos es denunciar; es nuestra obligación“

El banco malo ha suscrito este tipo de acuerdos con un buen número de autonomías (Galicia, País Vasco, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León o la ya citada Cataluña). En todos los casos, el paquete de pisos entregados para vivienda social incluía okupas. Con la Comunidad Valenciana está en fase de negociación para ceder unos 200 pisos. También en Murcia se está ultimando un pacto. Se trata de convenios que tarde o temprano tendrán que finalizar. Hay que tener en cuenta que la misión de la Sareb es deshacerse de todos sus activos antes de 2027.

La firma de acuerdos es la vía que también intenta poner en práctica el Banco de Sabadell. La entidad que preside Josep Oliu no ofrece un número concreto de pisos okupados. Habla de “casos puntuales”, pero el número podría superar los varios centenares, en su mayor parte repartidos por la Comunidad Valenciana y Madrid, procedentes de la antigua Caja Mediterráneo, pero también en Cataluña. “Nosotros intentamos buscar soluciones para nuestros clientes, pero para estos casos tratamos de llegar a acuerdos con ayuntamientos. Hay que detectar y analizar bien el problema porque hay desde familias que están buscando un sitio donde vivir hasta listillos y mafietas”.

“Hay desde familias que están buscando un sitio para vivir hasta listillos y mafietas“, dicen desde el Sabadell

Desde esta entidad ponen como ejemplo de caso problemático el de un bloque entero de viviendas de su propiedad en Figueres en el que hasta 36 efectivos policiales de Mossos, Guardia Urbana y Brigada Municipal tuvieron que intervenir la semana pasada para desalojar a un buen número de ocupantes, legalizar los suministros de agua y luz y garantizar la seguridad de los habitantes legales. Se trata de un edificio que se construyó en 2007 dentro de un proyecto de cooperación para atender a personas con problemas económicos. Sin embargo, la iniciativa embarrancó y se produjo una ocupación ilegal que impedía su gestión. Tras la intervención policial, el Sabadell tiene previsto ejecutar la hipoteca y ceder el inmueble al ayuntamiento.

Sin embargo, la relación con las administraciones no siempre es cordial y en sintonía. La 'consellera' de Vivienda de la Generalitat valenciana, María José Salvador, ha criticado esta semana que entidades como Bankia o Sabadell se hayan negado a firmar un protocolo antidesahucios en espera de la aprobación de la futura Ley por la Función Social de la Vivienda. Al igual que en Cataluña o Andalucía, esta ley pretende establecer sanciones a aquellas entidades que tengan viviendas vacías y no las ponga a disposición de la Administración para alquileres sociales. “Las entidades financieras que han recibido rescate público deben asumir una responsabilidad social para frenar los desahucios”.

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Pero muchos bancos no terminan de ver claro este posicionamiento político, precisamente porque una moratoria total en los desahucios les impediría hacer desalojos en pisos ocupados de forma ilegal. Y no hay que olvidar además que su intención es tratar de rentabilizar en cuanto puedan todos esos activos. “Hay mucha demagogia y desconocimiento”, se afirma desde una de las entidades que han recibido ayudas públicas. No obstante, desde la Sareb se admite que a la hora de ceder inmuebles a las administraciones para su uso social, los bancos son “mucho más exigentes” y ponen más condiciones.

La Obra Social de la PAH

Otro fenómeno que está comenzando a consolidarse es el de las ocupaciones organizadas y planificadas en forma de protesta. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha puesto en marcha lo que denomina Obra Social (emulando las obras sociales de las antiguas cajas de ahorros ya casi desaparecidas).

La PAH ha ocupado bloques enteros en Madrid (uno el pasado mes de febrero en Vallecas, de la Sareb), Andalucía o Cataluña. Los entrega a familias con pocos recursos y solicita a las entidades propietarias que regularicen la situación de los ocupantes a través de alquileres sociales. Entre sus 'víctimas' están Bankia, Sabadell o el BBVA. Según la propia PAH, ya tiene ocupados una treintena de bloques y numerosos pisos vacíos sueltos por diversos puntos de España. Esta plataforma alega que hay infinidad de viviendas vacías de los bancos al tiempo que muchas familias no pueden acceder a un inmueble.