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La suspensión de las catalanas sume la Generalitat en el caos político y jurídico
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76 partidos con derechos vulnerados

La suspensión de las catalanas sume la Generalitat en el caos político y jurídico

Una consecuencia del aplazamiento sería la interrupción total de los procesos ya iniciados, como el del voto por correo. Cuanto se sepa la nueva fecha, habrá que empezar desde cero

Foto: Miquel Iceta (d) conversa con los diputados de ERC Sergi Sabrià (i) y Josep Maria Jové (c), durante la sesión de la Diputación Permanente del Parlament. (EFE)
Miquel Iceta (d) conversa con los diputados de ERC Sergi Sabrià (i) y Josep Maria Jové (c), durante la sesión de la Diputación Permanente del Parlament. (EFE)

El redactado legal del decreto de convocatoria del 14-F, en el que hay que basarse para el nuevo decreto de desconvocatoria, no prevé el aplazamiento sino la anulación. Literalmente: "Dejar sin efecto esta convocatoria". Eso implica: nuevas listas, nuevas recogidas de firmas de partidos extraparlamentarios, nuevas primarias, nueva alianzas electorales. Inseguridad jurídica y caos político. ERC quiere evitarlo, pero no sabe cómo. Como ya avanzó El Confidencial, el PNC de Marta Pascal ha pedido estar en la reunión de hoy viernes de la mesa de partidos. Pero hay otros 75 partidos extraparlamentarios que esperan la proclamación de su candidatura mañana sábado y que pueden ver sus derechos vulnerados por la decisión que se acuerde hoy. El propio Gobierno de Pedro Sánchez no ve clara la suspensión de las catalanas. Todo un caos jurídico y político.

La operación, amparada en las malas cifras de la pandemia, tiene un cierto tufillo a pucherazo 'avant la lettre'. En el caso del retraso de las catalanas, todo apunta a que se busca frenar la ascensión demoscópica de Salvador Illa. También que, al tener que volver a empezar, eso supone nuevas listas, nuevos candidatos, que partidos extraparlamentarios como PNC o Primàries, que iban a robar votos a JxCAT, ahora podrían no poder presentarse si se les obliga al esfuerzo titánico de recoger avales dos veces.

Foto: El lider del PSC, Miquel Iceta (d), conversa con los diputados de ERC, Sergi Sabrià (i) y Josep Maria Jové (2d), y el de la CUP, Vidal Aragonés (2i). (EFE)

Para colmo, la proclamación de las listas es este sábado. El decreto lo han de hacer público el viernes por la tarde para reducir el riesgo de que uno de esos 76 partidos presente una impugnación ante los tribunales con más posibilidades de éxito. Una vez proclamadas, la posibilidad de las formaciones extraparlamentarias de recurrir ante los tribunales es mucho mayor. Los tiempos con los que juega la Generalitat para aplazar los comicios son muy escasos, dada la dificultad jurídica de la cuestión.

Silvia Requena es profesora de Teoría del Derecho en la Universitat Internacional de Catalunya y fue miembro no judicial de la Junta Electoral de Barcelona. En su opinión, en “la fórmula utilizada en el decreto de convocatoria electoral, cuando dice que si ‘el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias se podrá dejar sin efecto esta convocatoria y posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías’, ese ‘dejar sin efecto’ solo se puede entender como anulación de dicho decreto. Por tanto, no deja lugar a un simple aplazamiento: hay que volver a hacer listas y presentar candidaturas, lo cual va a alterar de manera significativa el proceso electoral”.

“Esto hace que cualquiera de los 76 grupos que han reunido firmas para presentarse a estas elecciones pueda recurrir el nuevo decreto de la Generalitat, lo que crea una gran inseguridad jurídica”, reflexiona Requena, que además es miembro de Lliga Democràtica, partido catalanista que al final optó por no participar en estos comicios.

Mesa coja

La reunión de mañana de la mesa de partidos en el Parlament excluye los partidos extraparlamentarios, cuyos derechos serán conculcados, pero a espaldas de ellos. Esto incluye formaciones como Vox, pero también grupos como Pacma, Primàries, Front Nacional de Catalunya, el Partit Comunista del Treballadors de Catalunya o Volt Europa, entre otros. Pero resulta que si piden a la JEC estar presentes, es muy posible que la JEC obligue al presidente del Parlament, Roger Torrent, a aceptar a aquellas fuerzas que lo soliciten. El PNC ya lo ha hecho.

La unidad política es uno de los requisitos urgentes ante el limbo jurídico y legislativo en que se adentra Cataluña al aplazarse el 14-F. Fuentes de la Junta Electoral Central reconocen a El Confidencial que fue precisamente la coincidencia entre los partidos lo que allanó la travesía de la Xunta de Galicia y del Gobierno vasco cuando decidieron posponer los comicios en marzo del año pasado.

El PSC discrepa del aplazamiento y propondrá que se pacte la nueva fecha

Sin embargo, en Cataluña no se prevé unidad política, lo que añade incertidumbre a un panorama ya incierto. La posibilidad de que haya recursos e intentos de impugnación crecerá, aunque no por parte del PSC, el principal partido parlamentario que se opone al aplazamiento. Recursos que no han de presentarse ante la Junta, como recuerdan las fuentes, sino ante el tribunal competente, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esta comunidad, cabe recordar, no cuenta con legislación electoral propia ni con Junta Electoral a escala autonómica. El PSC pedirá mañana que se pacte la nueva fecha.

Se juntan varios interrogantes. ¿Es el vicepresidente, Pere Aragonès, el encargado de firmar el decreto de aplazamiento? Indican las fuentes de la Junta Electoral que sí, por cuanto fue él quien firmó el decreto de convocatoria. ¿La redacción debe precisar la fecha de nuevos comicios? Las citadas fuentes responden que no. Aunque determinados partidos se han pronunciado a favor de que sea así, no es obligatorio, más cuando la coyuntura está tan supeditada a la evolución de la pandemia.

El papel de la JEC

Otra pregunta: ¿qué papel ejerce la JEC una vez se pospongan los comicios? Lo adecuado habría sido que ya hubiera actuado. Del mismo modo que los presidentes gallego y vasco decidieron llevar la fecha electoral a más adelante tras recabar el informe de sus juntas territoriales, Aragonès debería tener ya en su mesa un informe del órgano electoral correspondiente, que es la Junta Electoral Central. Pero, como dicen las fuentes, esa solicitud no se ha cursado.

Foto: El vicepresidente y presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, y la 'consellera' de Salud, Alba Vergés. (EFE)

Señalan estas mismas fuentes que el PP está sopesando exigirlo para contar con un aval que dé consistencia al terreno al que parece ir Cataluña. Cs lo estaría barajando. Incluso el Síndic de Greuges menciona en el último informe presentado hace pocos días que dicho papel de la Junta Electoral Central resultaría muy relevante.

Una consecuencia, por cierto, del aplazamiento sería la interrupción total de los procesos ya iniciados, como el del voto por correo. No queda suspendido, no, recalcan las fuentes, sino que en cuanto se sepa la nueva fecha, habrá que empezar todo desde cero.

El redactado legal del decreto de convocatoria del 14-F, en el que hay que basarse para el nuevo decreto de desconvocatoria, no prevé el aplazamiento sino la anulación. Literalmente: "Dejar sin efecto esta convocatoria". Eso implica: nuevas listas, nuevas recogidas de firmas de partidos extraparlamentarios, nuevas primarias, nueva alianzas electorales. Inseguridad jurídica y caos político. ERC quiere evitarlo, pero no sabe cómo. Como ya avanzó El Confidencial, el PNC de Marta Pascal ha pedido estar en la reunión de hoy viernes de la mesa de partidos. Pero hay otros 75 partidos extraparlamentarios que esperan la proclamación de su candidatura mañana sábado y que pueden ver sus derechos vulnerados por la decisión que se acuerde hoy. El propio Gobierno de Pedro Sánchez no ve clara la suspensión de las catalanas. Todo un caos jurídico y político.

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