La Generalitat ya prepara el decreto para desconvocar las elecciones por el covid-19

La Generalitat ya prepara un decreto ordinario para desconvocar las elecciones catalanas del 14-F, según han explicado fuentes jurídicas cercanas al Palau y también otras fuentes parlamentarias. El decreto de desconvocatoria se publicará en el DOGC después de que mañana viernes se reúna la mesa de partidos en el Parlament, en la que la Generalitat quiere proponer suspender los comicios amparándose en el crecimiento descontrolado del coronavirus, si bien en Cataluña los positivos están creciendo a un ritmo del 2% diario, un porcentaje menor que en el resto de España. Se argumenta que hay que garantizar el derecho al voto del máximo de catalanes, aunque, como se ha reconocido en el Síndic de Greuges, no está asegurado que en mayo —fecha más probable— o más adelante, en junio, puedan votar “todos los catalanes”, a causa del coronavirus.

Se prevé que la mesa de partidos del viernes acabe sin acuerdo, aunque la Generalitat aspira a un consenso de todas las formaciones. En esencia, porque el PSC se opone. Y puede que el PP también acabe haciéndolo. Así que no habrá acuerdo y la Generalitat tendrá que imponer su tesis: aplazar las elecciones por supuestas razones sanitarias provocadas por la pandemia del covid-19. Algo que se quiere hacer lo antes posible y que respaldan partidos como ERC, los 'comuns' o Cs, para los cuales las encuestas anuncian resultados poco halagüeños.

Todo apunta a que las elecciones tendrían que celebrarse con ratios todavía peores a las actuales. Y eso no solo favorecería la abstención

Ayer solo hubo 4.876 positivos en Cataluña, pocos comparados con los 7.000 que se comunicaron el martes. Con estas cifras y la presión hospitalaria subiendo —493 ingresados en UCI—, todo apunta a que las elecciones tendrían que celebrarse con ratios todavía peores. Y eso no solo favorecería la abstención, también dejaría sin votar a los miles de catalanes hospitalizados y a sus contactos directos, obligados a pasar la cuarentena.

Pero tampoco está claro que aplazar las elecciones sea la solución más democrática. Por un lado, por el respaldo legal. La desconvocará una Generalitat en funciones que no las convocó. Como recordó Eva Granados (PSC) en el Parlament ayer, “quien no ha convocado no puede desconvocar”. Estos aspectos jurídicos son los que está trabajando la Generalitat en este momento, según las fuentes consultadas. Pero el problema de fondo sigue ahí. Hay que recordar que Quim Torra quería convocar elecciones, pero Carles Puigdemont se negó y prefirió que hubiese una convocatoria automática que ahora ha resultado envenenada, pues obliga a los catalanes a votar en medio de la tercera ola del coronavirus.

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Marcos Lamelas. Barcelona

Pero hay más. Marta Pascal ha pedido que su nuevo partido, el PNC, esté presente en la mesa de partidos del viernes. Su formación no tiene representación parlamentaria, pero cuenta con los avales necesarios y ha cerrado las listas. Lo que se decida el viernes le afecta de manera directa. Por ahora, no ha habido respuesta del Parlament. Para la Cámara catalana, esto supone un problema. Porque si deja entrar al PNC, ha de hacer lo mismo con otras formaciones, como los independentistas de Primaries o Vox. Al final, la decisión de aplazar las elecciones daría entrada a Vox en el Parlament antes de que esta formación, que tiene como parte de su programa suprimir las autonomías, ganase los escaños —entre cuatro y seis— que le otorgan las encuestas.

Doble rasero

La ausencia de estos partidos es problemática, porque JxCAT sí participa. Y, de hecho, es una de las formaciones promotoras del aplazamiento. En cambio, carece de derechos electorales, ya que la Junta Electoral solo se los reconoce al PDeCAT. Por tanto, JxCAT tiene los mismos derechos electorales —ninguno— que el PNC o el resto de formaciones extraparlamentarias que han sido excluidas de las negociaciones, pero sí está participando de una decisión electoral tan relevante como suspender los comicios.

El decreto que prepara la Generalitat será un decreto ordinario. No precisa que la Diputación Permanente del Parlament —que ya está disuelto— lo ratifique. Pero cualquier ciudadano lo puede impugnar en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y en caso de que esta instancia rechazase la pretensión, se puede recurrir ante el Constitucional, al tratarse de una cuestión que afecta a los derechos fundamentales. Se descarta que el PSC siga esta vía del choque legal.

Vuelan todos los planes

Cuando se confirme esta decisión, la semana que viene, habrán volado todos los planes. Pedro Sánchez tendrá que dejar en suspenso la crisis de gobierno que preparaba. Salvador Ila seguirá siendo ministro de Sanidad bregando con el covid-19. Al mismo tiempo, cuestiones clave que estaban esperando que hubiese un nuevo Gobierno en Cataluña, o, tal vez, solo un Gobierno, tendrán que seguir esperando. Será el caso de la nueva financiación autonómica que el Ejecutivo y comunidades como la valenciana querían activar en cuanto Cataluña volviese a contar con un Ejecutivo. Ahora, todo seguirá en suspenso, con una Generalitat en crisis, que pinta muy poco en Madrid y que sufre para unificar criterios a la hora de afrontar la gestión de la pandemia.