La herencia envenenada de Colau que crispa a la Policía son estas baldosas

El Ayuntamiento de Barcelona ha vuelto a avivar la polémica de la cesión de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña para crear en su sede un museo de la tortura y de recuperación de la memoria histórica. Pero un museo en edición limitada, puesto que la memoria histórica que quieren recuperar solo abarca el franquismo y la Transición y obvia la negra y tenebrosa historia del edificio cuando dependía de la Generalitat de Cataluña. Durante el primer mandato de Ada Colau, el entonces teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, inauguró un atril en la propia puerta en la que venía a acusar a la Policía Nacional de torturadora y exigía allí el museo.

El atril fue rayado en varias ocasiones, pero los munícipes encontraron otra fórmula de más difícil boicot: poner unos adoquines frente a su puerta con las palabras Justicia, Reparación, Memoria y Verdad. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), puso el grito en el cielo: "Frases basadas en mentiras y manipulación pagadas con fondos públicos es lo que ha escrito el Ayuntamiento de Barcelona frente a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en Via Laietana. Todo nuestro apoyo a los compañeros de Policía Nacional", tuiteó. Para el independentismo, el desalojo de la Jefatura es un objetivo prioritario por su alto valor simbólico. Para los comunes, la cruzada contra la Jefatura fue una de las banderas de la gestión municipal. La nueva polémica llega cuando se está negociando la investidura del futuro presidente español y la posibilidad de otorgar una amnistía política a los implicados en el 1-O.

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Fuentes del SUP señalan a El Confidencial que la colocación de los adoquines con las consignas fue por sorpresa. "Hace seis meses que están haciendo obras y en los últimos tres días aparecen con los adoquines", explican desde el sindicato. Jacobo Rodríguez, portavoz nacional del SUP explica que "es lamentable" la iniciativa y que "más parece deberse a un acto de hostigamiento que a un esfuerzo por promover la convivencia y el respeto entre instituciones". Recuerda el portavoz sindical el papel fundamental de la Policía en Cataluña en las últimas décadas, especialmente durante los Juegos Olímpicos del 92, cuando estaban en activo tres grandes grupos terroristas: ETA, Grapo y Terra Lliure.

Una nota de prensa del SUP recuerda también que hay 45 policías imputados por hechos del 1 de octubre del 2017 "por defender la legalidad y cumpliendo órdenes judiciales", hecho que contrasta con los indultos a los condenados del 1-O. Por si fuera poco, recalca que este hostigamiento reaparece justamente cuando "se pretende pedir una amnistía para los que promovieron la independencia ilegal en el procés". El sindicato denuncia el "abandono institucional" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y piden al alcalde y al delegado del Gobierno "que realicen cuantas gestiones sean necesarias para la retirada inmediata de este tipo de simbología que ataca y menosprecia la imagen, la dignidad y la profesionalidad del este cuerpo policial".

Una idea de Colau

En realidad, el asunto no tiene nada que ver con el Ayuntamiento que preside el socialista Jaume Collboni, sino que viene de atrás: Colau aprobó una polémica reforma de la Via Laietana que sublevó a vecinos, políticos, oposición y entidades cívicas. Pero aprovechó para obligar a las empresas contratistas a incluir en sus trabajos las ahora polémicas baldosas.

La jugada de Colau de obligar a las constructoras encargadas de la remodelación a dejar un mensaje político inscrito en la acera es polémica y de dudoso gusto democrático. "Parece que esté diciendo que el CNP sea una cueva de torturadores, cuando es una de las policías más modernas y democráticas del mundo. Lo de la exalcaldesa y los suyos con la Policía es algo digno de estudio", señala un veterano policía a este diario.

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Las obras de remodelación de la calle costarán 34 millones de euros al erario público, pero al margen del presupuesto (inflado en el último momento) tienen la mala oportunidad de llevar mensaje político inscrito en el suelo. Es la herencia de un consistorio que hizo del ordeno y mando la seña de identidad de su talante. Ya hay sentencias judiciales que echan por tierra sus maneras de hacer por saltarse las normas legales. La oposición dice que también se saltaba las éticas, pues Colau no consensuaba los grandes proyectos que puso en marcha. Se fue ella, pero quedan sus mensajes políticos grabados a piedra en la ciudad. Collboni ha empezado a revertir muchas de las polémicas urbanísticas heredadas del anterior consistorio, pero cada semana surgen nuevos escándalos.

Fuentes municipales señalan a El Confidencial que miembros del Consistorio ya se han puesto en contacto con el delegado del Gobierno en Cataluña y con el jefe superior para tratar de encontrar una solución al conflicto. "Queremos hacer una cosa más discreta, y si acaso reivindicar un espacio, pero de manera que todos se puedan sentir cómodos con la solución", señalan las fuentes. El tema ha sido encomendado a los departamentos de Urbanismo y de Memoria Democrática para que busquen una salida "sin estridencias" y planteen una alternativa que no moleste a nadie. En la acera de Via Laietana solo quedará enterrado, pues, el talante de Colau.

No hubo pacto de cesión

La posibilidad de ceder el edificio para establecer en él un memorial fue un asunto que se votó como proposición no de ley en una comisión en el Congreso de los Diputados en 2017, tras una moción presentada por Joan Tardà, de ERC, que resultó aprobada por 23 votos contra 14 (del PP). Pero eso no significa ningún compromiso, máxime cuando el tema no fue llevado a pleno y "ni siquiera se pedía su traspaso, sino solo que se dedicase a memoria histórica", argumentan fuentes del PSOE a El Confidencial.

El independentismo ha reivindicado el edificio desde hace unos años como traspaso simbólico, como si con ello procediera "a la expulsión de las fuerzas de ocupación", para establecer en él un museo contra la tortura y de memoria democrática, pero prohibirá que se incluyan las atrocidades cometidas por el Gobierno catalán durante la República, cuando albergaba la sede de la Dirección de Seguridad de Cataluña, que dependía del filofascista Josep Dencàs.

Los independentistas han hecho del traspaso del edificio uno de sus emblemas: el borrar a la Policía Nacional del centro de la ciudad de un plumazo y sentar una sede destacando su época oscura es una victoria moral que quiere digerir cuanto antes. La última andanada para presionar en su traspaso tuvo lugar el pasado mes de junio de 2021, cuando la entonces consejera de justicia, Lourdes Ciuró, lo reclamó en una comisión parlamentaria y dibujó cómo sería el futuro centro de memoria democrática que quería instaurar en él. ERC pretendió introducir el traspaso en los presupuestos generales del Estado de ese año, sin éxito.

Una bandera de los comunes

Los comunes, por su parte, fueron más combativos incluso que los independentistas en la reivindicación de la expulsión de la Policía de ese lugar. El 30 de marzo de 2019 llevaron al pleno municipal una resolución en la que exigían al Gobierno español "hacer efectiva la proposición no de ley presentada por ERC y aprobada por todos los grupos, menos por el PP en el Congreso el 1 de junio de 2017, según la cual el Estado ha de ceder el edificio con el objetivo de gestionarlo como un espacio memorial de la represión franquista, de acuerdo con la reivindicación de numerosas entidades y de centenares de personas que estos días se están adhiriendo al manifiesto promovido por el Ateneu de Memòria Popular". Este extremo es, según los socialistas, mendaz, puesto que no se habla de ceder el edificio, sino de reconvertirlo. También obvian que la proposición no de ley no fue aprobada en el pleno del Congreso.

El 19 de noviembre de 2019, la comisión municipal de Derechos Sociales aprobó otra moción para que la Policía fuese trasladada del emblemático lugar. El sindicato Jupol inició una recogida de firmas y logró 70.450 avales contra esa medida. Por esas fechas, el concejal del distrito, Jordi Rabassa, dirigió una carta al jefe superior conminándole a abandonar la Jefatura. Durante años, el edificio de la Vía Laietana (que pertenecía al Estado tras haber pasado por manos privadas) fue la diana de las protestas radicales: precisamente en el otoño de 2019, cientos de manifestantes extremistas rodearon durante varias jornadas el edificio. Cuando más violentos era el asedio fue cuando Rabassa escribió la carta al jefe superior, lo que era una manera encubierta de posicionarse de parte de los comités de defensa de la República (CDR) que habían convertido la Jefatura en la diana de sus iras. Este domingo, en el aniversario del referéndum ilegal, una manifestación de unas 500 personas convocadas por la ANC arrojó a su puerta docenas de miniurnas y papeletas, al tiempo que coreaba gritos de "Fuera las fuerzas de ocupación".