Desokupa en el 28-M: así se subcontrata el malestar anti-Colau que marca la campaña

La campaña de las municipales en Barcelona ha contado con un factor externo que nadie preveía. El malestar anti Ada Colau ha sido externalizado en una empresa privada, Desokupa, que abrió el camino a las urnas con las protestas por los edificios ocupados de la Bonanova y ahora aspira a cerrarla con una nueva manifestación el próximo jueves entre Plaça Universitat y Plaça Espanya. El escenario plantea dos cuestiones: quién paga a Desokupa y quién se beneficia de sus acciones. La primera no tiene respuesta y la segunda es clara: Vox. Las encuestas empiezan a dar opciones de representación a la candidatura de Gonzalo de Oro-Pulido, cuando hace pocos días ni siquiera salía en los sondeos. La principal novedad es la privatización de la agenda política y hasta de las concentraciones.

Daniel Esteve, gerente de Desokupa, asegura que un inversor interesado en comprar los inmuebles de la Bonanova les contrató para la protesta de inicio de campaña. Explica que trajeron a 25 personas para acudir a Barcelona y poder hacer un control de acceso a las fincas, que al final fue vetado por los Mossos por razones de seguridad. Los miembros de esta empresa, incluyendo un jefe de prensa venido de Madrid, Vito Quiles, se manifestaron con los vecinos e incluso repartieron pizza a los asistentes. Un montaje caro, que ahora se repetirá la próxima semana y que contrasta con que la Sareb asegura que no tienen ninguna oferta sobre la mesa para los inmuebles de este barrio de la zona alta de la capital catalana.

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A. Fernández. Barcelona

Sobre la manifestación de este jueves, Esteve se niega a apuntar sobre quién le paga. Vox niega que sean ellos, ni antes ni ahora. La formación de Santiago Abascal participa en las movilizaciones, pero en reuniones internas del partido se ha recomendado a Gonzalo de Oro-Pulido que no se haga fotos con Esteve. Las relaciones entre el partido y Desokupa son buenas y fluidas, pero hasta la formación de ultraderecha mira con reservas esta privatización de la iniciativa política.

Como financiador de la segunda manifestación, algunas fuentes apuntan a la Inmobiliaria Gallardo ­—que no tiene que ver con la familia Gallardo de Almirall— la misma que ha conseguido el pasado mes de abril cambiar la licencia de 120 pisos en la calle Tarragona para que puedan ser turísticos, algo por lo que llevaba pleiteando cuatro años. Pero no hay una confirmación oficial.

Efecto contraproducente

Estas manifestaciones privatizadas han tenido un efecto contraproducente. El 9 de mayo, el responsable de seguridad Albert Batlle de Barcelona se reunió en el distrito de Sarrià con los propietarios de los inmuebles de la Bonanova para analizar la situación e intentar desactivar la protesta que preocupaba al Ayuntamiento y a Mossos. Todos los participantes se mostraron muy inquietos, pero el resultado fue que la manifestación y su contramarcha antifascista se llevaron a cabo del mismo modo y que la policía autonómica se vio obligada a desplegar centenares de agentes para que los incidentes fuesen los mínimos.

Mientras, los propietarios han visto cómo el efecto de la actuación de Desokupa ha sido el contrario del que decían buscar los impulsores de la movilización. Los dos inmuebles provienen de la crisis de Renta Corporación en 2014. La mayoría es de la Sareb, con el 59,5%. Además, está ING Real Estate, que controla la sociedad Logiplans Valles SLU, que tiene otro 20,8%. También participan en la propiedad el empresario inmobiliario Antonio Abaurrea y el abogado Pablo Pierre, socios de la sociedad Sintra Cover SL, que tiene el restante 19,7% según consta en el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil.

Estos accionistas comparten la propiedad de los inmuebles en régimen de proindiviso, lo que quiere decir que todos comparten la propiedad y que si alguno quiere vender, el comprador tiene que ofrecer un derecho de tanteo al resto. La fórmula es típica de activos de bienes raíces a los que se llega a través de haber heredado una deuda empresarial.

Uno de los edificios está calificado de zona verde, lo que imposibilita un pelotazo

En total, las dos fincas suman una superficie 1.200 metros cuadrados. Su valor máximo de mercado puede rondar los 4 millones de euros, según fuentes del sector inmobiliario. El más pequeño de ellos está calificado de zona verde, lo cual complica su futura gestión como activo inmobiliario, ya que limita el margen de los propietarios, que a medio plazo solo pueden esperar una expropiación del Ayuntamiento o una permuta. La operación está muy lejos de ser un gran pelotazo.

Juicio a la vista

Además, el 24 de mayo, el día antes de la manifestación, está previsto que tenga lugar el juicio por el segundo inmueble. Presumiblemente, habrá una sentencia favorable al desalojo tras las elecciones municipales y pudiendo entrar en los dos inmuebles se prevé que los Mossos acabarán desalojando.

Pero eso era antes de la actuación de Desokupa. Ahora unos inmuebles que tenían un papel menor en el movimiento okupa de Barcelona —los vecinos de la Bonanova no llevan a sus hijos a hacer talleres en los edificios ocupados— se han convertido en símbolos antifascistas de la capital catalana. Okupas de Can Vies se han traslado allí, por ejemplo. Y la tensión con los vecinos ha ido a más, cuando antes eran solo incidentes aislados. Incluso se prevé que los abogados de los okupas recurran la sentencia y que, por lo tanto, la situación se prolongue mucho más en el tiempo.

Incidencia en los debates

Si Desokupa no ha ayudado ni a los vecinos ni a los propietarios, sí que ha marcado las municipales en Barcelona. Ada Colau pretendía que estos quince días de campaña pivotasen sobre dos ideas fuerza de su campaña: la movilidad y el turismo. En cambio, los debates electorales se han movido en otros ejes como la vivienda —y de manera indirecta la ocupación— y la seguridad —de nuevo vinculada también a la ocupación—. Así que la alcaldesa no ha brillado en los debates, pero tampoco es muy grave para sus opciones de renovar en el cargo, ya que hay tantos —nueve previstos— que están teniendo un seguimiento muy bajo por parte de la ciudadanía. Mientras tanto, la polémica empresa marca la agenda política en Barcelona.

La CUP no ha logrado extrapolar a las encuestas su movilización por el tema okupa

El próximo jueves es el último y más importante de los debates, el de TV3. Tendrá lugar justo a la vez que la manifestación de Desokupa en Barcelona. La vieja política contra la nueva política, con una bolsa de indecisos del 30% que se decantarán por ir a votar y por el signo de su papeleta entre el sábado y el domingo. Todo un experimento sociológico.

Previsiblemente, la CUP y los movimientos de izquierda radical convocarán una contramarcha contra Desokupa. Ya lo hicieron en la Bonanova. Reunieron a más gente que la propia empresa. Ganaron en la calle, pero perdieron en la demoscopia. La formación anticapitalista sigue sin salir en las encuestas. La polarización del discurso solo beneficia al polo de la ultraderecha. Los partidos más moderados que han hecho hincapié en la seguridad —PP, PSC— ni se acercan y ponen el énfasis en que no se sabe a ciencia cierta quién está detrás de estas movilizaciones. Ahora la convocatoria, en redes de Desokupa para el próximo 25 de mayo, no deja dudas: "Fuera Colau!", con foto de la alcaldesa incluida. Queda claro que el objetivo no es tanto echar a los okupas como, por encima de todo, desalojar a la alcaldesa de la Plaza de Sant Jaume.