¿Qué quiere hacer Podemos para parar a Desokupa? Quién está detrás de esta polémica empresa

"Hay que decirlo claro. Las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial, y no vamos a permitir que haya gente que se lucre en este país extendiendo el odio al vulnerable". Con estas palabras, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunciaba ayer la intención de Unidas Podemos de registrar en el Congreso una proposición de ley para reformar el Código Penal con el objetivo de perseguir a empresas de desokupación, como Desokupa, una organización que entró de lleno en la actualidad tras la manifestación convocada en la plaza de Bonanova de Barcelona la semana pasada contra los centros sociales de La Ruïna y El Kubo.

En concreto, Belarra quiere modificar los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal, relativos a los delitos de odio con penas de uno hasta cuatro años de prisión y multa de seis a 12 meses, así como dirigidos a disolver cualquier organización empresarial paramilitar que promueva la comisión de estos delitos, bloqueando también su acceso a internet.

La nueva modificación de ley perseguiría a las personas y empresas con ánimo de lucro que "hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad"

No es casualidad que el anuncio de esta intención de modificar el Código Penal por parte de Unidas Podemos llegue justo el día en que el Senado ha aprobado la nueva ley de vivienda que limita el precio de los alquileres, entre otras medidas, tras más de tres años en periodo de tramitación y tres semanas después de que el texto fuera aprobado por el Congreso. "Hoy no termina nada", advirtió Belarra. "La pelea por la aplicación de la ley empieza ahora", afirmó en el mitin celebrado ayer en Alicante de la formación morada.

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EFE

La ministra acusó específicamente a la empresa Desokupa, formada en 2016, de fomentar la "aporofobia". Así, la nueva modificación de ley perseguiría a las personas y empresas con ánimo de lucro que "hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad". La compañía, fundada por Daniel Esteve, está en el centro de la polémica por su forma de actuar, en ocasiones rozando la legalidad. Aunque se define a sí misma como "especialista" en recuperar viviendas okupadas mediante la "mediación con okupas, inquilinos, precarios, comunidades de vecinos o pisos compartidos", su actividad (o conato de actividad) ha sido reprimida hasta por las propias fuerzas de seguridad, quienes avisaron la semana pasada de que no iban a permitir el desalojo de las casas okupas de la plaza de Bonanova.

Después de lo ocurrido en Bonanova

El jueves pasado, los Mossos d'Esquadra organizaron un amplio dispositivo policial en las inmediaciones de la plaza Bonanova para evitar enfrentamientos entre los okupas y la empresa de Esteve, quien anunció una manifestación contra Ada Colau y las fuerzas políticas progresistas al entender que no podían forzar el desalojo de las casas La Ruïna y el Kubo. Todo ello enmarcado en el inicio de la campaña electoral de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

"Cualquier procedimiento de lanzamiento deben coordinarlo las autoridades judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", afirmó la Sareb

En los días previos, la Sareb emitió un comunicado en el que exigían el desalojo de los okupas por una cuestión de "seguridad pública", pidiendo al Juzgado de Primera Instancia Número 39 medidas cautelares para llevar a cabo el desalojo. Sin embargo, al ver las intenciones de Desokupa, se desmarcaron de cualquier actuación por parte de la empresa privada para echar a los squatters del Kubo y La Ruïna. "Cualquier procedimiento de lanzamiento deben coordinarlo las autoridades judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad", argumentaron.

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Esteve, a pesar de no haber conseguido sus propósitos, arengó a los manifestantes con proclamas contra Ada Colau y su formación, vendiendo la movilización como un éxito ante sus seguidores en redes sociales. Por su parte, la alcaldesa de la Ciudad Condal condenó fuertemente los cánticos proferidos contra ella y los okupas. El Ayuntamiento que preside ha emitido ya una denuncia a la Fiscalía de Delitos de Odio desde su Oficina para la No Discriminación contra los "cánticos nazis" durante las protestas de Desokupa. La denuncia especifica que se realizaron, además de dichos cánticos, "situaciones fascistas y manifestaciones incitando al odio ideológico contra personas que se identifican como de signo contrario y contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau".

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No es la primera vez que Desokupa se ve envuelta en líos judiciales por sus polémicas actuaciones. Ya en el año de su fundación, en 2016, diversas entidades sociales de Barcelona interpusieron varias denuncias contra la empresa. Una de ellas, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), interpuso una de las primeras querellas criminales por el desalojo del edificio Can Dimoni, histórico inmueble del barrio de Gracia que fue okupado. Desde entonces, la compañía de Esteve ha ido desarrollando su marco de actuación por todo el territorio español.