El Govern desmantela los cuadros de historia española del Palau de la Generalitat por 2,34 M

El Palau de la Generalitat, sede del Gobierno catalán, ha comenzado este 2 de mayo a borrar la memoria histórica de sus paredes. Las pinturas centenarias (fueron colgadas hace 97 años) que decoraban el emblemático Salón Sant Jordi, construido por Pere Blai, y que representaban diferentes episodios de la Historia de España, se retiran. Cualquier vestigio que pueda vincular a Cataluña con el conjunto del país va a ser borrado de la memoria colectiva de los catalanes, conforme auguró el president Quim Torra. En septiembre de 2018, Torra explicó a los alumnos de un colegio que visitaban las intalaciones que no le gustaban las pinturas y que las iba a eliminar. La cosa, como iba de procedimiento administrativo, tardó. Pero ahora puede decir que ya lo ha conseguido: una empresa cobrará 2.348.131,11 euros por hacer realidad el sueño del expresident.

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La memoria independentista no funciona al mismo ritmo que la memoria histórica y, paradójicamente, en el encuentro con los colegiales, Torra, quien definió a los españoles “bestias inmundas”, dijo a los pequeños que iba a trasladar a esa sala las pinturas de Torras García. Olvidaba que fue justamente Francisco Franco quien preservó las obras de este último y las había puesto en una sala anexa.

En septiembre de 2019, Torra montó una comisión secreta de notables para que elaborasen un informe contra las pinturas que quería eliminar, en las que había “demasiados Reyes católicos”. El equipo se llamó Comisión para el Estudio de la Decoración Pictórica del Salón Sant Jordi, que se constituyó el 16 de septiembre de 2019. Dos meses después, esta comisión dictaminó que las pinturas de la Generalitat disponían “un relato altamente connotado por contenidos políticos e ideológicos. Estos componentes son de carácter esencialmente integrista, autoritario y antidemocrático. Se exaltan valores guerreros, del orden estamental opuesto al parlamentarismo, la monarquía perenne y sagrada, el estado basado en el catolicismo como ordenador social, la lucha contra el Islam, así como un patriotismo bélico e imperial”.

Presencia inadecuada

Decían los notables, cuyos nombres no han trascendido (ni su salario tampoco), que “la inadaptación de sus contenidos a los valores cívicos y políticos contemporáneos hace que sea una presencia del todo inadecuada en la sala más representativa de la sede del Govern catalán, donde han de imperar los valores de democracia, libertad y tolerancia que la pintura ignora o a los que se opone”. Por tanto, concluye que no se justifica mantener las pinturas actuales en su lugar, que el ambiente arquitectónico del Palau queda “profundamente enmascarado por la ornamentación pictórica dictatorial” y que ocasiona una “desfiguración causada tanto por el despliegue extensivo de la pintura por encima de las superficies murales y vueltas como por la alta densidad de sus representaciones”. Y terminan con una frase lapidaria: “La retirada de las pinturas en cuestión se considera un gesto de reparación y reconocimiento hacia la obra proscrita de Torres-García”.

Esta semana, el anuncio de Torra y los deseos de la comisión de notables se convierten en realidad: los tapices y pinturas del Salón Sant Jordi serán pronto un recuerdo selectivo en la memoria colectiva de Cataluña. Cualquier vinculación de este trozo de tierra con España será historia pasada y olvidada. La ley de memoria histórica que el Parlament aprobó será tan selectiva que obvia incluso la mayor parte de la historia catalana. Las pinturas que se quieren retirar se refieren a temas tan españoles como Colón en Barcelona, la batalla de Lepanto o el Compromiso de Caspe.

¿Cómo lo justifica el Govern que encabeza Pere Aragonès? Diciendo que “la decoración pictórica de los años 1926 y 1927, así como el resto de elementos, desvirtúan la arquitectura renacentista original”. Así consta en un informe del departamento de Presidencia al que ha tenido acceso El Confidencial, bajo el epígrafe Expediente PR-2023-2. En total, se retirarán 24 pinturas sobre tela de gran formato (las primeras que se empezaron a desmantelar este martes) y 45 pinturas sobre tela de formato inferior. En otras palabras, pasan a mejor vida 857,68 metros cuadrados de pintura sobre tela que hoy adornan las paredes y el techo del Salón Sant Jordi, y recalarán en algún sótano oscuro e ignoto. Es el destino de la historia no oficialista. Un estudio preliminar del Govern prevé conservar sólo algunas policromías de los arcos y los nervios de la sala, en los que es imposible eliminar la pintura sin dañar el edificio.

Un edificio “vivo”

En una memoria adicional justificativa de la iniciativa, se explica que el Palau está declarado “bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico. Aunque el Palau esté catalogado como tal, las pinturas que se retirarán no tienen ninguna protección específica por ellas mismas”. Eso quiere decir que el mandatario que llegue puede eliminar todo vestigio artístico del edificio si lo considera pertinente, ya que la obra de arte y el patrimonio protegido es el continente (el propio edificio), no el contenido. Asegura esta memoria que se han realizado “estudios previos del Salón Sant Jordi durante los últimos 14 años, siempre con técnicos competentes o expertos en patrimonio”. Entre otros estudios, se realizó una memoria histórico-artística del salón a cargo de Marià Carbonell, catedrático del departamento de Historia del Arte de la UAB, en diciembre de 2008. De ese año, había otro informe de los conservadores-restauradores Núria Lladó y Lourdes Domedel. En 2014, fue de nuevo Núria Lladó quien hizo un informe de las prospecciones realizadas a las pinturas sobre tela. Y en 2019, los conservadores-restauradores Maite Tomé y Pere Rovira hicieron un “informe de conservación” de los paramentos verticales.

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En el camino hasta su desaparición, los frescos, tapices y pinturas del Salón Sant Jordi han propiciado un negocio redondo: se han destinado a su sepelio un par de millones de euros dignos de mejor destino. En un informe interno al que ha tenido acceso El Confidencial, se dice que el Palau de la Generalitat es un “edificio vivo con usos institucionales, representativos y administrativos”. En otro informe, se detallan algunos de los estudios que hicieron expertos sobre las pinturas del Salón Sant Jordi. El Govern, por ejemplo, también se basó para justificar la desaparición de los cuadros y tapices centenarios, en varios informes de un equipo que encabezaba el catedrático Eudald Carbonell, un intelectual soberanista que es uno de los codirectores de las excavaciones de Atapuerca. Pero también en dictámenes elaborados por especialistas en distintas materias.

Con el republicano Pere Aragonès, la cosa ha cogido volada y se ha acabado materializando. Fue Aragonès quien convocó un concurso para la contratación de una empresa experta que eliminase las pinturas y tapices del Saló Sant Jordi. Había tres empresas para llevar adelante los trabajos. Una de ellas era una de las principales implicadas en el escándalo del Palau de la Música. Las otras dos eran relativamente nuevas. Se lo llevó la compañía Urcotex.Inmobiliaria. El contrato, según la resolución de la adjudicación asciende a 2.348.131,11 euros. Es la misma empresa a la que en 2019 se le encomendó la remodelación del atrio y el claustro de la basílica de Montserrat, una obra neorrománica obra del insigne Josep Puig i Cadafalch, arquitecto, entre otras, de la Casa Ametller, la Casa de les Punxes, de las cavas Codorniu y de la plaza de España de Barcelona.