El nuevo negocio de Desokupa: "Trabajamos con 15 ayuntamientos, dos son de la CUP"

"El Ayuntamiento recibirá el asesoramiento de Desokupa para acabar con las ocupaciones mafiosas”, con este anuncio, el municipio barcelonés de Premiá de Dalt ha abierto la caja de los truenos. El alcalde, Josep Triadó, asegura que con el contrato suscrito con la cuestionada empresa busca “prevenir” las actuaciones de “bandas mafiosas de Europa del Este” que se producen entre los meses de octubre y febrero, coincidiendo con “el cambio de hora”. El año pasado se produjeron tres okupaciones de viviendas para “cometer actos delictivos” como tráfico de drogas. “Se alojan en las zonas residenciales, más golosas, donde vive la clase media-alta” –relata el alcalde a este periódico– “y en propiedades que estén en mitad de un proceso judicial por herencias o con bancos”.

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Para atajar el asunto, ha contratado a la polémica empresa Desokupa por 3.000 euros al año para recibir asesoramiento sobre cómo actuar. Daniel Esteve, líder de este grupo y exboxeador, asegura que no es la primera institución con la que firma un contrato: “Llevamos cuatro años trabajando con 15 ayuntamientos en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Dos de ellos son de la CUP, en la Cataluña norte. Pero no lo dicen, Triadó es un valiente”.

A día de hoy no hay ninguna vivienda okupada por estas bandas en Premiá de Dalt, pero el Consistorio ha decidido contar con sus servicios “por precaución”. Desokupa, además, ofrece bonos para los vecinos de las localidades que contraten sus servicios: “25% de descuento para quienes necesiten nuestra ayuda”, explica a este diario.

Bandas desde 2017

Triadó relata que llevan teniendo problemas con estas bandas desde 2017. No solo esta localidad, sino varias que agrupan la comarca del Maresme, al sureste de la provincia. “Vienen aquí a hacer la temporada alta”, explica. Pusieron cámaras en la entrada y salida del municipio y reforzaron su plantilla policial, pero no fue suficiente. El año pasado, y gracias a la recomendación de un concejal, decidieron ponerse en contacto con la empresa privada Desokupa porque era la que más experiencia tenía. Tuvieron una reunión para cerrar el contrato y las condiciones. Las actuaciones directas las hará la Policía Local pero el equipo de Esteve les asesorá sobre cómo actuar.

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Desokupa ha estado en el punto de mira en varias ocasiones por su supuesta afinidad ideológica con la extrema derecha. “Cuando contrato a un jardinero, no sé a quién vota. Me da igual su ideología”, apunta el alcalde, de la formación independentista conservadora JxCat. Habla Esteve: “Estoy de acuerdo con Vox en políticas de inmigración, pero soy animalista y no me gusta la caza”. Y apunta que dos municipios catalanes que han contratado sus servicios cuentan con miembros de la CUP, pero “no lo dicen porque se les lanzarían al cuello”. Este periódico no ha podido confirmar estas declaraciones. “Uno de ellos tiene dos edificios, uno de 26 viviendas y otro de 16, con delincuencia, apuñalamientos, robos y violencia. Están hasta los huevos y llevamos un año trabajando con ellos”.

Según datos oficiales del Ministerio de Interior, y sin distinguir entre usurpación y allanamiento, el número de okupaciones en Cataluña ha descendido más de un 6% en relación al año anterior. Entre enero y julio de 2021 se registraron 4.639 okupaciones en toda la comunidad —3.441 en Barcelona— y, en los mismos meses de 2022, 4.341, 3.246 de estas en la citada provincia.

La abuela y la inquilina

“Ayudamos a todo el mundo que lo necesita”, explica Esteve. La empresa lleva en funcionamiento 8 años y ha efectuado más de 8.000 ‘desokupaciones’ en diferentes puntos del país. En concreto, apunta que han desalojado 300 narcopisos en Barcelona y son especialistas en desalojos de viviendas donde se ejerce “la prostitución, el tráfico de drogas y hay insalubridad”.

El año pasado saltaba la noticia de una anciana de 89 años a la que su cuidadora de origen marroquí había okupado su piso. Desokupa entró en acción y no dudó en confiar en la versión de la familia de la abuela Carmen. El País destapó que la mujer no era propietaria del domicilio, sino una inquilina de renta antigua que subarrendaba la vivienda a la joven de 26 años, que no era ni mucho menos su cuidadora. “Aquí hay varias versiones y yo sigo defendiendo mi parte. No hay ninguna sentencia que me condene”, apunta sobre uno de los casos más polémicos ligados a la empresa.

No obstante, su negocio va viento en popa precisamente por estas cuestiones. “Si supieran la publicidad que nos dan… ya verás, ahora se van a atrever muchos más alcaldes a hacerse fotos conmigo”.