El TSJ de Cataluña deja a Laura Borràs a un paso del banquillo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha finalizado la instrucción sobre la adjudicación de varios contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en la etapa en la que Laura Borràs, ahora presidenta del Parlament, era su directora. La Sala le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos y eleva el procedimiento a juicio oral, una vez finalizadas las últimas diligencias.

La causa ha viajado de Cataluña a Madrid y de vuelta a Cataluña. Comenzó en un juzgado de instrucción para pasar al Supremo en la etapa de diputada de Borràs. Una vez renunció al escaño, se hizo cargo de la investigación el TSJ. El instructor ya la había procesado el pasado marzo, pero la presidenta del Parlament recurrió la decisión alegando que se había vulnerado su derecho de defensa.

El procedimiento contra Borràs partió de la exposición razonada que le remitió al Supremo el Juzgado de Instrucción Número 9 de Barcelona, en la que se recogían las cantidades que se embolsó Isaías Herrero, amigo de la diputada, durante más de cuatro años. Como adelantó El Confidencial, los contratos que Borràs adjudicó a su amigo rozan los 260.000 euros y se trocearon en adjudicaciones inferiores a los 18.000 para que no saltaran las alarmas y pasaran desapercibidos.

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Para maquillar estas adjudicaciones, el tribunal apunta a que la sociedad APMG&CE, empresa de Andreu Pujol Martin, "consintió que se aportaran presupuestos a su nombre", ocultando así "trabajos que realmente habían sido ejecutados por Isaías Herrero". Como la Generalitat de Cataluña también exigía tres presupuestos antes de la adjudicación, otra maniobra consistió en fabricar los mismos y ponerlos "a nombre de otras entidades que no habían participado en su elaboración ni habían autorizado su presentación".

Así se refleja en una serie de correos electrónicos enviados por Herrero y Borràs el 18 y 19 de julio de 2015, en los que el primero pregunta si ocurre algo con las facturas y la actual diputada contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una", pero que no sufra porque "el dinero lo tiene reservado y es para esto". En otro de los mensajes que constan en la causa, la líder independentista subraya también que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".

Estas supuestas prácticas irregulares se tradujeron en que el importe final de los contratos adjudicados "no se correspondía con el precio real del servicio prestado", pues también incluía "la cuantía de gastos variados a los que Herrero debía hacer frente al recurrir a las entidades tras que se ocultaba su identidad". La investigación se extiende así al propio Herrero, "dada la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye y la imputada a la aforada".