Una jueza condena a un ayuntamiento independentista por marginar a CCOO

La magistrada Laura Mestres, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Barcelona, ha tumbado una resolución del pleno del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre los presupuestos del año pasado por vulnerar el convenio colectivo. El Consistorio, gobernado por ERC, JxCat y la CUP, aprobó las cuentas saltándose el convenio en vigor arrinconando al sindicato mayoritario, CCOO, y haciendo valer un acuerdo con organizaciones minoritarias. "En ningún caso ese pacto fue aprobado por la Mesa correspondiente, motivo por el que no puede tener ningún tipo de validez y su nulidad ha de ser radical y absoluta, siendo igualmente nulos los posteriores acuerdos que se tomen a partir del acuerdo impugnado”, expone la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

CCOO denuncia que el Gobierno, encabezado por Olga Arnau (ERC) "ha intentado socavar la legitimidad de la mayoría de la Mesa General de Negociacion actual”, ya que pasaron por alto los acuerdos para el convenio colectivo. La secretaria general del Ayuntamiento emitió un informe sobre la validez del acuerdo del pleno, pero la magistrada ha enmendado la plana y “ha acabado restaurando la representatividad de las personas trabajadoras, definida por las elecciones sindicales con su voto”.

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Para soslayar los problemas que planteaba el sindicato, la concejal de Cultura y Recursos Humanos, Adelaida Moya, y el director de Recursos Humanos y Organización Interna, Fermín Ortega, pactaron con las organizaciones que conforman el Intersindical (al que la ANC quiere convertir en el sindicato independentista de referencia), UGT y SFP diversas medidas que luego se vieron reflejadas en las cuentas. En el documento se detalla el acuerdo como si fuese un pacto con la Mesa de Negociación. Pero esta Mesa tiene 12 representantes y seis de ellos son de CCOO. Nadie negoció con ellos, según explican fuentes de Comisiones.

El escrito concreta que hay voluntad de todas las partes para tender a la máxima estabilidad de la plantilla municipal e intentar corregir la problemática de la temporalidad. Establece un calendario de la oferta pública del Ayuntamiento, estableciendo la incorporación en 2021 de 31 personas (entre ellas, cinco agentes de la Policía Local, seis profesores de la Escuela de Música y un arquitecto) y la promoción de tres plazas internas. “Se acuerda que las plazas mencionadas se incorporen a la oferta pública de 2021, pero no se prevé su convocatoria, como mínimo, hasta 2022, disponiendo de 3 años para desarrollarlas”.

"No vale ningún acuerdo sin CCOO"

Esta firma vulneraba, según CCOO, el convenio colectivo y viciaba los presupuestos del año pasado. “Ese acuerdo recorta los derechos recogidos en el convenio. Lo que viene a reconocer la sentencia es que se reconoce el derecho a la negociación colectiva. Pero no se puede firmar ningún acuerdo sin CCOO, porque tenemos la mayoría absoluta. Y nosotros decimos que los presupuestos municipales han de reflejar los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento”, explica a El Confidencial Júlia Salazar, secretaria general de la sección sindical de CCOO del Ayuntamiento.

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Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Vilanova señalan a este diario que la sentencia será recurrida (la magistrada Mestres da un plazo quince días para interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). Y subrayan que “no se modifican los presupuestos”. Las mismas fuentes explican que la resolución se refiere únicamente a la oferta pública de empleo y que la impugnación de los presupuestos no tiene sentencia todavía. “La queja de CCOO era más por la forma que por el contenido. La demanda se interpuso en un momento en que las posiciones eran de mucha tirantez, pero ahora hay voluntad de diálogo por todas las partes y podemos llegar a acuerdos. Las cosas se han calmado”, añaden.

Desde CCOO, no obstante, afirman que “la coherencia y determinación de los delegados de CCOO desmontaron una acción del Ayuntamiento que, de prosperar, podía haber creado un precedente muy peligroso”. Señalan que ya son varias las sentencias ganadas. Salazar, por su parte, subraya que el Consistorio "intentó desde el primer momento que retiráramos el pleito, pero hemos seguido hasta el final". "A partir de ahí, su discurso es dar a entender que no estamos dispuestos a negociar, pero se ha demostrado que es al revés, que los que no negocian son ellos y que es la justicia la que al final les reprende”, concluye.

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EFE

Vilanova i la Geltrú es un ayuntamiento emblemático. Tras estar en manos socialistas durante muchos años, pasó a manos de Convergència y actualmente está gobernado por ERC. En las últimas elecciones, el PSC ganó en votos, pero tuvo los mismos concejales que ERC: siete cada uno. Los republicanos, no obstante, formaron gobierno con Olga Arnau a la cabeza, tras pactar con los 3 ediles de JxCat y los 3 de la CUP. Ciudadanos tiene también tres representantes y SVNG-Podem, dos. Su anterior alcaldesa, Neus Lloveras (Junts) fue la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, una de las entidades cívicas que convocó las grandes manifestaciones a favor de la secesión durante la última década. En esta localidad también fue alcalde Joan Ignasi Elena cuando militaba en las filas del PSC. Hoy es el consejero de Interior, nombrado en representación de la cuota de ERC en el Govern.