Más presión independentista para Aragonès: la ANC presentará una iniciativa popular

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) prepara una Ley de Independencia basada en una iniciativa legislativa popular (ILP) que enviará al Parlamento catalán tras una campaña para conseguir 50.000 firmas. Esta iniciativa, junto a otras como la prohibición a los Ayuntamientos catalanes de contratar empresas españolas o vetar para puestos de trabajo de responsabilidad en entidades cívicas a quien no sea independentista son algunas de las 'perlas' que contiene la hoja de ruta de la ANC para el próximo año. Se presenta una legislatura muy 'caliente'.

"Es preciso aprovechar el potencial de tener una Mesa con una sólida mayoría independentista", apunta la ANC para recalcar la viabilidad de la iniciativa. Ante esta evidencia, la estrategia pasa por "otorgar el liderazgo a la ciudadanía" (y, por tanto, a las bases independentistas). El documento enmarca la norma en "un escenario de ruptura democrática que planifique cómo llegar a la consolidación de un estado independiente, basándose en la recuperación de la soberanía nacional, fiscal, financiera, económica, energética, de las infraestructuras y de los medios de comunicación".

TE PUEDE INTERESAR

Los tres puntos débiles de Aragonès: la CUP, la crisis de JxCAT y su relación con Sánchez

Marcos Lamelas. Barcelona

Esta iniciativa sería una de las piezas claves de la nueva "confrontación democrática" o "embate democrático" que pretende el soberanismo para atacar a España. El objetivo es acosar al Gobierno central desde todos los ámbitos hasta hacer que sea "un Estado ingobernable". Y en esa estrategia, la ANC se reserva el papel de "elemento impulsor y catalizador de pactos generales de país que involucren al Govern de la Generalitat, a las Diputaciones, a los consejos comarcales, a los municipios, al Consell per la República, a las universidades, al Instituto de Estudios Catalanes (IEC), a los Colegios y Asociaciones profesionales, a las asociaciones empresariales, a los sindicatos, a los colectivos religiosos, a las federaciones deportivas, a las federaciones de entidades culturales, a las grandes empresas y, por descontado, a las entidades políticas de la sociedad civil con la finalidad de hacer frente a las agresiones del Estado".

Cómo será la confrontación

El embate con el Estado o la "confrontación" se concreta, según la ANC, no solo en la discordancia institucional, "sino también en acciones de desobediencia abierta, de no colaboración manifiesta, de bloqueo institucional y de construcción de un entramado civil de resistencia, acciones en las que la ANC tiene un papel fundamental".

La estrategia se complementa con una presión total contra todo lo que no sea abiertamente independentista. "Mantendremos e incrementaremos la presión sobre todos los agentes que nos imposibiliten y dificulten la liberación nacional (Estado, partidos, medios de comunicación, tribunales…). Esta presión la haremos tanto a través de grandes movilizaciones, para seguir mostrando nuestra fuerza y hacernos visibles internacionalmente (especialmente el 11 de septiembre y el 1 de octubre), como a través de movilizaciones descentralizadas con objetivos específicos concretos y alcanzables, con incidencia social y política en el territorio". También planea acciones colectivas de presión, como denuncias colectivas e iniciativas de no cooperación, ya sean campañas de 'soberanía fiscal' o de 'consumo de proximidad', lo que serían campañas de boicot a los productos españoles.

TE PUEDE INTERESAR

Aragonès, investido 'president' con agenda soberanista y con la amenaza de la CUP

Marcos Lamelas. Barcelona Paola Bruni

Todas las acciones irán precedidas de cursillos preparatorios a la población mediante charlas y formaciones de grupos de ciudadanos sobre "la lucha no violenta". En ambos casos, la ANC facilitará "la formación y los medios necesarios para su realización". Como instrumento para llevar a cabo su estrategia, prevé impulsar "una agencia catalana dedicada a la captación de recursos en el interior y el exterior para financiar campañas y, si es preciso, contribuir a una caja de resistencia, complementaria a la caja de solidaridad [la que ha pagado las fianzas de los multados] para anticipar los gastos de posibles movilizaciones". El hecho de constituir esta segunda caja es mantener los recursos de que disponga fuera del alcance de las instituciones estatales, dada la falta de seguridad jurídica a que se encuentra sometida la ciudadanía catalana".

Contra las empresas españolas

Además quiere prohibir a los Ayuntamientos catalanes contratar a compañías españolas. Para ello, utiliza una sibilina estrategia: apuesta por la creación de empresas energéticas, de servicios, de suministros o de manufacturas netamente catalanas, al mismo tiempo que reclama "hábitos de consumo republicano y de desconexión de los grandes oligopolios españoles, impulsando campañas de consumo de proximidad, y exigiendo a las administraciones locales y comarcales el compromiso y cumplimiento para contratar entidades de proximidad o de ámbito nacional catalán".

Por si fuera poco, quiere vetar los cargos entidades cívicas o sociales a los no independentistas. "Mantendremos e incrementaremos los esfuerzos para garantizar que los puestos de trabajo de responsabilidad en el seno de la sociedad civil, en todos los niveles (desde las asociaciones de vecinos y las de carácter cultural hasta los colegios y las asociaciones profesionales, pasando por las federaciones y los clubs deportivos, los gremios, etcétera) sean ocupados por personas partidarias de la independencia", dice el documento. Apuesta por potenciar el sindicato Intersindical-CSC como el de referencia del soberanismo y por apoyar la patronal Anem per Feina, así como las candidaturas Eines de País, como la que ganó las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona.

Otra de las iniciativas pintorescas es la elaboración de un Censo de Crímenes contra el Pueblo Catalán. En ese 'censo' se han de inscribir "todas las personas que han ido padeciendo a represión" y se difundirá "a través de charlas, conferencias y presentaciones nacionales e internacionales, utilizando todas las plataformas, las redes sociales y todos los foros posibles". Paralelamente, creará una Plataforma Antirrepresiva como "un frente más de lucha en el camino hacia la independencia". Esta plataforma prestará asesoramiento legal gratuito "a las personas represaliadas y les ofrecerá apoyo psicológico".

En el ámbito internacional, propone seguir la prensa internacional, escribir muchas cartas al director en medios extranjeros, contactar con parlamentarios, periodistas y creadores de opinión para denunciar a España y convencerlos de la maldad de esta, o influir en organismos internacionales.