Moncloa difumina a ERC como socio prioritario y aleja la mesa de diálogo

El Gobierno pretende seguir buscando las mayorías más amplias posibles en el Congreso, independientemente de las siglas. Un objetivo que pasa por no cerrar la puerta a ninguna formación ni priorizar por regla general a unos partidos sobre otros. "Ley a ley y tratando de buscar grandes acuerdos, así vamos a continuar", zanjan fuentes de Moncloa respecto a su hoja de ruta tras experimentar las dificultades para sacar adelante la reforma laboral sin sus socios de investidura. El abanico está abierto, pese al empeño de cerrarlo por parte del socio minoritario, Unidas Podemos. Los morados empujan por centrar las negociaciones en lo que queda de legislatura únicamente en la mayoría de investidura encabezada por ERC.

La parte socialista del Ejecutivo evita aludir a la geometría variable, pero tampoco habla de socios prioritarios ni lanza guiños en público a los republicanos. La prioridad es la estabilidad, según señalan desde el Ejecutivo. Un objetivo para el que, como subrayaba este martes tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, "convocamos a todas las fuerzas". Se antepone el qué al con quién. Y en la agenda económica pendiente se incluyen una serie de normas comprometidas con Bruselas en el plan de recuperación de difícil encaje para formaciones como ERC y EH Bildu, tales como el segundo paquete de la reforma de las pensiones.

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Del margen que permitan los 'hombres de negro' de la Comisión Europea para modificar por la izquierda los componentes del plan de recuperación, al que se vinculan los fondos UE, dependerá la suma de los soberanistas o no, como con la reforma laboral. En las leyes de carácter social, se presupone una mayor afinidad.

ERC se difumina como socio prioritario del Gobierno. Al menos como única alternativa. La mesa de diálogo a la que urge el Govern también deberá esperar. Primero se celebrará la comisión bilateral. El próximo 18 de febrero, aunque se había previsto para enero. Un foro que Pere Aragonès desvincula de la mesa de diálogo, para la que ha exigido no solo más celeridad, sino que el Gobierno acuda con una propuesta cerrada para superar el conflicto territorial, más allá de los 44 puntos de la agenda reencuentro que ha puesto sobre la mesa.

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"Sin prisa, sin pausa y sin plazos", responden fuentes del Gobierno, echando mano de las palabras empleadas por Pedro Sánchez tras celebrarse la anterior reunión en Barcelona. Hasta que no haya avances, el Gobierno entiende que no ha lugar para convocarse la mesa de diálogo. "Cuando tengamos acuerdos importantes que cerrar", diluía la portavoz y ministra de Política Territorial.

Mientras que en Madrid comienza a descartarse que pueda celebrarse antes del mes de abril, en Barcelona recuerdan que estaba prevista para las primeras semanas del año y demandan que no se retrase. El Gobierno y la Generalitat todavía tienen pendiente poner fecha a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que se iba a celebrar a finales de diciembre y se pospuso por la vuelta de los presupuestos al Congreso.

Opinión

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La tregua en la conflictividad institucional tiene fecha de caducidad si no se producen avances, como deslizó el propio Aragonès en Madrid el pasado mes de enero. Entonces advirtió, en presencia de Isabel Rodríguez, de que "no podemos eternizar la resolución del conflicto", pues de lo contrario "si no aprovechamos esta oportunidad, seguiremos adelante".

El próximo lunes, Aragonès tiene prevista una conferencia para anunciar su propuesta de "resolución del conflicto político", buscando cohesionar el bloque independentista y suavizar las presiones de sus socios de JxCAT. El choque discursivo de Aragonès con el Ejecutivo ha ido escalando durante las últimas semanas. El Gobierno está despejando el balón que la Generalitat ha lanzado a su tejado, mientras gana tiempo para diluir de la agenda el asunto territorial y seguir tejiendo soluciones fuera de los focos.

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El referéndum es una línea roja para Pedro Sánchez, que además está tratando de soltar amarras con el independentismo por el coste electoral de estas alianzas. Las elecciones de Castilla y León ya provocaron la dilación de la mesa de diálogo, para evitar un desgaste en materia territorial, y en función de cuándo se celebren los comicios de Andalucía, la fecha para la siguiente reunión podría volver a quedar condicionada. Cataluña ya se coló con fuerza en la campaña de las anteriores elecciones andaluzas, penalizando a los socialistas y actuando como acelerador en la irrupción política de Vox.

Gobierno y Govern todavía no han cerrado el orden del día sobre la comisión bilateral. En la agenda inmediata del Ejecutivo figura el traspaso de las becas, la cuestión más avanzada. La primera reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat esta legislatura no se celebró hasta el pasado mes de agosto. Un foro que llevaba sin reunirse desde 2018. La anterior se remonta a 2011. Los años de bilateralidad interrumpida por el 'procés' pesan a la hora de acelerar traspasos, como reclama la Generalitat poniendo sobre la mesa un total de 56, regulados por el Estatut, incluyendo el aeropuerto de El Prat.