El Parlament prescindirá de las jubilaciones de oro, pero no sabe qué hacer con las vigentes

El Parlament prepara la eliminación del artículo 79 del Estatut de Règim Interior que otorgaba a altos cargos y funcionarios de la entidad la posibilidad de estar cinco años cobrando sin desempeñar función alguna, una auténtica jubilación dorada. Pero duda sobre las ya concedidas, en especial sobre los 21 funcionarios y altos cargos que disfrutan en este momento de esta prerrogativa y que percibieron el año pasado 1,7 millones de euros por este concepto: remuneración por no ir a trabajar. El artículo 79 regula lo que denomina las “licencias de edad”, en la práctica un “fraude de ley”, ya que en la función pública en España no se permiten las prejubilaciones. Sin embargo, desde 2009, el Parlament se creó a sí mismo una excepción, su propia burbuja legal, de la que se beneficiaron un total de 61 personas, que percibieron el 100% de su salario, trienios incluidos. Una bomba que ahora no se sabe cómo desactivar.

Pero, aunque se anule el artículo 79, de dudosa legalidad, genera un problema jurídico de grandes dimensiones. Si alguna fuerza política lo hubiese impugnado, hubiese decaído, pero no fue así. Los 21 beneficiarios actuales, lo seguirán cobrando. Y hay dudas de qué hacer con la docena que lo han solicitado, se les ha concedido, pero todavía no se están beneficiando. Por eso, se ha abierto un proceso de negociación con representantes de personal de la Cámara para llegar a un acuerdo.

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Marcos Lamelas. Barcelona

Cuando en su día se votó la modificación del Régimen Interior en la Mesa Ampliada del Parlament, en 2008, bajo la presidencia de Ernest Benach, todos los grupos votaron a favor. En 2009, 'La Vanguardia' tituló: “El Parlament prejubila con el 100%”. El tono de la información era del todo positivo, un logro de los trabajadores. La distorsión que esto suponía en el entorno de la función pública y cómo afectaba a la legalidad vigente fue pasada por alto. Entonces y durante la década siguiente.

Sin embargo, este régimen especial para el personal de la Cámara catalana sobrevivió 12 años. Ahora, Laura Borràs y el resto de la Mesa del Parlament quieren suprimir el artículo 79, eliminar la “licencia de edad” y reventar la burbuja. Aunque el cambio se consiga, ni los beneficiados devolverán los fondos ni los que ya están cobrando dejarán de hacerlo.

Incomodidad política

La crisis desatada en el Parlament genera una honda incomodidad política. Primero, porque la responsabilidad afecta a todos los grupos del arco parlamentario, de la CUP al PP, que nunca se enteraron de cómo se iba ejecutando el mecanismo de beneficios para el personal y los altos cargos. El mandarinato había tomado el control y los políticos se limitaban a firmar. Luego, porque en la práctica solo Vox, que entró en la Cámara el año pasado, puede alegar y justificar su ignorancia. La mayoría de los grupos se esforzaron en aislar a los de Abascal. Ahora, esta estrategia se ha vuelto contra los defensores del 'cordón sanitario'.

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Antes de Navidad, Borràs intentó parar el escándalo modificando el régimen de licencia de edad, de manera que solo duraba tres años en lugar de los cinco previstos. Pero, una vez que estalló la información que publicó el diario 'Ara', la indignación social fue tal que pasaron al nuevo plan: suprimir el artículo 79 a través de una votación de la Mesa Ampliada.

Demasiados flecos

Pero quedarán demasiados flecos. Por un lado, los potenciales beneficiarios; por otro, los que aún están percibiendo la prebenda. Por último, el propio estatus del Parlament, una institución que no se somete al control de la Sindicatura de Cuentas, que no asume las exigencias de transparencia del resto de la Generalitat —todavía no se sabe la totalidad del dispendio que ha supuesto esta medida— y que para volver a ganarse la confianza deberá modificar muchas cosas que hasta ahora se daban por buenas, por ejemplo, la discrecionalidad con la que los grupos parlamentarios manejan sus presupuestos o la laxitud con la que se actúa a la hora de interpretar la normativa propia, por ejemplo, el régimen de incompatibilidades.

Laura Borràs ha encargado a los letrados del Parlament, un cuerpo que se ha beneficiado en especial de este régimen tan ventajoso, que busquen ahora una salida legal para acotar estos flecos, en especial, qué hacer con la docena de peticiones y con los 21 altos cargos y funcionarios que ya están percibiendo estos salarios. En los próximos días tienen que presentar su propuesta.