Comienza el vaciado parcial del vertedero con el que Jordi Pujol hijo dio un 'pelotazo'

La Generalitat va a proceder dentro de un mes a vaciar parcialmente el vertedero de Vacamorta, una infraestructura polémica y maldita. El equipamiento, considerado ilegal por la Justicia, le granjeó a Jordi Pujol Ferrusola un jugoso negocio. El hijo del 'expresident', junto a varios socios, se hizo con la concesión y la vendió luego a FCC, con unos beneficios de casi seis millones de euros. Y aunque los tribunales dictaminaron que el lugar que ocupa el vertedero en Cruiïlles (Girona) tenía que restablecerse a su estado original, la Administración catalana solo va a proceder a retirar 20.000 toneladas de residuos. La operación costará 2,4 millones de euros y, según el anuncio publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el pasado miércoles, los interesados tienen un plazo de cuatro semanas para presentar alegaciones.

Vacamorta se ubicó en una antigua cantera de arcilla y Pujol Ferrusola entró en el negocio asociándose con su amigo Gustavo Buesa y con Josep Mayola en el año 1999. En 2003, vendió sus acciones a la constructora FCC. Fue una operación parecida a la del vertedero de Tivissa, puesto en marcha también en 2000. En Tivissa (donde Pujol Ferrusola obtuvo 5,3 millones de euros de plusvalía, tras vender la empresa a FCC, donde estaba su gran amigo Jordi Riera), no hubo problemas legales, pero en Vacamorta se interpuso una querella que dio como resultado una primera sentencia en el mismo año 1999 y otra en 2003, declarando ilegal la infraestructura. El fallo fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2006. Aun así, el equipamiento continuó en activo hasta 2014. En 2015, el TSJC determinó que debía cerrarse y dejarse los terrenos como estaban antes del año 2000. Desde entonces, la Generalitat ha ido pidiendo aplazamientos de ejecución.

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La solución propuesta ahora, sin embargo, ha soliviantado todavía más a los vecinos de la zona y a las organizaciones ecologistas: en el vertedero se acumulan casi tres millones de toneladas de residuos y solo se van a retirar 20.000, lo que es considerado una burla. “No creemos que la iniciativa de la Generalitat sea idónea. Queremos que se cumpla la sentencia, que dice que debe vaciarse todo y dejar los terrenos iguales a como estaban antes del año 2000, cuando había en el lugar agua con patos. Nosotros hemos recibido el escrito de la Generalitat este jueves 21 de octubre y lo vamos a estudiar para presentar alegaciones”, explica a El Confidencial Mercè Girona, portavoz del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA). Esta entidad trabaja mano a mano con el Ayuntamiento de Cruïlles y con la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC).

Que Pujol pague si es culpable

En abril pasado, CEPA y PAAC dirigieron un escrito al TSJC exigiendo la ejecución forzosa de la sentencia y denunciaban oscuros intereses tras el vertedero, recordando que, además de su dudosa aprobación al estar impulsado por Jordi Pujol Ferrusola cuando su padre era presidente de la Generalitat, durante los primeros años del siglo, el primogénito del ‘president’ cobraba de ese negocio y “en cada ocasión que se paralizaba el proyecto judicialmente, se reproducían las gestiones para conseguir la reapertura y se abonaban nuevas facturas”.

En el escrito, piden que se ejecute la fianza y el seguro de la empresa explotadora para financiar el vaciado del vertedero y que, “en caso de que se dictase sentencia condenatoria en el procedimiento penal referido al caso Pujol, se pueda extender el coste de la ejecución del vaciado a otros responsables que puedan aparecer como tales en la mencionada sentencia”. Las entidades ecologistas también pidieron al TSJC “que se deduzca testimonio de particulares en el Juzgado de Instrucción de Barcelona por la posible comisión de un delito de desobediencia por parte del señor Josep Maria Tost”. Este fue el director de la ARC (Agencia de Residuos de Cataluña) hasta su cese en junio pasado y el ilícito aludido es no haber ejecutado la sentencia dictada ya en el año 2015 por el propio TSJC.

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Un auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, fechado el 16 de julio de 2020, recogía que “el vertedero obtuvo todas las autorizaciones y licencias preceptivas cuando el Ejecutivo autonómico estaba gobernado por el partido político CiU. Se da la circunstancia de que la Justicia, hasta en tres ocasiones, ha dictado sentencias por las que se ordena su paralización, cierre y vuelta a su estado original de los terrenos (…) La ganancia patrimonial total atribuible a Jordi Pujol Ferrusola en esta operación ascendió a 5.287.129,25 euros”.

Las gestiones de Pujol Ferrusola fueron efectivas: en febrero de 2003, el vertedero se clausuró por orden judicial, pero el 10 de abril ya tenía nueva licencia concedida por la Generalitat que presidía su padre. Al mes siguiente, el primogénito recibió 81.200 euros de la compañía Servitransfer, propiedad de Buesa. En los años siguientes, fueron transferidos cientos de miles de euros desde las sociedades de ese empresario a las de Pujol Ferrusola. Además, el juez destaca que Jordi Pujol Ferrusola controlaba la sociedad Intertrust Limited, radicada en el paraíso fiscal de la Isla de Man, que a su vez controlaba Rakestone Limited, también en el mismo domicilio, y esta controlaba Nordic Caps, de Dinamarca, que fue la que entró como socia en el vertedero. Toda una ingeniería financiera para sacar provecho de la basura catalana. La intención, dice el juez, era “ocultar la identidad del último propietario”.

Sin consultar con los ayuntamientos

Mientras la investigación sobre los Pujol sigue su marcha, el problema está ahora en cómo vaciar los tres millones de toneladas del vertedero de Vacamorta. La Generalitat realizó un informe, sin consultar con los ayuntamientos, en el que proponía varias alternativas. Una de ellas era depositar los residuos en el vertedero de Tivissa, en el de Riba-roja o en el de Hostalets de Pierola. “Eso crea varios problemas: en primer lugar, los vertederos están pensados para funcionar unos 10 años, pero si llevas una gran cantidad de material, acortas su vida útil. Existe la posibilidad de repartir los vertidos de Vacamorta entre varios, lo que mitiga un poco la situación, pero el impacto persiste”, explica a El Confidencial Joan Pons, responsable del grupo de residuos de Ecologistes en Acció de Catalunya.

Esta entidad resalta que, según reconoce la propia empresa explotadora, retirar todos los residuos implicaría utilizar 120 grandes camiones diarios durante cinco años, lo que costaría unos 160 millones de euros. Y si se trasladan a los vertederos mencionados anteriormente, se deberían realizar unos 140.000 viajes de camión de norte a sur de Cataluña. La alternativa, prevista por la propia Generalitat, sería abrir un nuevo vertedero en el Empordà, y se citaban las posibles ubicaciones en Peralada, Corçà y el propio municipio de Cruïlles, a escasos metros del actual. “La Generalitat se sacó de la manga ese informe y las posibles ubicaciones sin consultarlo siquiera con los alcaldes de las localidades afectadas. No hizo un proceso participativo y eso ya soliviantó a muchas entidades que estamos preocupadas por el tema”, añade Pons.

La portavoz de CEPA rechaza los informes de la agencia de residuos porque, asegura, "son poco rigurosos y muy parciales"

Mercè Girona explica que, “posiblemente, los tres millones de toneladas se reduzcan, al haber desecación de los residuos, pero hay alternativas que pueden minorar el impacto ecológico: se pueden aplicar técnicas de minería de vertedero para el aprovechamiento de algunos materiales, y se puede realizar una ruptura de descomposición que reduce los residuos. No es solo coger un camión, cargar y trasladar”. La portavoz de CEPA rechaza los informes de la agencia de residuos porque, asegura, “son poco rigurosos y muy parciales”. En la memoria de vaciado parcial puesta desde esta semana a exposición pública, se deja a la responsabilidad del contratista la búsqueda de otros vertederos para depositar las 20.000 toneladas de basura que se sacarán.

CEPA ya pidió la creación de una comisión con la presencia de todos los sectores afectados, pero su portavoz se queja de que, a la primera de cambio, la Generalitat tira por su lado. “Pedimos una comisión de seguimiento para realizar un control de la ejecución de la sentencia, que estaría formada por expertos. Pero de repente nos encontramos con que el Govern pone a exposición pública su intención de vaciar parcialmente Vacamorta sin tener conocimiento de esta iniciativa la propia comisión”, denuncia Mercè Girona. La chapuza de la licencia se traslada ahora, pues, a la retirada de los residuos y la limpieza de la antigua cantera.