La Generalitat se pone de perfil con Cuevillas tras su expulsión de la Mesa del Parlament

La Generalitat, en la persona de su portavoz, la 'consellera' Meritxell Budó, ha evitado apoyar al todavía secretario segundo de la Mesa del Parlament, el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que ha presentado su renuncia, complicando el acuerdo de investidura. Budó se ha excusado en la separación de poderes entre legislativo y ejecutivo para no explicitar el criterio que tiene la Generalitat: si apostar por las desobediencias simbólicas, como Quim Torra con la pancarta, o si buscar choques más estratégicos con el Gobierno español, lo que defiende Alonso-Cuevillas. Es evidente que desde que se fue Torra, la Generalitat está más en la línea Cuevillas que por la que aboga la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Ante la polémica de qué estrategia ha de seguir la Generalitat, Budó se ha puesto de perfil. Para ello, se ha apoyado en dos conceptos: "La separación de poderes" y la situación del "Govern en funciones, que carece de potestad legislativa, por lo tanto no tenemos que pronunciarnos".

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"Hay separaciones de poderes entre el legislativo y el ejecutivo y nosotros no tenemos que interferir en los debates que se producen en el Parlament", ha insistido Budó, que ha pedido que "se deje trabajar al equipo negociador y ha de ser el nuevo Govern que salga de esta negociación el que se posicione sobre esta estrategia".

Budó ha mantenido que "la Generalitat no ha de interferir en lo que se haga en el Parlament de Cataluña. No hemos de decidir sobre lo que se debate ni sobre lo que no en el Parlament". La 'consellera' de la Presidència ha asegurado que, de llevarse a cabo sus valoraciones, "serían personales y no me toca a mí entrar en esto".

Sobre que se haya revocado el tercer grado de Dolors Bassa y Carme Forcadell, Budó ha asegurado que "no por previsible no nos causa menos indignación Era una cuestión de tiempo que se revocase este tercer grado, tal y como ya nos temíamos. Se les quita sus derechos penitenciarios por ser quienes son y esta última decisión prueba que el Estado español no busca justicia sino venganza".