Torra encargó un informe para implantar una criptomoneda en Cataluña y no lo pagó
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LA GENERALITAT, EN LOS TRIBUNALES

Torra encargó un informe para implantar una criptomoneda en Cataluña y no lo pagó

La confección de este informe coincidió en el tiempo con la iniciativa del Gobierno central de regular por ley las competencias de la tecnología Blockchain

placeholder Foto: El expresidente de la Generalitat Quim Torra. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Quim Torra. (EFE)

La Generalitat de Cataluña afronta un pleito en los tribunales después de que hubiese encargado, con Quim Torra aún en la presidencia del Govern, un informe sobre tecnología Blockchain y criptomonedas y no lo hubiese pagado. En realidad, lo que pretendía el Govern era poder emitir una criptomoneda catalana al margen del euro, con la vista puesta en una eventual separación de España. En los momentos en que se encargó el informe, el fugado Carles Puigdemont movía sus hilos para impulsar a Cataluña como un paraíso de criptomonedas. De hecho, su equipo había diseñado esa estrategia para que Rusia viese con simpatía el proyecto y lo apoyase, aunque solo fuese para crear interferencias en un territorio de la UE. Puigdemont y Torra pretendían reproducir en tierras catalanas lo que Estonia había hecho un año antes, con la creación de una moneda propia virtual.

El informe en cuestión, que costaría 9.999,44 euros, fue encargado en el año 2019 y entregado a finales de diciembre de ese año. Su confección coincidió en el tiempo con la iniciativa del Gobierno central de regular por ley las competencias de la tecnología Blockchain y limitar los márgenes de maniobra de las autonomías en esa cuestión. El Gobierno catalán, que ya tenía entonces un abultado informe sobre el tema, optó por no pagar el trabajo realizado durante nueve meses.

El estudio fue encargado con base en el papel que deben jugar las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de la Administración pública

El estudio fue encargado con base en el papel que deben jugar las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración pública. “La tecnología Blockchain o DLT puede ayudar a los gobiernos a reducir la burocracia, fomentar la transparencia y mejorar la eficiencia de la Administración pública (…) Por otro lado, la vertiente más conocida de este tipo de tecnologías es la que ha estado vinculada al uso de las criptomonedas y las ICO [oferta inicial de moneda] relacionadas. El pasado año 2018, el G-20, en su reunión celebrada en Buenos Aires, analizó y recomendó la conveniencia de regular la tecnología de bloques para el uso de criptoactivos”, justificaba el Gobierno catalán este estudio.

La empresa SFT Servicios Jurídicos fue la encargada de realizar el estudio, que comenzó en el mes de abril de 2019. “La idea principal era conocer las posibilidades para hacer una criptomoneda. Cuando se nos pide ese informe, realizamos un trabajo brutal, que fuimos adaptando a cada una de las nuevas especificaciones que iba proponiendo el Govern”, explica a El Confidencial David Figueras, responsable del trabajo. La conclusión del informe era que “desde el punto de vista legal, no era viable una criptomoneda, pero había otros usos de la tecnología Blockchain y definimos una serie de aplicaciones concretas que se enmarcaban dentro de los cuadros normativos y que la Generalitat todavía no había desarrollado”.

El ejemplo a seguir

El informe, de casi 200 páginas, realiza un análisis de derecho comparado a nivel europeo. En este punto, se realizó un detallado estudio y un análisis internacional comparado de esta tecnología en China, Estados Unidos, Rusia, Uganda y Estonia. Sin embargo, lo que verdaderamente importaba a la Generalitat era el caso de esta república báltica, a la que Puigdemont y Torra habían puesto varias veces de ejemplo a seguir.

placeholder Carles Puigdemont. (Reuters)
Carles Puigdemont. (Reuters)

Así, el informe dispone de varios capítulos sobre el caso de Estonia, que de hecho es el país que tiene más desarrollada la Administración virtual. Por eso se hizo especial hincapié en un componente que a los responsables del Gobierno catalán les interesaba infinitamente: la emisión del estcoin, es decir, de una moneda virtual propia. El estcoin fue lanzado en agosto de 2017, emitido por el Banco Central de Estonia mediante una oferta inicial de moneda (ICO, por sus siglas en inglés). En realidad, la intención de la Generalitat era lanzar su propia ICO, aunque el estudio le dejaba claro que, aun siendo Estonia un país soberano, tuvo que reconducir el tema para diluir su moneda virtual y derivar el tema hacia un simple 'token' criptográfico. El informe es contundente: “Estonia, simplemente, no puede crear su propia criptomoneda aunque quisiese. La única moneda de Estonia es el euro y esta es una característica esencial por el hecho de ser miembro de la UE”.

El programa de la criptomoneda de Estonia se modificó “hacia un ‘token’ criptográfico con tres funciones principales: facilitar el crecimiento de la comunidad electrónica ('e-residentes'), poniendo el estcoin a disposición de todos los ciudadanos de la UE; como estcoin de identidad, para la firma digital de documentos y ‘smart’ contratos, y como estcoin del euro, para transacciones únicamente entre' e-residentes' y, por tanto, sin librecambio”.

Se realizó un detallado estudio y un análisis internacional comparado de esta tecnología en China, Estados Unidos, Rusia, Uganda y Estonia

Otra de las partes del estudio versa sobre “un análisis desde el punto de vista legal sobre qué se puede hacer y qué no con las CBDC, que son las criptomonedas emitidas por una autoridad, y la legalidad que pudieran tener las CBDC”. En este sentido, el estudio alerta a la Generalitat de dos observaciones del Banco Central Europeo (BCE): “Por un lado, la emisión de una moneda digital del banco central no depende del uso de una tecnología específica como DLT”. Esta tecnología es similar a Blockchain (de hecho, toda tecnología Blockchain es DLT, o sea, 'distributed ledger technology'), pero con algunas particularidades concretas. La segunda consideración es que “el CBDC no constituiría un nuevo tipo de activo. Por tanto, el BCE considera, en base a estas ideas, que se han de analizar los CBDC separadamente de las criptomonedas. Además, establece como principio que el estatuto del euro como moneda única de los 19 Estados miembros de la UE no está ni se puede poner en discusión”.

Limitaciones legales

La única puerta que le quedaba a Cataluña era la de diseñar, “en principio, un CBDC como un activo ‘user-friendly and risk-free’ que responda a la demanda del público para una economía digitalizada y segura, si bien su creación podría inducir a sus titulares a retirar una cantidad sustancial de liquidez del sistema bancario, influyendo así en su capacidad de financiar la actividad económica en tiempos normales”. Concluye también que el BCE considera que es necesario limitar las emisiones de criptoactivos inyectados en la economía.

La tercera parte del informe realiza una propuesta de actuación de Cataluña, proponiendo el uso de las nuevas tecnologías en casos prácticos que se podían empezar a implementar ya sin problemas legales. “Se daban soluciones y se proponían casos concretos en que la tecnología 'Blockchain se podría aplicar y que ayudaba mucho a la ciudadanía”, añade David Figueras.

Foto: Foto: Clínica Diagonal de Barcelona.

Para el responsable del informe, en esos momentos apareció la normativa estatal de regulación del Blockchain y hubo un cierto revuelo. “Nosotros éramos partidarios de que el informe se enviase al Parlamento para que todos los grupos pudiesen tener conocimiento del mismo, pero lo que hizo la Generalitat, en cambio, fue meterlo en un cajón y darlo por no entregado, como si nunca hubiese existido. Lo que queremos es que pague por un trabajo que sí se ha hecho”.

Lo cierto es que el Govern alegó que la comparativa de regulaciones “es poco concreta y no entra en analizar en más profundidad aspectos normativos” y que la propuesta de regulación catalana sobre las tecnologías TLD tampoco “se concreta con la suficiencia y alcance jurídico que el trabajo requiere”. Esas alegaciones, a toro pasado y cuando ya había transcurrido un mes desde la entrega del informe, provocaron, a la postre, la presentación de una demanda que ahora tramita el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Barcelona.

Foto: El exdirigente de CDC y empresario David Madí. (EFE)

De hecho, la empresa había entregado un primer informe en agosto de 2019. A su presentación, la Generalitat solicitó una ampliación del objeto del contrato y durante los tres meses siguientes se fue ampliando el estudio con base en las nuevas peticiones del Govern, hasta que el cuarto informe, a comienzos de diciembre de ese año, fue el definitivo. Por eso, Figueras se queja de que “no se puede dejar de pagar argumentando que no se hizo un trabajo en profundidad, al revés. Otra cosa es que pueda haber razones ocultas, como el hecho de que no les interesase dar a conocer que habían gastado dinero en un informe sobre cómo montar una criptomoneda propia cuando el Gobierno central acababa de restringir el uso de las nuevas tecnologías por parte de las autonomías”.

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