Salvar a Puigdemont incendiando la calle
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tras la quinta jornada de protestas

Salvar a Puigdemont incendiando la calle

Las protestas buscan trasladar una imagen de una España poco democrática y entorpecer así la tramitación en el Parlamento Europeo del suplicatorio del expresident catalán

placeholder Foto: Unos vecinos apagan un fuego provocado por los manifestantes en Girona. (EFE)
Unos vecinos apagan un fuego provocado por los manifestantes en Girona. (EFE)

“El rapero Hasél entre rejas por unos tuits críticos con Juan Carlos”. “Es sabido que es arriesgado arremeter contra los gobernantes en los estados autocráticos, pero las críticas también pueden ser arriesgadas en España”, titulaba, el 19 de febrero, el diario Tagesspiegel de Berlín. Ese mismo día, en la otra punta de Europa, el semanario católico milanés Famiglia Cristiana titulaba: “La detención de Pablo Hasél reactiva el debate sobre la libertad de expresión”.

El apresamiento del rapero por los Mossos d’Esquadra, el 16 de febrero, en la Universidad de Lleida, suscitó una retahíla de artículos en la prensa europea perjudiciales para la imagen de España. Las manifestaciones que se sucedieron a continuación supusieron un golpe aún más demoledor para la reputación de España.

“Continúan los enfrentamientos en España después de que un rapero se convierta en musa de la libertad de expresión”, se podía, por ejemplo, leer en la portada de la web del diario francés Le Monde el 19 de febrero. “La condena a prisión de un artista de rap en España enciende las protestas por la libertad de expresión”, titulaba, ese mismo día, el británico Financial Times.

Foto: La vicepresidenta primera Carmen Calvo (c) interviene en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le vicepresidente segundo Pablo Iglesias. (EFE)

A los titulares de prensa escrita se añaden los vídeos con escenas de violencia, sobre todo en Barcelona, que tanto circulan por las redes, y los comentarios que les acompañan en los medios audiovisuales. “Pablo Hasél fue encarcelado por lo que él describe como una cuestión de libertad de expresión (…)”, recordaba el domingo la televisión británica Sky News. “Pablo Hasél se ha convertido en el símbolo de la libertad de expresión en España tras su condena a nueve meses de prisión por sus tuits en los que insultaba a las fuerzas del orden españolas y arremetía contra la monarquía”, señalaba Franceinfo, radio pública francesa.

A veces, más allá de los titulares de brocha gorda, el análisis de los medios es más fino. Hasél no queda entonces como el abanderado de la libertad de expresión y España no es un régimen algo dictatorial contra el que se rebelan los jóvenes que se echan a las calles. La primera lectura de la prensa, aquella que se ciñe a los caracteres gruesos que encabezan los artículos, es, sin embargo, devastadora para la imagen de la democracia española.

Si a esos titulares se añaden las declaraciones, el 8 de febrero al diario ARA, de Pablo Iglesias, en tanto que vicepresidente segundo del Gobierno -recalcó que en “España no hay una situación de plena normalidad democrática”- el daño es aún mayor.

Las manifestaciones en Cataluña reivindicando la libertad de Hasél están protagonizadas por el mismo núcleo duro que llevó a cabo, en octubre de 2019, las protestas callejeras contra la condena por el Tribunal Supremo de los políticos independentistas. Su organización es idéntica como lo es la violencia que practican. En ellas participan, además de los cabecillas vinculados al independentismo, antisistemas y hasta menores no acompañados que se echan a la calle a la menor oportunidad, según indican fuentes policiales.

placeholder Disturbios posteriores a la manifestación celebrada en Girona. (EFE)
Disturbios posteriores a la manifestación celebrada en Girona. (EFE)

La gran diferencia con lo que sucedió hace 17 meses es que esta vez los eslóganes independentistas no afloran en las manifestaciones que se han desarrollado en Cataluña. A través de las redes sociales hubo también convocatorias para protestar en Madrid, Valencia, Pamplona y Granada y Bilbao, pero la afluencia nunca alcanzó las cotas catalanas.

La convocatoria de estas manifestaciones, supuestamente en pro de la libertad de expresión y sin connotaciones independentistas, coincide con la recta final de la tramitación, en el Parlamento Europeo, del suplicatorio de los tres eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. El ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, el búlgaro Angel Dzhambazki, concluyó la semana pasado su informe en el que, según el diario ABC, recomienda atender la petición del Tribunal Supremo de España y levantar la inmunidad de los tres prófugos de la Justicia española.

Conceder el suplicatorio no significa entrar en el fondo de la cuestión sobre la culpabilidad de los tres eurodiputados. Consiste en determinar que los tres políticos nacionalistas catalanes no van a ser enjuiciados en España por su labor como eurodiputados, algo que es evidente, sino por actividades anteriores.

La Justicia belga deberá entonces pronunciarse sobre si ejecuta la orden europea de detención y entregada formulada contra Puigdemont y Comí

El informe de Dzhambazki se debatirá el lunes 22 de febrero en la Comisión de Asuntos Jurídicos del PE y a continuación se votará. Si, como parece probable, se adopta por mayoría, pasará entonces al pleno de la Eurocámara de la segunda semana de marzo. Ahí su aprobación no está del todo garantizada. Los Verdes (73 diputados) y el GUE (grupo de izquierda confederal, 52 diputados) se pronunciarán, por ejemplo, en contra. Los eurodiputados de Podemos e Izquierda Unida dudan entre la abstención y el voto en contra y, lo más probable, es que opten por este último provocando nuevos roces en el Gobierno de coalición.

Si las imágenes de la supuesta revuelta en pro de la libertad de expresión en las calles de una decena de ciudades españolas hacen mella entre los eurodiputados –en el PE hay libertad de voto- es posible que la mayoría a favor del suplicatorio se reduzca. Los asesores de los tres parlamentarios se están encargando de hacérselas llegar a los miembros no españoles de la Eurocámara. ERC se dispone además a solicitar que el voto sea secreto con la esperanza de que diputados socialistas y democristianos no secunden a sus grupos parlamentarios.

Foto: Manifestación en Barcelona por la encarcelación de Pablo Hasél. (EFE)

Un rechazo del suplicatorio sería un revés de gran calibre para España. Esta vez no sería un juez belga o alemán el que desestimaría la petición cursada por el Tribunal Supremo sino el órgano de representación de los pueblos del Europa en que los socialistas españoles ejercen, en teoría, una gran influencia.

El levantamiento de su inmunidad no significa que Puigdemont, Comín y Ponsatí sean extraditados a España. La Justicia belga deberá entonces pronunciarse sobre si ejecuta la orden europea de detención y entregada formulada contra Puigdemont y Comí que son residentes en el país. Ponsatí era residente, al menos hasta recientemente, en el Reino Unido.

Un antecedente indica que no parece muy proclive a entregarlos. A principios del mes pasado el tribunal de Apelación de Bruselas rechazó, por segunda vez, la euroorden lanzada contra el “exconseller” Lluis Puig que también se han instalado en Bélgica y que no goza de inmunidad parlamentaria.

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