La factura 'indepe': que España pague 7.600 M en atrasos y acabar con el déficit fiscal

Los independentistas catalanes ya tienen cuantificado el daño económico producido por España a Cataluña durante los últimos años. "Los agravios del Estado con Cataluña suman un total acumulado de 7.600 millones de euros, entre los que se pueden destacar 688 millones para la financiación de los Mossos para el periodo de 2010 a 2018, 3.710 millones de la disposición adicional tercera del Estatuto y 2.871 millones para la infradotación de la Ley de Dependencia", recoge el programa de Junts per Catalunya (JxCAT), la candidatura que encabeza el encarcelado Jordi Sànchez y que está auspiciada por Carles Puigdemont. Son las cifras que pondrán encima de la mesa para negociar. O, al menos, para intentar rentabilizar su fuerza electoral.

Los soberanistas detallan cada una de las partidas. "El Estatut de 2006 incorporó la disposición adicional tercera que establecía que durante 7 años (2007-2013) el Estado invertiría en Cataluña un porcentaje equivalente al peso del PIB catalán en el PIB español y que, si la ejecución efectiva era inferior, el Estado pagaría a la Generalitat el importe pendiente de ejecutar. Este compromiso solo se cumplió en la liquidación del presupuesto de 2007. En el conjunto del periodo 2008-2013, queda pendiente de satisfacer a la Generalitat 3.710 millones de euros".

El TC declaró 5 inconstitucionales, con una pérdida de recaudación anual de 818 millones de euros

También recogen que desde 2013, la Generalitat aportó el 75% de la financiación pública de la Ley de Dependencia. Se estima que hasta 2017 hay "una insuficiencia acumulada de aportación que le correspondía al Estado de 2.871 millones de euros, es decir, 367 millones de euros anuales desde el 2012".

Los independentistas se quejan de que el actual modelo de financiación es discriminatorio para Cataluña, que es el tercer territorio en capacidad tributaria y el penúltimo en recursos recibidos en términos reales. Además, subrayan que "cuando Cataluña ha querido incrementar sus ingresos utilizando medidas tributarias, el Estado lo ha impedido acudiendo al TC y retardando e incluso imposibilitando la aplicación de nuevos tributos. El TC declaró 5 inconstitucionales, con una pérdida de recaudación anual de 818 millones de euros (Impuesto de Depósitos Bancarios, 625,7 millones; tasa sobre la expedición de la receta farmacéutica, 145,6 millones; Impuesto sobre producción de la energía termonuclear, 30 millones; Impuesto sobre contenidos digitales, 13,4 millones; tasas judiciales, 3 millones)".

El dinero que no llega

Hay más agravios: "La Generalitat tiene competencia exclusiva en la acogida e integración de refugiados. La creciente llegada no se ha visto compensada. El Gobierno del PP anuló el Fondo Estatal de Acogida (FAIRE), que suponía para Cataluña 43,5 millones de euros. El Ejecutivo español incumple las sentencias que le obligan a transferir estos recursos a la Generalitat".

Entre 10.000 y 16.500 M anuales, unos 41 M diarios marchan de Cataluña y no vuelven. Esto supone un 8% de la riqueza de Cataluña desde 1986

Los agravios se extienden más allá: reconocen que "entre 2012 y junio de 2018, Cataluña cubrió 60.525,2 millones de euros de endeudamiento mediante créditos del FLA y 8.258 millones mediante otros mecanismos de liquidez. En este periodo, la Generalitat pagó en concepto de intereses al Estado español un total de 2.549,8 millones". Pero sacan a la palestra el reiterativo tema del déficit fiscal (en el que, dicho sea de paso, no se observan los pagos de servicios prestados por el estado, desde pensiones a desempleo, pasando por aduanas, seguridad, defensa o Exteriores). Así, relatan que "el déficit fiscal de Cataluña respecto a la Administración central del Estado (es decir, lo que Cataluña paga al Estado español y que éste no le devuelve) es estructural. Entre 10.000 y 16.500 millones de euros anuales, unos 41 millones diarios marchan de Cataluña y no vuelven. Esto supone un 8% de la riqueza de Cataluña desde 1986".

A estas situaciones le suma el quebranto ocasionado por decisiones del Gobierno español. Según JxCAT, los objetivos de déficit obligaron a reducir el gasto sanitario en Cataluña en un 14% entre 2010 y 2014. "Al mismo tiempo, el Gobierno estatal ha ido incrementando el gasto que corre a cargo de Cataluña con el incremento de la cartera básica de Salud (nuevos tratamientos de hepatitis o la vacuna del neumococo), con el incremento del IVA de algunos productos (instrumental sanitario, productos farmacéuticos), pasando del 10 al 21% por requerimiento de la UE, pero que supuso un sobre coste para la Generalitat de 68 millones anuales a favor del Estado sin contrapartida".

Además, subrayan, ha de contarse la "asistencia sanitaria a desplazados. Son pacientes residentes en otras comunidades autónomas que han sido atendidos en Cataluña y pagados por la Generalitat y por los cuales no se está recibiendo la compensación correspondiente de su comunidad autónoma de origen. Se valora en un mínimo de 18,5 millones anuales".

Por tasas judiciales y asistencia jurídica gratuita, el Estado, aseguran desde JxCAT, recaudó entre 2013 y 2017 unos 40 millones de euros "que no ha abonado a la Generalitat, que tiene transferidas las competencias en materia de Administración de Justicia".

Un salario mínimo de 1.100 euros

Acusan al Ejecutivo central también de haber reducido la financiación en programas de políticas sociales en un 87,1% y de que "de cada 100 euros presupuestados en Cataluña, al sólo acaban llegando 65 y en materia de infraestructuras sólo se acaban haciendo realidad un 13% de los proyectos previstos en los Presupuestos. Todo lo contrario de lo que pasa en Madrid, donde de cada 100 euros presupuestados se acaban invirtiendo 113".

Los números recogen también que "la media de ejecución de 2001 a 2017 de las inversiones presupuestadas por el Estado se sitúa en el 77,7%. De media, cada año se ha dejado de ejecutar un 23% de la inversión presupuestada. En otras palabras, en materia de inversiones del Estado en Cataluña, de cada cuatro años, un año entero siempre sale gratis". Para muestra, un botón: "El Plan de Cercanías de Cataluña (2008-2015) había de suponer una inversión de más de 4.000 millones de euros, que incumplió el Gobierno socialista y que incumplió el Gobierno Rajoy. Diez años después, sólo se ha ejecutado el 14%".

En el sector de la energía, los independentistas acusan de que la reforma del sector eléctrico impulsada por el estado impactó negativamente en las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de cogeneración, energías renovables y residuos: "3.866 instalaciones en Cataluña pasaron de tener una prima de 732 millones de euros a una prima de 543 millones de euros, lo que supone una pérdida de incentivos de 189 millones de euros y una pérdida de retribución de más del 25%".

Paralelamente, los independentistas reclaman situar el salario mínimo interprofesional catalán en 1.100 euros (en lugar de los 900 euros estatales). La propia Laura Borràs, número 2 de la candidatura (y la cabeza de lista efectiva, ya que el número 1 está encarcelado) justificó este viernes esta petición porque "en Cataluña, el coste de la vida es más elevado". En este sentido, se mostró a favor de subir el salario a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil hasta equipararlo con el de los Mossos d’Esquadra.