JxCAT pasa a la defensiva antes de la campaña: pide indultos y dinero para fianzas

JxCAT pasa a la defensiva a las puertas de la campaña por el 21-D. La formación liderada por Carles Puigdemont está notando la presión judicial, más evidente tras ser encausados una treintena de altos cargos de la Generalitat y TV3 por la organización del 1-O. La número dos por el Congreso, Laura Borràs, ha hecho un llamamiento a los catalanes para que nutran la caja de solidaridad del independentismo, ya que todos estos cargos han de hacer frente a fianzas por los delitos de que se les acusa en el juzgado de instrucción número 13 y que suman 5,8 millones. Si la cifra no se hace efectiva, empezarán los embargos. Pero el giro a la defensiva había empezado el fin de semana, cuando se supo que JxCAT, en su programa, anunciaba que iba a pedir el indulto en caso de que hubiera condenas firmes.

Los líderes de JxCAT siempre habían rechazado el indulto: Jordi Sànchez, número uno por el Congreso, o Carles Puigdemont, candidato a las europeas, o Elsa Artadi, número dos por el Ayuntamiento de Barcelona. En todo caso, la postura oficial era que “el indulto era una cuestión personal” de cada uno de los presos. Ahora hay “demasiadas cuestiones personales”, más de 50 entre los acusados en el Tribunal Supremo, los de la Audiencia Nacional (Josep Lluís Trapero), los que juzgará el TSJC (la antigua Mesa del Parlament) o en el 13, el resto de los acusados esta semana. Así, el programa ahora reza: “Damos por hecho que habrá absolución de presos políticos, pero de lo contrario, exigimos un inmediato indulto y excarcelación”. Donde dije digo, digo indulto.

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Este giro da la oportunidad a JxCAT de que sea la formación la que pida el indulto, aunque luego los presos tendrán que aceptarlo, lo que tiene un punto de sumisión al Estado. Por eso, por ejemplo, el teniente coronel golpista de la Guardia Civil Antonio Tejero nunca aceptó el indulto y por ello pasó 13 años en la cárcel hasta que pudo optar al tercer grado.

Con la 'caixa de solidaritat' ha pasado algo parecido. Hace meses, se sacaba pecho de que habían recaudado desde “los hechos de octubre” más de nueve millones. Pero ha habido muchos gastos. A principios de diciembre, quedaban 4,2 millones de euros, según reconoció la asociación Foment de Caixa de Solidaritat. Pero los gastos de sanciones desde a diputados hasta a miembros de los CDR están suponiendo una verdadera sangría. De ahí el llamamiento de urgencia de Borràs, al que se han sumado TV3 y el resto de medios públicos vinculados a la Generalitat.

Nuevos gestores

El problema es que la nueva exigencia de 5,8 millones dobla lo que ahora queda en la caja. Y la militancia ya está muy exhausta. El Consell per la República pide dinero, la Crida pide dinero, diversas webs solicitan fondos, como es el caso de Defensa Exili o las asociaciones de familiares. La caja de solidaridad cubre multas, fianzas y algunos asesoramientos jurídicos, aunque a nivel local o comarcal prefiere que en caso de pequeñas cuantías lo abonen las organizaciones locales.

En la caja de solidaridad independentista, hace cuatro meses había 4,2 millones, pero ahora tiene que cubrir fianzas por 5,8 millones. Hay un decalaje

En 2017, la 'caixa de solidaritat' estaba gestionada por la ANC. Pero en noviembre del año pasado se creó la asociación Foment de Caixa de Solidaritat, con sede en Barcelona, a medida que la ANC se desmarcaba de los planteamientos de ERC. Se precisaba que tanto dinero estuviese en manos neutrales.

Por eso se creó la asociación que gestionaban los tres expresidentes del Parlament, Joan Rigol, Núria de Gispert, ambos de Unió, y Ernest Benach (ERC). Se puso así la 'caixa de solidaritat' al margen de intereses partidistas. Además, estos partidos también están destinando buena parte de sus fondos a defensas legales, que en el caso de los militantes no cubre esta asociación.

Otros retos

El independentismo ha fijado en la sentencia del Tribunal Supremo el gran punto de inflexión. Pero una vez que la Justicia se pone en marcha, es una maquinaria inflexible. Y como muestra, la causa del 13, que ha provocado la última oleada de imputaciones. Tal y como van las cosas, la sentencia que dictará el magistrado Manuel Marchena no será el final de nada, sino el principio de todo. Sentará jurisprudencia, que servirá de base para nuevas sentencias que se llevarán por delante toda una generación de políticos independentistas a golpe de inhabilitación y otras penas. Así que ha llegado el momento de minimizar los daños: indultos y cajas de solidaridad. Un nuevo ritmo para los malos tiempos que se avecinan.