Así prepara el independentismo la venganza contra las empresas que dejaron Cataluña

"La finalidad de nuestra candidatura es retornar la representatividad de las Cámaras de Comercio a las pymes, comprometerlas con la situación política de nuestro país, reducir el carácter presidencialista y hacer de ellas las verdaderas catalizadoras de nuestro tejido empresarial". Ese es uno de los puntos que el Cercle Català de Negocis (CCN) quiere imprimir a una supuesta candidatura independentista que controle la Cámara de Comercio de Barcelona, así como otras candidatura similares a cada una de las cámaras de comercio de Cataluña.

La intención de los 'indepes' es controlar el máximo de instituciones posibles y, entre ellas, las que tienen el poder económico. En la Fira de Barcelona, los soberanistas lograron la presidencia al poner a Pau Relats en la misma, gracias a la pasividad de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, alineada estratégicamente con el independentismo. En el mes de mayo les tocará el turno a las cámaras de comercio, a las que los independentistas quieren acceder para iniciar una criba ideológica en la institución.

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Juanma Romero

De momento, se perfilan cuatro candidaturas para relevar a Miquel Valls en la presidencia de la Cámara de Comercio de Barcelona, la más poderosa y un auténtico bastión de poder económico. A su presidencia aspiran, de momento, el financiero Carles Tusquets, que representaría la línea más continuista; Ramon Masià; el empresario Josep Maria Torres, considerado el candidato de la Pimec; y, posiblemente, Enric Crous, exdirector general de Damm y de Cacaolat que podría recoger el interés de los independentistas y postularse con su apoyo, aunque no hay nada claro aún, porque él recalca por dónde va: que 'son unas elecciones de empresas, no políticas'. Pero el poso ideológico es el que es.

Venganza pura y dura

La intención del CCN —y, consecuentemente, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la entidad que utilizan tanto Carles Puigdemont como Quim Torra para movilizar a la sociedad— es purgar a las empresas que trasladaron su sede de Barcelona a otros lugares de España y, a cambio, premiar a multinacionales que invirtieron en Cataluña los últimos meses con puestos estratégicos en las cámaras catalanas.

Los ultraindependentistas no se esconden. "Uno de los objetivos principales de esta candidatura es excluir de los órganos de gobierno de las cámaras a aquellas empresas que hayan trasladado su sede fuera de Cataluña e invitar a empresas extranjeras que hayan invertido en nuestro país", reconoce abiertamente el CCN. O sea, los que se hayan ido desde septiembre del 2017 serán borrados del mapa.

No es una estrategia nueva, pero sí peligrosa: lo que está demostrando el independentismo por boca del CCN y de la ANC es que el haber trasladado la sede social a otros puntos de España es una traición y que no se perdonará. Es más: es una amenaza directa con echar de las instituciones catalanas a empresas tan asentadas (y que a pesar de haber trasladado sus sedes continúan teniendo una importante presencia laboral en Cataluña) como el Banco Sabadell, La Caixa, Applus, Grupo Indukern, Allainz, MRW, Axa, Agbar, Grupo Planeta, Codorniu, Abertis, Cellnex, Grupo Gallo, Cementos Molins, Cervezas San Miguel, Catalana Occidente, Hotusa, Pirelli, Panasonic o Bimbo.

A pesar de los esfuerzos de los poderes públicos catalanes para esconder esta estrategia, el CCN arremete contra todo lo que no apoye el independentismo. Su intención es "comprometer a las Cámaras con la República y la soberanía fiscal", así como "desvincular nuestra economía del Ibex 35". Asimismo, pretenden promover la marca ‘Cataluña’ y restringir la marca 'Barcelona' a las empresas que tengan en esa ciudad "su sede social y fiscal". También quieren "recuperar un sistema bancario propio y el sistema de cajas de ahorro, establecer alianzas estratégicas con agentes económicos del Reino Unido y de la región del Eurosunbelt", vetar a las grandes corporaciones (lo que no cuadra con darles prebendas si han invertido en Cataluña) y "fomentar la concesión de obras públicas a empresas con capital catalán". Para aclarar la situación: forzar un 'Catexit' aliándose con los ingleses fuera de la UE y limitar el pastel del dinero público al grupo de amigos de toda la vida.

Politización de las cámaras

En un comunicado de hace un par de semanas, los independentistas ya destacaban que se comprometían a "invitar a las empresas extranjeras que han invertido en Cataluña a lo largo de los últimos años a que tomen parte en los órganos de gobierno de las cámaras, en sustitución de las empresas que recientemente han trasladado su sede social fuera de Cataluña". Ahora han dado una vuelta de tuerca: se le añade el hecho de que, según publicó 'La Vanguardia', la propia ANC ha elaborado un documento en el que denuncia que el Ministerio de Industria pretende "controlar una vez más las 13 cámaras de Cataluña" y, por ello, está decidida a transformar las juntas unionistas de los organismos o entes profesionales de Cataluña en juntas republicanas.

Todo un compendio, pues, de economía intervenida y 'estatalizada'. En su última comunicación, el CCN afirma que quiere "erradicar la compraventa de cargos en los órganos de gobierno", "racionalizar la estructura interna y evitar el presidencialismo" y "excluir de los órganos de gobierno a aquellas empresas que hayan trasladado sus
sede fuera de Cataluña y abrirlas a empresas que hayan invertido aquí". Es, en otras palabras, la politización de las cámaras empresariales elevada a la máxima potencia.

Ello significa dejar fuera de los órganos de decisión a las empresas más potentes de Cataluña por el mero hecho de no haber apoyado el independentismo. Las grandes corporaciones con miles de trabajadores que trabajan en Cataluña se verán privadas de su derecho a estar presentes en los órganos de decisión de las cámaras. Los
intentos de este diario por obtener una versión oficial de la situación no tuvieron éxito. Pero fuentes cercanas al CCN explican a El Confidencial que las grandes empresas que trasladaron su sede "ya tienen representación en otras cámaras del Estado, en las demarcaciones donde tienen su sede social. Su representatividad no se ve mermada por esa decisión". Pero no explican las fuentes porqué otras empresas extranjeras, que también tienen su sede social en otras demarcaciones, sí pueden estar presentes en los órganos de las cámaras.