Corrupción en la Costa Brava: el Consorcio del agua gasta 17 millones en servicios y salarios

Contratos a dedo, caos absoluto relativo a los bienes propios, desprecio de la competitividad y dictado de los precios de los servicios públicos al albur del político de turno son algunas de las irregularidades detectadas en el Consorcio de la Costa Brava, la entidad local que gestiona el agua de los municipios costeros de la Costa Brava, en Girona, que depende de la Diputación de Girona. Su presidente es Miquel Noguer, que ha delegado en el alcalde de Calonge, Jordi Soler, dicho cargo. La junta de gobierno está compuesta por los alcaldes de Colera, El Port de la Selva, Pals, Calonge, Santa Cristina d’Aro, Blanes y Roses. El gasto del Consorcio en bienes corrientes y servicios es de casi 16 millones de euros anuales, al margen del casi millón de euros en salarios.

La CUP ya denunció en febrero de 2017 que “las dietas del Consorcio Costa Brava percibidas por los cargos políticos que forman parte de él aumentaron el 862% durante el año 2016, llegando a cobrar 900 euros por cada reunión”. Para tapar las irregularidades, según este partido, las dietas se camuflaban fuera de los presupuestos del Consorcio.

Uno de los detalles que más llaman la atención del informe que ahora presenta la Sindicatura es que el Consorcio no dispone de un inventario de bienes

Uno de los detalles que más llaman la atención del informe que ahora presenta la Sindicatura, no obstante, es que el Consorcio no dispone ni siquiera de un inventario de bienes ni tiene constancia de la titularidad de sus instalaciones. “Esta falta de inventario y de titularidad de las instalaciones impide conocer cuáles son los bienes que están en régimen de cesión y/o adscripción y cuáles podrían ser propiedad del Consorcio, así como también impide conocer cuál era el importe del valor de todas estas instalaciones”.

Según el Consorcio, ya se ha adjudicado a una empresa que haga una relación de bienes de la entidad en la zona sur de la Costa Brava. Asimismo, se están elaborando los pliegos para licitar otras dos zonas: Costa Brava Norte y Costa Brava Centro. Estos dos contratos le costarán a las arcas públicas otros 70.000 euros. Se quejan, no obstante, que desde hace décadas los archivos del Consorcio están faltos de documentación sobre obras o infraestructuras ejecutadas por el MOPU, ayuntamientos, la Generalitat o el propio Consorcio, por lo que es imposible conocer con detalle la titularidad de diferentes estaciones de tratamiento de agua potable o de cañerías de conducción de agua.

También denuncia el informe de la Sindicatura que "los importes de los precios públicos de la actividad de reutilización del agua se aprobaron en la ordenanza fiscal del ejercicio de 2012 y no se basaban en ningún informe técnico y económico que detallase el coste de la actividad a que hacían referencia”. Y añadía el escrito: “Los precios públicos han de cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, excepto que existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público”.

Contratos a dedo

Pero eso no es todo: un total de 93 contratos evitaron ser adjudicados mediante concurso público. Se otorgaron a dedo, en una sucesión de irregularidades a veces difícilmente justificables. Esos contratos ascendían a 1,12 millones de euros (a los que hay que añadir el 21% de IVA). De ellos, la mayor parte se adjudicaron a las sociedades Empresa Mixta d’Aigües Costa Brava SA (EMACBSA) y Abastem. El resto fue concedido a empresas que, en muchas ocasiones, se vieron beneficiadas CON más de un contrato, totalizando decenas de miles de euros cada una. Según el Consorcio, esa partición de contratos no se efectuaba para eludir EL concurso público, sino porque la finalidad de cada uno de los encargos era diferente.

Ello no es óbice para que el informe de la Sindicatura denuncie que el Consorcio ha practicado una política irregular de contratación, de tal manera que “se observa una falta absoluta de utilización de los procedimientos de contratación previstos en la normativa vigente”. Subraya, asimismo, que toda la contratación realizada “vulnera la normativa contractual y, en concreto, vulnera los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia y, además, impide asegurar (…) una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, adquisición de bienes y contratación mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

Otra de las irregularidades detectadas es la creación de empresas mixtas para la gestión de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua. En esos contratos, se cubría la totalidad de los gastos de explotación y se garantizaba un beneficio industrial que oscilaba entre el 14,8 y el 16%, que se incrementaba anualmente con el IPC. “Todo ello hace que la verdadera naturaleza del contrato fuese la de un contrato de servicios y no la de un contrato de gestión de servicio público”. Según los expertos, dados los elevados importes (durante el año 2016, EMACBSA facturó al Consorcio casi 11,4 millones de euros, mientras que Abastem facturó casi 2,5 millones), “estos contratos se deberían haber licitado con publicidad comunitaria, se habría de haber ampliado el periodo de presentación de ofertas a 52 días y su duración no podría superar los cuatro o seis años como máximo”.

Otra de las irregularidades detectadas es la creación de empresas mixtas para la gestión de los servicios de saneamiento y abastecimiento

Ello da pie a denunciar que “no se está contratando con procedimientos que aseguren un adecuado cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y de control de gasto y con una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de los servicios”.

Limitación de la concurrencia

Para mayor abundamiento, los pliegos de las cláusulas no establecían el precio de la licitación, ya que este era decidido por la empresa ganadora del concurso, algo inaudito. ¿Y quién se beneficiaba de ello? Pues un grupo de privilegiados, ya que se introducía una cláusula esclarecedora: “Era preciso aportar un préstamo de entre 1,5 y tres millones de euros a la sociedad. Se considera que este requerimiento supone una limitación a la concurrencia”. De ese modo, pues, solo un grupo de privilegiados tenía acceso al grifo de dinero público que suponían los contratos más voluminosos.

Los pliegos de las cláusulas no establecían el precio de la licitación, ya que este era decidido por la empresa ganadora del concurso, algo inaudito

Las dos empresas que se llevaron el gato al agua fueron, de nuevo, Abastem y EMACBSA. La primera facturó en 2016 al Consorcio un total de 1,45 millones de euros, lo que “suponía un incremento acumulado del 16,9%, muy por encima del incremento previsto en el contrato”, que era del 8,4%. Las dos compañías también facturaron ese ejercicio 920.875 euros (EMACBSA) y 232.149 euros (Abastem) por “diversas actuaciones en mantenimiento y conservación”, sin especificar ningún detalle más. EMACBSA es una empresa mixta formada por Aqualia, Sorea y Searsa (tienen el 66,7%) y el propio Consorcio por otra parte (tiene el 33,3%). Abastem, por su parte, está formada por el Consorcio (que tiene un 48%) y las empresas privadas Aqualia y Sorea, que acumulan el 52% de su capital.

La CUP denuncia que las dos empresas mixtas ya aparecían en una auditoría realizada a finales de 2016 “con un reguero de irregularidades que afectaban a los socios privados, como, por ejemplo, la utilización de los recursos de la parte pública sin existencia de convenio o contrato, y la inhibición de hacer las aportaciones comprometidas en el mantenimiento y mejora de las instalaciones”. Ahora es la propia Administración la que advierte de que eso era ‘peccata minuta’ y que algo no va bien en la gestión del agua de la Costa Brava.