La Generalitat destina cuatro millones de euros a perpetuar barracones para escolares

El Gobierno catalán adjudicó este verano dos concursos por casi cuatro millones de euros para la construcción de barracones en las escuelas catalanas. En el curso que ha comenzado hace dos meses, Cataluña cuenta con 1.300 alumnos más y con 690 profesores de refuerzo. Pero la asignatura pendiente siguen siendo los centros escolares. Son incontables las veces que el Govern ha prometido erradicar los barracones.

El contraste es brutal: Cataluña es la comunidad donde los políticos tienen los sueldos más altos, pero también es la que tiene más barracones para escolares: casi 100 escuelas están en módulos prefabricados. Unos 1.015 de estos espacios albergan miles de estudiantes que, en ocasiones, han de soportar las inclemencias atmosféricas: o les llueve a raudales o se asfixian. No hay que olvidar que en verano de 2017 se originó una agria polémica porque las condiciones de algunos de los módulos, que carecían de ventilación, eran infrahumanas. Los niños tenían que asistir a clase con temperaturas extremas, superiores a los 30 grados centígrados.

Así, el pasado 25 de junio, la Consejería de Enseñanza adjudicó un contrato de 2,3 millones de euros para el suministro de “edificios prefabricados recuperables destinados a aulas de centros docentes públicos” de 15 metros cuadrados cada uno. El contrato se lo llevó la compañía Algeco Construcciones Modulares. Dragados accedió a otro contrato paralelo por valor de más de 1,4 millones para suministrar módulos similares, aunque de 30 metros cuadrados.

Curiosamente, el expediente se comenzó a tramitar el pasado mes de noviembre, con el artículo 155 en marcha, lo que apunta a que la actividad burocrática del Gobierno catalán no se paralizó en ningún momento. Los plazos para todo el proceso fueron los normales, hasta la apertura de plicas el 10 de enero de este año, y, a partir de ahí, el estudio de las ofertas y la adjudicación se realizó dentro de los plazos previstos. El total para la reposición de barracones, no obstante, llegará a los seis millones de euros, según se recoge en el contrato marco firmado por la Generalitat.

Pocos días después de la adjudicación del contrato para los módulos prefabricados, la Generalitat otorgó varios contratos para la compra de material para los centros públicos por valor de casi 1,5 millones. El grueso de esta partida se lo llevó la compañía Sacai, que se hizo con un contrato de 939.301,22 euros. El resto fue adjudicado a tres compañías y dos autónomos (uno vendió armarios y estanterías por 109.500 euros y el otro, material por 1.950 euros). Tanto las compañías fabricantes de barracones como la principal suministradora de material para aulas tienen su sede en la provincia de Madrid.

Este mes de octubre, Enseñanza adjudicó otros tres lotes de otro contrato de compra de material para aulas a la cooperativa Abacus, por un montante de 55.600 euros, así como dos lotes más a un particular por 5.100 euros. La adjudicación de los restantes cinco lotes quedó desierta.

La Administración, inflada

La cicatería en un sector tan sensible como el escolar contrasta con los dispendios monetarios en otros ámbitos. Algunos departamentos de la Generalitat, por ejemplo, han multiplicado sus altos cargos. Y no solo eso: a las estructuras se ha añadido la figura de secretarios de área (los secretarios tienen sueldos por encima de los directores generales).

Un ejemplo: en Presidencia hay cinco cargos con nivel salarial de consejero, además de la propia consejera, Elsa Artadi. Se trata del secretario general, el secretario del Govern, el director del gabinete jurídico de la Generalitat, el director del Instituto de Estudios del Autogobierno y el comisionado para el Despliegue del Autogobierno. Salen a más de 112.000 euros anuales por cabeza. Luego, hay dos cargos más con 101.000 euros de salario, cuatro con rango de secretario (87.270 euros al año) y 10 con rango de director general (83.649 euros). Jamás hubo tanto dinero en tan pocas manos en la Administración catalana.

En Vicepresidencia, hay cinco secretarios y 22 directores generales (o similares económicamente). En Acción Exterior, hay ahora tres secretarios y una docena de cargos equivalentes a director general. En Empresa, hay también tres secretarios y ocho directores generales; en Enseñanza, hay tres secretarios y nueve directores generales. Hasta en Trabajo se han creado tres secretarías y nueve direcciones generales.

Pero ya no es solo el elevado peso que soporta la administración burocrática de la Generalitat (los salarios de cualquier director general superan al del propio presidente del Gobierno español, ya que se han de contabilizar sus dietas). Lo que se evidencia con la apuesta por los barracones son las dudosas prioridades del Gobierno de Torra.

Porque los dispendios en los parches educativos coinciden con suntuosos gastos en otros ámbitos. Este martes, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, denunció el oscurantismo de los gastos de la diplomacia del Govern, al negarse los responsables de la Generalitat a ofrecer detalles sobre los fondos pagados al ‘think tank’ Independent Diplomat, al que se pagaron 1,6 millones de euros para que buscase gobiernos amigos y aliados del separatismo catalán.

Oscurantismo en los gastos

A los diputados de Ciudadanos les ocurrió lo mismo que a los del PP: cuando reclaman conocer los supuestos informes realizados por Independent Diplomat, se les deniega el acceso a la información por ser confidencial. Para Carrizosa, lo que se esconde tras ese oscurantismo es la evidencia de que el dinero sirvió para hacer propaganda independentista en el extranjero y apunta a que quienes urdieron tanto los contratos como esa estrategia de contratar al 'lobby' fueron Artur Mas, apoyado por el entonces consejero de Presidencia, Francesc Homs, así como los responsables del Diplocat.

La portavoz socialista, Eva Granados, también denunció que este lunes la oposición se quedó de piedra cuando, al llegar a la reunión de la Mesa del Parlament, se encontró con que los partidos independentistas habían decidido presentar un punto en el orden del día para realizar un viaje a Bélgica y entrevistarse con varios dirigentes políticos de aquel país: concretamente, con el diputado flamenco Peter Luykx, el ministro del Interior belga, Jan Jambon, y el eurodiputado de NVA Karl Vanlouwe. Nada de extraño tendría el caso si no fuese porque todos los contactos se realizan con los dirigentes de N-VA, el partido ultraderechista flamenco que apoya a los independentistas.

Esa es la duda de Granados: “Hay muchos viajes de diputados cada año y casi todos están justificados. Pero no entendemos que aquí se quiera hacer un viaje institucional y luego haya una serie de reuniones con determinados políticos muy significados ideológicamente”. Para distorsionar el sesgo independentista, los miembros de la Mesa propusieron que asistiesen al viaje el exvicepresidente primero del Parlament Josep Costa, más los miembros de la mesa de la comisión de Acción Exterior, que está formada por los independentistas Aurora Madaula y Gerard Gómez del Moral (de JxCAT y ERC) y la socialista Esther Niubó.

Esta ya ha dicho que no asistirá. “Les hemos dicho que si quieren hacer un viaje de partido, que cada partido se lo pague de su bolsillo, no de los fondos públicos”, señala Granados. Ante este revés, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado una nueva reunión de la Mesa para el próximo viernes. Pero parece ser que el viaje para ver a los belgas se realizará contra viento y marea.