en la causa del 'procès'

El expresidente del TC, Pascual Sala, no ve delito de rebelión y duda si hubo sedición

Afirma que el igual que él hay penalistas que no comparten el contenido del auto y remarca que "un alzamiento público y violento como caracteriza a la rebelión" es jurídicamente "difícil" que pueda existir

Foto: El expresidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala (El Confidencial)
El expresidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala (El Confidencial)

"Para mí es muy difícil, casi imposible, que exista un delito de rebelión y muy problemático, por no decir que tampoco, el de sedición". Con esta frase el expresidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, critica el auto del juez Llarena en el que procesa por rebelión a Carles Puigdemont y a otros 12 líderes independentistas y se muestra en desacuerdo con sus argumentos.

En una entrevista en RAC1, Sala, que también fue presidente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, afirma que en la causa del 1-O puede que hubiera "desórdenes" o "quizá desobediencia" al Constitucional pero en ningún caso rebelión, delito cuya pena máxima es 30 años, o sedición. Añade además que al igual que él hay muchos catedráticos de Derecho que no comparten el contenido del auto de procesamiento dictado por Pablo Llarena y remarca que "un alzamiento público y violento como caracteriza a la rebelión" es jurídicamente "difícil" que pueda existir. "Puede haber que haya jueces que creen que ha habido rebelión, yo no soy el instructor de esa causa, imagino que él tendrá muchos más elementos de juicio que puedo tener yo", ha añadido.

Sobre la sedición, Sala apunta que la consideración de este delito es "muy problemática" y tiene dudas sobre si los líderes independentistas cometieron este delito, y en concreto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tipificado en el Código Penal entre los artículos 544 a 549 y que prevé una condena de entre a 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación.

"La prisión no ayuda a resolver los problemas"

Cuando se cumple un año del ingreso en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Pascual Sala también ha opinado que "las prisiones, desde el punto de vista político, no ayudan a resolver los problemas políticos" y reconoce que en muchas ocasiones "las soluciones judiciales van por otro camino que las soluciones políticas". Por ello, pide a los políticos hacer política "en mayúsculas" y evitar que "la política puede degenerar en actuaciones judiciales porque los jueces no son los que deben de resolver políticamente los problemas".

Para Sala, que ha defendido en todo momento la independencia judicial, la situación que vive Cataluña "es un problema fundamentalmente político". Descarta además que sea un "capricho" de los catalanes y pone de relieve la "singularidad" de esta región, sin entrar a explicar a qué se refiere con esta afirmación.

En varias ocasiones, también ha remarcado que sus declaraciones con "una opinión jurídica y no política" y que "las calificaciones (judiciales) que se hacen provisionales" -porque el caso del 1-O sigue en fase de instrucción- "son susceptibles de un criterio distinto". Es decir, deja claro que tiene "derecho" a criticar el contenido o resultado de cualquier auto, incluido el definitivo que deberá presentar el Tribunal Supremo al término de la instrucción.

Quién es Pascual Sala

Magistrado y jurista de 83 años, fue presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial desde 1990 a 1996, año en el que regresó a su antiguo puesto como magistrado en el Supremo tras ser sustituido por Javier Delgado Barrio.

Desde 2004 a 2013 fue miembro del Tribunal Constitucional y el 20 de enero de 2011 fue elegido su presidente, siendo el primer juez de carrera en acceder a este puesto, ya que hasta el momento el resto habían sido catedráticos. 

Dejó este cargo en junio de 2013. Durante su mandato destacan sentencias como la ilegalización de Sortu como partido político, estuvo a favor de la ley del matrimonio homosexual y admitió el recurso en contra de la declaración soberanista del Parlament de Cataluña en 2013 por el Estatut.

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