Torrent arrastra al Parlament a una "querella catalana" contra Llarena de difícil recorrido

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha arrastrado a la cámara que encabeza a una "querella catalana" contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y ampliada a toda la Sala Penal del Alto Tribunal acusándole de prevaricación por no haber dejado que el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, pueda presentar su candidatura a presidir la Generalitat al encontrarse este último en prisión preventiva. La querella parece que tendrá un difícil recorrido, a juicio de los propios letrados de la cámara catalana.

La 'querella catalana' es un concepto jurídico que viene de la Edad Media por una pleito que hubo entre comerciantes genoveses y catalanes. Se define como 'querella catalana' aquella que presenta alguien que sabe que va a ser procesado para crear caos judicial o intimidar a la otra parte, aunque tenga pocas posibilidades de prosperar. Los años 70 y 80 fueron pródigos en 'querellas catalanas' y su adalid en los juzgados fue el controvertido abogado Joan Piqué Vidal, que acabado suspendido de oficio por numerosas prácticas irregulares. Piqué Vidal ejerció de defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana.

TE PUEDE INTERESAR

España y Alemania negocian una 'aclaración' para extraditar a Puigdemont por rebelión

Fernando Garea Beatriz Parera

Este miércoles, la Mesa del Parlament se reunió y aprobó que la cámara se querelle contra Llarena. La querella la deberán preparar los letrados de la cámara, que en la mesa expresaron verbalmente su desacuerdo: uno, porque no son expertos en penal; dos, porque la querella no prosperará; y tres, porque ellos mismos no la reconocen poca base legal.

Dio igual. Torrent, con el apoyo de JxCAT y ERC, tiró adelante con una iniciativa que volverá a colocar a la Mesa en una situación de posibles ilegalidades. La Mesa recalcó en el encargo a los letrados de la Mesa que han de ser ellos los que tramiten la querella contra Llarena para evitar caer en un delito de desvío de fondos públicos que supondría encargar la redacción de la querella a un bufete penalista especializado.

La líder de Cs, Inés Arrimadas consideró "muy grave que el Parlament se convierta en el bufete de abogados de los políticos independentistas" y lamentó que "Torrent esté haciendo el mismo camino que la presidenta Carme Forcadell. Todo esto es una vergüenza".

"Torrent puso la cámara al servicio de los independentistas", lamentó este vernes el diputado del PPC, Alejandro Fernández que asegura que su grupo está estudiando si Torrent y el resto de la Mesa están incurriendo en un delito de malversación.

Derechos de los grupos

La oposición considera que JxCAT tiene todo el derecho a tomar medidas legales, si discrepa de Llarena, pero no que estas las tenga que asumir el Parlament como institución. En la reunión de la Mesa, JxCAT ni ERC pudieron confirmar que se haya consultado una decisión de este tipo, que sin duda afectará a su defensa.

La diputada de JxCAT Alba Vergés aseguró que la querella es "para defender los derechos políticos de los 135 diputados del pleno".

Postureo de Torrent

En todo caso, no parece más que postureo. Torrent ya anunció que iría al Tribunal de Estrasburgo por la investidura de Puigdemont –28 de febrero– y no se hizo. También JxCAT anunció una querella criminal contra Llarena por no dejar investir a Sànchez –seis de marzo– y tampoco se hizo. Por tanto, la transcendencia de esta nueva iniciativa parece más que dudosa. Como reza un principio legal entre abogados "las querellas no se anuncian, se presentan".

El PSC, a través de su diputada Eva Granados, lamentó que "esta decisión se había tomado previamente a la reunión de la Mesa, se intenta ocultar que se trata de un problema político" y añadió que "siempre es un error entrar en conflictos entre instituciones".

Judicializar la política

La querella se apunta a la tendencia de judicializar la política, que puso de moda el Gobierno desde Madrid y que tanto critican las fuerzas catalanas. Así, si el Supremo no acepta la querella, será una victoria constitucionalistas. Y si pasa lo contrario, un logro soberanista. Y en cualquiera de los dos casos, un fracaso de la política tradicional.