El pacto de Muñoz: la solución que puede evitar otras elecciones en Cataluña

El bloque independentista catalán está atravesando su primera gran crisis y eso aún antes de conformarse el Parlament surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre. Aún no hay acuerdo de investidura de presidente de la cámara, aún no hay acuerdo para la constitución de la Mesa de la misma y aún no hay acuerdo para la investidura del próximo 'president' de la Generalitat. Pero ya suenan tambores de guerra e incluso, en algunos círculos, se habla de elecciones anticipadas a finales de la primavera.

Las tensiones entre Junts per Catalunya (JxCAT), la candidatura encabezada por Carles Puigdemont, y ERC, que tenía a Oriol Junqueras como presidenciable, son cada día mayores y amenazan con llevar la situación política a un callejón sin salida: los republicanos exigen que el candidato Puigdemont sea investido 'president' con normalidad, es decir, en el hemiciclo. Pero Puigdemont se encuentra fugado en Bélgica y sobre su cabeza pende una orden de detención si pisa suelo español. De ahí que pretenda forzar cambios en el reglamento del Parlament para permitir que se pueda investir a un candidato no presente en el hemiciclo.

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Además, para eliminar los riesgos del 'plan B' de Esquerra —hay sectores republicanos que proponen que el 'president' sea Junqueras si Puigdemont no está presente en la votación—, los exconvergentes amenazan con no votar a otro presidenciable que no sea el suyo. En otras palabras, lo que proponen es un bloqueo en toda regla al candidato de Esquerra.

Ante ello —y ante las dificultades de que la oposición pueda consensuar un candidato alternativo por falta de escaños— la legislatura podría morir antes de nacer. O sea: no se descarta que el próximo mes de abril se convoquen nuevas elecciones autonómicas para primeros de junio. El panorama, pues, es sombrío. Las elecciones, lejos de aclarar la situación, han dejado las cosas exactamente igual que estaban.

No se descarta que el próximo mes de abril se convoquen nuevas elecciones autonómicas para primeros de junio. El panorama, pues, es sombrío

Pero puede haber remedio. "Tenemos una oportunidad de oro para demostrar generosidad e inteligencia. Lo que tenemos que hacer es un programa conjunto basado en los puntos que tanto ERC como el PDeCAT podemos asumir sin problemas. El primero de esos puntos es la exigencia de una relación bilateral con el Estado. Nadie está en contra de ese posicionamiento, por lo que debería ser la base del programa independentista que pactemos. No hay solución: o se dialoga o repetimos elecciones", dice un alto cargo del PDeCAT a El Confidencial.

Las tesis de Santiago Muñoz

Esta bilateralidad se traduciría también en la adopción de las tesis expuestas por el catedrático Santiago Muñoz Machado sobre la reforma de España. Muñoz (que en el 2012 escribió su 'Informe sobre España' y, en el 2014, su obra 'Cataluña y las demás Españas') presentó el pasado mes de noviembre las 'Ideas para una reforma de la Constitución', junto a otros juristas de prestigio como Eliseo Aja, Ana Carmona, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Víctor Ferreres, Javier García Roca, Alberto López Basaguren, José Antonio Montilla Martos y Joaquín Tornos.

Las tesis de Muñoz admiten que no sería adecuado "un diálogo bilateral" (...) pero señalan que ha de vehicularse a través del Congreso de los Diputados

Es cierto que las reflexiones de este grupo de eminentes juristas se hacen "desde la Constitución", pero dejan claro también que no solo es un límite "a los intentos secesionistas, sino también una garantía para las aspiraciones de autogobierno, pues ese marco no es inamovible". Y el que pueda discutirse el marco constitucional, para el independentismo, visto lo visto en los últimos años, ya es un atisbo de esperanza.

Las tesis de Muñoz y sus colegas admiten que no sería adecuado "un diálogo bilateral del Gobierno del Estado con los grupos políticos que defienden la independencia", pero señalan que ha de vehicularse el diálogo a través del Congreso y que debe ser el Gobierno del Estado quien lidere la búsqueda de acuerdos sobre la reforma del modelo de organización territorial. "Si no lo hace —dice el documento de los juristas—, las propuestas pueden proceder también de otros grupos políticos, intentando incorporar a todos; también, lógicamente, a la mayoría gubernamental".

Pero dice algo mucho más importante: "Por un lado, no se puede mantener ese 'statu quo', esto es, se trata de introducir cambios en el modelo territorial; por otro, deberán explorarse otras posibilidades menos traumáticas que el referéndum de independencia. En este sentido, se trata de buscar un nuevo marco de autogobierno, que sea sometido a referéndum tanto en Cataluña como en el conjunto de España". En este sentido, advierten los juristas que "la reforma constitucional puede resultar útil para afrontar la crisis territorial. En realidad, hay pocas alternativas. La parálisis o la incapacidad para abordar las reformas pone en peligro, como estamos comprobando, el propio sistema político".

Las tres cuestiones a negociar con España

Los juristas subrayan que hay tres cuestiones que deberían abordarse y que afectan a Cataluña: "El reconocimiento de la singularidad, la recuperación de los contenidos estatutarios desactivados por la sentencia del Estatuto y la remisión al Estatuto de aquellos aspectos identitarios o de organización institucional o territorial que solo afectan a ese territorio y no a los restantes ni al funcionamiento del Estado".

Admiten que debería existir "un órgano de colaboración bilateral con el Estado" para canalizar el reconocimiento de la singularidad territorial. "Es este caso, la relación bilateral está justificada, porque no afecta al conjunto de las comunidades autónomas, sino solo a los territorios concernidos y al Estado", dicen. Ello podría hacerse a través de una disposición adicional específica para Cataluña en la Constitución, donde se aborden "las cuestiones identitarias, competenciales y de relación con el Estado. Esto permitiría reconocer la singularidad de Cataluña sin necesidad de modificar el artículo 2 de la Constitución".

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También se abre la puerta al traslado a la Constitución de contenidos del Estatuto del 2006, que la posterior sentencia del TC desactivó. Así, se reconocería en la Carta Magna la participación autonómica en las decisiones del Estado (asumiendo incluso la designación de representantes en el TC o el en CGPJ), se incluirían los principios del sistema de financiación autonómica, la reforma federal del poder judicial o el blindaje del espacio competencial autonómico, así como la flexibilización en la organización del territorio, por lo que Cataluña podría desarrollar plenamente las veguerías.

Los juristas acaban descartando un referéndum de independencia, pero proponen una alternativa: "Es posible (e incluso constitucionalmente preceptivo) una consulta sobre una ley de Cataluña que adapte el Estatuto, lo reforme y mejore. Incluso consideramos plausible y recomendable que un referéndum de esta clase pueda celebrarse al mismo tiempo que otro de carácter general en el que se pronuncien todos los ciudadanos del Estado sobre la adaptación de la Constitución al nuevo modelo de organización territorial que en este documento propugnamos".

Condiciones para hablar

Para el independentismo, algunos de los postulados de los juristas podrían ser el caballo de batalla de futuro: desde la nueva delimitación de competencias para el Estado y las comunidades autónomas hasta la reforma del Senado, pasando por el tratamiento del hecho diferencial catalán, aunque sea dentro del marco constitucional. "Nos quedamos con la idea del Estado asimétrico que apuntan los juristas. Si el Estado quiere hablar sobre ello, nos parecería estupendo", explican las fuentes soberanistas.

"Nos quedamos con la idea del Estado asimétrico que apuntan los juristas. Si el Estado quiere hablar sobre ello, nos parecería estupendo", explican

En ese 'paquete' de negociaciones entrarían las cinco cuestiones candentes que podría tener Cataluña y su relación con España: la función del Estatuto, la plena constitucionalización del reparto de competencias, la participación autonómica en las decisiones e instituciones del Estado, los instrumentos y órganos de colaboración y el modelo de financiación. Entre otras cosas, los juristas proponen una "mayor concreción constitucional del reparto de competencias" y que las propias comunidades puedan disponer de una instancia "para participar en las decisiones del Estado, especialmente en la aprobación de las leyes que les afectan y en las relaciones principales entre las propias comunidades y con el Estado". La solución a este problema podría ser la reforma radical del Senado, asimilándolo al Bundesrat alemán.

Es cierto que PDeCAT y ERC no han negociado nada al respecto, aunque las fuentes consultadas apuntan a que "las ideas están sobre la mesa, ya se verá si hay voluntad para abordarlas". Es cierto que las propuestas no sacian el apetito de una parte del independentismo, pero al menos "pueden suponer un punto de partida". Claro que desde el soberanismo se reclaman gestos de buena voluntad al Gobierno central: "Que Madrid diga a la Fiscalía que retire los cargos contra los políticos imputados y nosotros abandonamos la unilateralidad. A partir de ahí, hablamos. Lo que queremos es diálogo. Se necesita hablar y negociar sobre el encaje de Cataluña en España y encarar, si es posible, un referéndum pactado. Hemos de poner inteligencia todos, nosotros y el Estado".