El juez deja en libertad a todos los detenidos por su implicación en el 1-O

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona dejó en libertad a todos los detenidos por su implicación en los preparativos del referéndum del 1-0, entre ellos dos altos cargos del Govern. Todos ellos están acusados de los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. Alrededor de las dos de la tarde, después de que se llevaran a cabo todas las declaraciones, se puso en libertad a los seis detenidos, a los que el propio Oriol Junqueras fue a recibir a las puertas de la Ciutat de la Justicia para darles su apoyo por su implicación en el 1-O.

Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Pep Masoliver, Rosa María Rodríguez Curto, Josuè Sallent y Joan Manuel Gómez, los seis detenidos, pasaron la mañana de este viernes a disposición del titular del juzgado instrucción 13 de Barcelona, donde estuvieron declarando entre las 11.45 y las 13.30 horas. Esta decisión se produjo un día después de que el juez también dejara en libertad con cargo a otras ocho personas.

Los detenidos se acogieron su derecho a no declarar y tras la comparecencia, el juez acordó, para todo ellos, la libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. Aunque los cargos que se les imputan a todos ellos son los de malversación, desobediencia y prevaricación, en las órdenes de detención de la Guardia Civil también se les imputa a algunos de ellos el de sedición, que podría implicar penas de cárcel de hasta 15 años.

Recordemos que entre los detenidos se encontraban Jové y Salvadó, dos altos cargos del departamento de Economía del Govern. Por ello, a su salida tras declarar, los seis detenidos fueron recibidos por parte de la cúpula de ERC. Con Junqueras a la cabeza, además de varios 'consellers', las seis peronas que el juez puso en libertad este jueves recibieron el apoyo directo por su trabajo por el 1-0.

Precisamente de Jové es necesario recordar que en la mañana de este mismo viernes el Govern anunció el cese en su cargo como secretario general de Economía, con la intención de conseguir con este movimiento que no tenga que hacer frente a la multa de 12.000 euros diarios que el Tribunal Constitucional anunció que debería de hacer frente por ser uno de los impulsores directos de esta consulta. De igual manera, uno de los abogados, concretamente el de Salvadó, presentó una recusación contra el magistrado instructor, que se tramitará y resolverá por parte de la Audiencia de Barcelona.