Se prepara un 11-s 'movido'

El plan B secreto de Puigdemont: declaración unilateral y convocatoria de "constituyentes"

Mientras tanto, hasta septiembre, los partidos independentistas irán marcando perfil propio para confluir en un posicionamiento unitario con motivo de la declaración unilateral

Foto: El presidente catalán, Carles Puigdemont, junto a Oriol Junqueras, en un acto en Barcelona. (EFE)
El presidente catalán, Carles Puigdemont, junto a Oriol Junqueras, en un acto en Barcelona. (EFE)

El referéndum se está convirtiendo en una empresa de lo más difícil. Los partidos independentistas catalanes no las tienen todas consigo y por eso ya disponen de un plan B que les pueda proporcionar una salida airosa al callejón sin salida en el que se están metiendo. Según ha podido saber El Confidencial de fuentes solventes, las formaciones partidarias de la ruptura con España barajan secretamente desde hace algunas semanas un plan que prevé una declaración unilateral de independencia (DUI) el 11 de septiembre de este año, seguida de unas “elecciones constituyentes” que sustituirían al referéndum.

En amplios círculos independentistas, existe el convencimiento de que no hay posibilidad alguna de culminar un referéndum con unas mínimas garantías de seriedad y transparencia. Y nadie quiere arriesgarse a realizar otro 9-N (la consulta del 9 de noviembre de 2014, organizada por el Gobierno, pero que fue una monumental chapuza administrativa). “No merece la pena hacer el ridículo otra vez por varios motivos: si volvemos a hacer otro 9-N, nadie nos hará caso y los apoyos internacionales que pudiera haber hasta ahora se desvanecerían. Pero, además, las fuerzas independentistas quedarían totalmente desprestigiadas. Y, por si fuera poco, nos estamos jugando la inhabilitación de mucha gente para una acción que puede no tener en absoluto ninguna repercusión real”, admiten fuentes independentistas a El Confidencial.

Nadie quiere arriesgarse a realizar otra consulta como la del 9-N. "No merece la pena hacer el ridículo otra vez", admiten fuentes independentistas

Una de las fuentes, del círculo de la CUP, remarca que “desde Madrid se espera otro 9-N, pero la convocatoria no será una fantasmada, sino con condiciones: ha de ser un referéndum vinculante y con repercusiones jurídicas, ya que el resultado deberá ser aplicado”.

Pero no es seguro que se pueda culminar esa hoja de ruta por los impedimentos legales que pueden encontrarse por el camino. Y de ahí que en los cajones del presidente catalán, Carles Puigdemont, exista un documento con el desarrollo de todo un plan B para el caso de que finalmente no se pueda celebrar el referéndum con mínimas garantías. Porque hasta ahora los independentistas presumían de que iban a celebrar el referéndum por dos motivos: gracias a su astucia y porque contaban con el factor sorpresa y pillar desprevenido al Gobierno español. Ya saben que lo segundo va a ser imposible, porque en cuanto se apruebe una ley de desconexión o se convoque un referéndum secesionista, el TC tomará cartas en el asunto y lo invalidará automáticamente. Y, en cuanto a la astucia, ya se verá.

Dos etapas

Ese plan B tiene dos etapas: la primera es reunir el 11 de septiembre (Día nacional de Cataluña) a las principales fuerzas independentistas y aprobar solemnemente una declaración unilateral de independencia. En ella, se daría visibilidad a la unidad de las fuerzas secesionistas, apoyadas por la “sociedad civil”, o sea, por los instrumentos que el Gobierno catalán ha venido utilizando para movilizar la calle en los últimos años: Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Asociación Catalana de Municipios (ACM).

El segundo paso es que, a continuación, Puigdemont “convoque elecciones constituyentes inmediatamente”. En esas elecciones, se plantearía un voto útil para llevar a buen puerto la DUI, de tal modo que las elecciones se planteasen como un referéndum en sí. De esta manera, según el plan previsto por los independentistas, “la DUI tendría efectos jurídicos al día siguiente de las elecciones constituyentes”.

Mientras tanto, hasta el 11-S, los partidos independentistas irán marcando perfil propio para confluir en un posicionamiento unitario con motivo de la DUI. De hecho, en JxS, los dos partidos que la componen (PDeCAT y ERC) ya habían pactado esa circunstancia hace unas semanas, de tal modo que incluso puedan votar de manera diferente en algunos temas.

El total de apoyos recabados se hará público este lunes, en el gran acto que contará con los principales dirigentes políticos independentistas

No es de desdeñar tampoco el apoyo de los otros instrumentos creados por el Gobierno catalán para sacar rendimiento al 'procés'. El pasado viernes, el Pacto Nacional por el Referéndum (PNR, el cajón de sastre donde están todos los partidos y grupos que piden una consulta, creado solemnemente por Puigdemont hace unos meses) celebró el acto central en su campaña de búsqueda de adhesiones. A 21 de abril, el PNR había recogido solo 150.000 firmas. De ahí que para el 23 de abril, el día de la rosa y del libro, se movilizasen 5.000 voluntarios por toda Cataluña para recoger firmas de apoyo y que este viernes asegurasen que habían alcanzado las 500.000. Su fin último es apoyar a Puigdemont, que este lunes da una conferencia en la Caja de Música de Madrid (a la que también acuden el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el consejero de Exteriores, Raül Romeva), en la que pedirá una última reunión a Mariano Rajoy para negociar el referéndum.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, antes en un acto en el Palacio de Congresos de Barcelona. (EFE)
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, antes en un acto en el Palacio de Congresos de Barcelona. (EFE)

Comisión de Venecia, un arma de doble filo

Y mientras el coordinador del pacto, Joan Ignasi Elena, visualizaba a las puertas del Parlamento catalán esa idea de apoyo a la consulta antes del viaje a Madrid, en el interior del edificio, la Cámara legislativa catalana votaba una moción presentada por Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) en la que insta al Gobierno catalán a pedir el aval de la Comisión de Venecia, organismo que depende del Consejo de Europa. Es otra más de las cartas jugadas para intentar obtener algún apoyo al referéndum.

Curiosamente, la moción fue aprobada por Junts pel Sí (JxS) y CSQEP pero no por la CUP, que se desmarcó diciendo que "no se debe pedir el permiso ni de España ni de Europa para la consulta". Y eso que era la propia CUP la que, hace apenas unos meses, afirmaba que para dar seriedad al referéndum iba a seguir las recomendaciones de este organismo.

Con las leyes actuales, es imposible que el Gobierno catalán pueda convocar un referéndum

En JxS, la cosa no está muy clara y quieren que la Generalitat se dirija a la comisión de manera consultiva. Lógico: si han de seguir las directrices de ese organismo, tantas veces aludido por los independentistas, resulta que el referéndum no podría realizarse: en primer lugar, solo prevé la celebración de una consulta de esta naturaleza si no conculca la Constitución del país. Solo con esa premisa, la comisión daría un duro golpe al 'procés'. Además, entre sus exigencias está la exquisita neutralidad de las administraciones públicas, que no pueden realizar posicionamientos políticos ante la consulta ni tomar partido. Y el Gobierno catalán, así como multitud de ayuntamientos, no es precisamente neutral.

De ahí que cobre un mayor sentido la afirmación que repite constantemente la CUP sobre la necesidad de vulnerar la legislación vigente si se quiere formalizar un referéndum, puesto que con las leyes actuales es imposible que el Gobierno catalán pueda convocarlo. Por eso, ante las dificultades crecientes para culminar con éxito el 'procés' y dejar a Cataluña con el referéndum prácticamente culminado, se impone otra necesidad: la de disponer del plan B antes citado.

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