LOS TESTIGOS DEJAN EN EVIDENCIA A LOS POLÍTICOS

Los puntos oscuros del juicio a Artur Mas: disimulo, cintas de vídeo y muchas mentiras

Los principales acusados afirmaron que no entendían qué debían paralizar. Pero algunos testigos dejaron en evidencia a los políticos. En la organización del 9-N, nada era como intentaban pintarlo

Foto: El expresidente de la Generalitat Artur Mas (i), acompañado de su esposa, Helena Rakosnik, llega a la sede del TSJC. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Artur Mas (i), acompañado de su esposa, Helena Rakosnik, llega a la sede del TSJC. (EFE)

El juicio por la consulta del 9 de noviembre de 2014 (9-N), en el que se acusa de desobediencia y prevaricación a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, se ve alimentado con puntos oscuros cada día que pasa y conforme van desfilando los diferentes testigos con sus historias particulares. Al hilo de las declaraciones de cada uno, va quedando claro que nadie tuvo nunca intención de paralizar nada, a pesar de la interlocutoria del Tribunal Constitucional fechada el 4 de noviembre, que prohibía los preparativos de la consulta. Los principales acusados afirmaron que no entendían qué debían paralizar. Pero algunos testigos dejaron en evidencia a los cargos políticos. Por lo que parece, en la organización del 9-N nada era como intentaban pintarlo. Este es un juicio donde hay mucho disimulo, muchas cintas de vídeo (por todos los testigos que pasan por el estrado) y muchas, muchas mentiras.

El consejero delegado de Focus, Daniel Martínez, desgranó una historia que es, cuanto menos, curiosa. Su empresa fue contratada para montar el centro de prensa en el que debían comparecer los responsables políticos el día de la consulta para dar detalles de cómo iban las votaciones. Y Focus, a su vez, subcontrató con Fira de Barcelona el espacio en un pabellón ferial para construir físicamente dicho centro de prensa.

Daniel R. Martínez, consejero delegado de Focus. (EFE)
Daniel R. Martínez, consejero delegado de Focus. (EFE)

Pero otra cosa son los ‘tempos’: en su declaración, admitió que un correo electrónico fechado el 7 de noviembre daba órdenes de que el contrato, fechado en ese día, modificase su fecha y pusiese la del 3 de noviembre, precisamente un día antes de que el Tribunal Constitucional emitiese su famosa resolución prohibiendo la consulta. “Es un modo de proceder habitual”, dijo Martínez al tribunal. No deja de ser curioso que la fecha decidida sea anterior a la de la providencia del Constitucional, con lo cual existe la sospecha de que sus responsables estaban intentando eludir responsabilidades. Pero, además, eso no exime de la extrañeza de que durante esos días se estuviese trabajando en la construcción del centro de prensa. Y con otra salvedad: si el contrato no estaba firmado a 7 de noviembre, la empresa no habría podido realizar las obras, pues la ley dice que es preceptivo que se formalice antes el contrato. Y, sin embargo, sí trabajaba. Pero por algo Focus era una de las compañías mimadas por la Generalitat.

Para más inri, el supuesto contrato que ese día quería formalizar Martínez no estaba firmado todavía por nadie de la Generalitat. “No había habido unidad de acto”, se excusó. Pero lo cierto es que, como las transmisiones electrónicas apuntan, su empresa estuvo trabajando en el centro de prensa después de que el TC prohibiese la consulta. Martínez se quiso sacar las sospechas de encima. “Nosotros, como empresa adjudicataria, no participamos en la finalidad de los trabajos que hacemos”, dijo. Desde Fiscalía, la versión mantenida es que hubo una voluntad inequívoca de Focus y del Gobierno de “enmascarar que las obras del centro de prensa fueron posteriores a la suspensión constitucional del 4 de noviembre”.

La web a la que nutrían… fantasmas

El exasesor del Departamento de Gobernación Joan Cañada. (EFE)
El exasesor del Departamento de Gobernación Joan Cañada. (EFE)

Otro de los puntos oscuros del juicio que también afecta al Gobierno catalán es la creación de la web participa2014.cat, en la que se tenían que apuntar los voluntarios y donde constaban los responsables territoriales de la consulta. Joan Cañada, máximo responsable de la web, aseguró en su comparecencia que tras la resolución del TC del 4 de noviembre, en la que suspendía la consulta, no se introdujeron más contenidos en la página electrónica. Cañada informó a la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, de que no podía hacer desaparecer la web, pero admitió también que no recibió en ningún momento la orden de desactivar los vínculos de la página o de retirar los logotipos de la Generalitat.

Jordi Escalé, director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, en cambio, admitió que la página web se hubiera podido eliminar pero nadie lo pidió. Y añadió que lo que se hizo fue “paralizarla”, es decir, no ‘alimentarla’ más. Pero entonces, ¿cómo es que desaparecieron algunas pestañas, como el mapa interactivo en el que figuraban los funcionarios encargados de controlar territorialmente los resultados? ¿Quién manipuló la página? ¿Y quién introdujo los resultados del 9-N? ¿Y quién introdujo los datos de las votaciones que se prolongaron hasta el 25 de noviembre? Si la página estaba ‘muerta’, ¿quién la modificaba?

También hay un punto oscuro en la confección del material de la votación, que fue encargado el 17 de octubre al Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). La que entonces era su directora, Elisabet Abad, admitió ante el tribunal que recibió la petición de fabricar todo el material “para procesos participativos”, pero eludió en varias ocasiones detallar qué tipo de material era, un oscurantismo inútil, porque en poder de la Fiscalía y del tribunal figuraban los albaranes firmados con posterioridad. Eso sí, se quitó las pulgas de encima señalando que el 30 de octubre se distribuyó ese material, fecha que era anterior a la prohibición del Constitucional. Pero queda en el aire una curiosa casualidad: la invitación a participar en el concurso de distribución del material, la aceptación del presupuesto y la adjudicación del concurso se hizo… en el tiempo récord de una sola jornada: el día 28 de octubre. Pero eso le dio margen a Abad para subrayar que “el 4 de noviembre el trabajo estaba facturado y ejecutado en su totalidad”, con lo cual elude toda responsabilidad de desobedecer al TC.

Para el reparto de ese material, el CIRE —que es un organismo que depende de la Consejería de Justicia— contrató a la empresa Sertrans. Su responsable, Cristina Fernández, admitió ante el tribunal que el contrato para el reparto de urnas, sobres, bolígrafos y papeletas se firmó el 28 de octubre y el 30 de ese mes la compañía lo recogió. Pero luego fue distribuido a los colegios electorales entre los días 7 y 8 de noviembre, tras la prohibición del TC. “No recibimos ninguna orden de paralizar la entrega”, subrayó Fernández ante el tribunal. La Fiscalía trataba de determinar que no hubo ningún interés por parte del Gobierno de paralizar los preparativos de la consulta del 9-N, y esta declaración fue una baza más a su favor.

La sorprendente excusa del Govern

Sorprendente fue también la declaración de Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Buch admitió que la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, hizo llegar cartas a los alcaldes advirtiéndoles de la necesidad de que no adoptasen medidas fuera de la ley. Fue interrogado por el abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, sobre el particular y su respuesta fue de nota: “Sí, envió una carta. Pero era una carta que hablaba en condicional. Ponía que si se hacía una cosa, pues pasaría lo otro. No decía que hiciésemos o dejásemos de hacer. No había en la carta ningún requerimiento”. Era, por decirlo de algún modo, la excusa más sorprendente que podía dar todo un presidente de una asociación de la magnitud de la ACM, puesto que no había pasado nada todavía y, por tanto, la advertencia de responsabilidades ha de ponerse en condicional en la comunicación. Por otro lado, si la delegada del Gobierno hubiese dado una orden a los alcaldes, ¿qué tipo de orden sería? ¿Entraría dentro de sus competencias?

Y sorprendente fue también, aunque ya fuera del juicio, la lectura que la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, hizo del plantón de media hora que Mas, Ortega y Rigau dieron al tribunal (que a punto estuvo de anular la vista y realizar una ‘vistilla’ por ausencia de los acusados) el primer día del juicio. El circunloquio utilizado por Munté para explicar el retraso también es de nota: “Se produjo una lentitud evidente a la hora de poder avanzar y de llegar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, espetó a un periodista. Obvió que paseíllo, baño de masas, recreación en los aplausos, vítores y arengas fueron los causantes de ese retraso, nada achacable a causas ‘externas’.

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