Las bases de datos fiscales de la Generalitat, bajo sospecha de irregularidades

La dimisión del ex juez y senador por ERC Santi Vidal está poniendo el uso de las bases de datos fiscales de la Generalitat bajo sospecha. La conselleria de Economía niega cualquier irregularidad pero otro desliz público, en esta ocasión del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, levanta nuevas dudas sobre el uso que podría estarse haciendo de los datos de 4,6 millones de contribuyentes catalanes. Esta vez a cuenta de una base de datos global que integrase todos estos datos.

Según publica hoy El País, Salvadó en una conferencia en Terrassa organizada por la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) el pasado mes de diciembre que la Generalitat estaba creando una base de datos fiscales paralela a la de la Agencia Tributaria cruzando un total de 130 fuentes distintas.

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Portavoces de la conselleria de Economía, cuyo máximo responsable es el vicepresidente, Oriol Junqueras, han asegurado que la Generalitat está cumpliendo de manera escrupulosa la ley, y que si bien se están elaborando bases de datos para la gestión de impuestos concretos –por ejemplo el de bebidas azucaradas– no se está trabajando una base de datos global. Respecto a las 130 fuentes distintas consideran que es una cifra teórica, pero que para nada incluiría datos provenientes de la Agencia Tributaria española.

Junqueras asegura que la Generalitat cumple con la ley, si bien se están elaborando bases de datos para la gestión de impuestos concretos

La Generalitat puede crear una base de datos. También puede solicitar datos a la Agencia Tributaria española a través de un convenio regulado para ello, y de hecho la información fluye con normalidad entre las dos administraciones. Lo que no puede hacer la Generalitat es crear una base de datos fiscal genérica sin autorización del Gobierno y utilizando datos fiscales que le hayan sido entregados con otra finalidad.

Por ejemplo, para su nuevo impuesto sobre el CO2, la Generalitat ha solicitado el censo de vehículos al Gobierno. Pero no puede utilizar estos datos para crear una base de datos fiscales global de todos los catalanes ni tampoco elaborar ésta sin publicitarla en el BOE. Eso sería ilegal, tal y como advertía Santi Vidal en sus polémicas conferencias.

El marco del convenio

Además, violaría el marco del convenio entre la Agencia Tributaria estatal y la Agencia Tributaria de Catalunya. Este convenio es clave para que la Agencia Tributaria catalana (ATC) puede funcionar con normalidad.

La ATC gestiona millones de datos para recaudar, liquidar e inspeccionar tanto los impuestos propios –gravamen de protección civil o los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, etc– como los cedidos –patrimonio, sucesiones y donaciones o trasmisiones patrimoniales, entre otros–. Gran parte de estos datos fiscales provienen del Gobierno y su uso está muy regulado y protegido.

Estructura de estado

Oriol Junqueras se comprometió a potenciar la ATC como parte de su programa para crear estructuras de Estado que colocaran a Cataluña lista para la independencia. En los Presupuestos de 2017, el presupuesto para la secretaria de Hacienda, el área que controla Lluís Salvadó, pasa a tener un Presupuesto de 107 millones, el 145% más que en las anteriores cuentas.

Este incremento tan importante se debe en que se va aumentar su personal hasta las 800 personas y en que se va a poner en marcha el sistema informático e-SPRIU que “tendrá capacidad para gestionar todos los tributos que se puedan ir incorporando a las competencias de la Generalitat”, según reza literalmente en la presentación de los presupuestos de su departamento que hizo el propio Oriol Junqueras en el Parlament a principios de este mes. Una de las cuestiones clave por tanto, sería si un sistema informático con capacidad global puede operar sin bases de datos globales que lo alimenten.