se rinde ante la cup para mantener el cargo

Puigdemont se lanza hacia la desconexión para salvar su cabeza en septiembre

O pasaba por el aro y apoyaba las tesis rupturistas de la CUP o el próximo mes de septiembre no supera la prueba del algodón

Foto:  Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.

Cambio de cromos y miedo. Miedo a perder el poder y tener que convocar elecciones anticipadas nuevamente. Ése es uno de los principales motivos de que el Gobierno catalán se alinease ayer con la CUP en el Parlamento para aprobar las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, que son claramente inconstitucionales. Los hechos sobrepasan al ‘president’ Carles Puigdemont: o pasaba por el aro y apoyaba las tesis rupturistas de la CUP o el próximo mes de septiembre no supera la prueba del algodón, materializada en la moción de confianza a la que se someterá el día 28 de ese mes.

Puigdemont está contra la pared y necesita los votos de la CUP como agua de mayo. Si no supera la moción, ha de convocar elecciones autonómicas para otoño. Serían las cuartas en seis años, todo un síntoma de la inestabilidad del Gobierno catalán. La CUP ya le había advertido a Puigdemont que si el grupo de JxS no se mojaba y si el Gobierno no daba señales de que apuesta por la independencia, harán caer el Ejecutivo. Los radicales exigen que el Gobierno pruebe que está dispuesto a dar pasos hacia la independencia a través de la desobediencia de las leyes españolas y de las sentencias del TC. Y Puigdemont, que en los últimos meses se cansó de repetir que no se situaría en el terreno de la ilegalidad, cedió. Entre la ilegalidad y la pérdida del poder, la elección es clara: mejor ser ilegal que ser un ex.

Las conclusiones de la comisión, según diversas fuentes consultadas por El Confidencial, fueron forzadas para utilizarlas como moneda de cambio con el fin de salvar a Puigdemont en la moción de confianza de septiembre. En esa comisión, JxS había prometido a Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) una carga más social en las conclusiones, hasta el punto de que los ecosocialistas habían previsto hacer comparecer a agentes sociales en la comisión este verano. Pero como el tiempo apremia y el Gobierno necesitaba hacer un gesto de ruptura hacia la CUP, los independentistas cerraron antes de lo previsto la comisión y redactaron las conclusiones.

Total: dejaron a CSQEP tirada en la cuneta. El enfado de los ecosocialistas fue tal que en la penúltima sesión, este grupo no asistió a la comisión. “Dijeron que necesitaban las conclusiones antes del verano”, explica una de las fuentes a este diario. Y esas conclusiones rupturistas son la prueba de buena voluntad ”para poner como aval ante la moción de confianza”. Aún así, lo cierto es que a la mayoría de los dirigentes de JxS no les hace falta mucha ayuda para sumarse a un proyecto de desobediencia, como exige la CUP.

Una jornada esquizofrénica

La jornada de ayer no es apta para cardiacos. En realidad, fue una jornada esquizofrénica políticamente hablando: por un lado, el Gobierno catalán apoya unas conclusiones que reclaman la ruptura con España y la creación de una fantasmagórica Asamblea Constituyente (que no está sujeta ni a poderes políticos ni a tribunales) que sustituya al Parlamento elegido democráticamente. Por otro lado, la CUP apoya una Agencia Catalana de Protección Social, que pretende ser la futura Seguridad Social tachada de autonomista y claramente conservadora. Ésta es la primera de las tres leyes rupturistas que JxS y la CUP prevén poner en marcha esta legislatura (las otras dos son la de la Agencia Tributaria Catalana y la Ley de Transitoriedad Jurídica).

La portavoz socialista, Eva Granados, echó en cara a JxS y la CUP, que son los dos grupos que apoyan este texto, que “esta ley no la quiso hacer el Gobierno, sino los grupos que apoyan al Gobierno. No entendemos que los que en teoría deberían estar en el núcleo duro, que son los que conocen el tema y llevan años trabajando sobre el terreno, no estén. La ley no se hace con concertación social y abre la puerta a privatizar la gestión de la Seguridad Social. Nos sorprende que la CUP firme este proyecto de ley”. Granados presentó un texto alternativo, junto a CSQEP, que fue rechazado. “Queremos mejorar la protección social al desarrollar la Ley de Servicios Sociales, que ya preveía en 2006 una agencia de servicios públicos y que ustedes no quisieron llevar adelante”, dijo a los promotores de la rupturista ley.

Puigdemont se lanza hacia la desconexión para salvar su cabeza en septiembre

El portavoz de CSQEP, Joan Coscubiela, por su parte, alertó a JxS y a la CUIP que están mintiendo a los ciudadanos. “Nunca podrán subir las pensiones, sino que las bajarán. Y hacen apuestas de precarización. Les recuerdo, además, que la Seguridad Social de Cataluña tiene un desfase de 3.754 millones de euros, el más importante del Estado tras Andalucía y sensiblemente superior a la media española”. Y les recordó los motivos de las dificultades de una Seguridad Social catalana: “Tenemos más pensionistas y con pensiones más altas que el resto de España. Pero los salarios se han igualado ahora a la baja. Por eso, las pensiones no mejorarán con la soberanía. No puede ser. Y, sobre todo, no puede ser que quieran hacer eso de manera unilateral. Llegan a un nivel de delirio que rayan el esperpento. ahora ya no lo son porque se han igualada a la baja los salarios. Por eso no mejora la soberanía. No puede ser. Y sobre todo no puede ser que eso lo harán de manera unilateral. Llegan a nivel de desquicio que raya el esperpento.

¿Cómo esperan, a través de una decisión unilateral, poder gestionar la Seguridad Social? ¿Es que no ven que rayan el delirio? ¿Cómo piensan pagar estas irresponsabilidades? Lo que deben hacer es gestionar lo temas en los que tienen competencias”.

“Fuerzan el modelo de convivencia”

Para Joan García, de Ciutadans, la iniciativa es “una ley placebo, un cascarón vacío de contenido”. Advirtió que ya existía el ICASS, un organismo autonómico que podía gestionar la Seguridad Social pero que fue eliminado en 2014, en plena época de recortes. “No sé si lo que pretenden ahora es audacia o trilerismo político, pero su objetivo es el agravio. Los redactores saben que tiene artículos que el TC tendrá que anular. Y una vez los anule, ustedes volverán al victimismo y acusarán a la maldad del sistema constitucional. Lo que buscan es agrandar el semillero de agravios para mantener el vivero de odios. Juegan a forzar nuestro modelo de convivencia e intentan hacerla estallar”.

Puigdemont se lanza hacia la desconexión para salvar su cabeza en septiembre

Fernando Sánchez, del PP, criticó “tanta parafernalia, tantos voceros, para hacer una agencia de corte autonomista y conservadora, sazonada, eso sí, con algunos aliños de inconstitucionalidad”. Sánchez acusó que “el ‘procés’ es la gran representación que permite a algunos con aires de grandeza el diseño de un Estado”. Aseguró que la ley nace “violando los derechos de 63 diputados” y se quejó de que para llevarla al Parlamento se habían pasado por alto “todos los reglamentos”. Sánchez recriminó a los independentistas que no son patriotas “porque un patriota no divide por dos el país; un patriota no se escuda en ficciones imposibles. Lo que nos están dejando ustedes son las ruinas de un debate estéril. Hemos perdido cinco años. Lo malo es que siguen la hoja de ruta del Consejo Asesor de la Transición Nacional. A ustedes no les importa la nación catalana, sino que les importa vender humo y aparentar que viajan hacia la independencia. Ustedes se creen muy listos, pero nosotros no somos tontos. El ‘procés’ no va a romper España, pero sí ha roto la confianza”. Y arrancó aplausos incluso en las filas de JxS cuando remató: “Estos tiempos pasarán y volverán a Cataluña los aires limpios del entendimiento”.

Mientras, Mireia Vehí (CUP) reconocía que esta ley “es todavía una ley autonomista pero es imprescindible para la República Catalana. Queremos que sea una agencia pública, transparente y austera”. Y Chakir El Homrani (JxS) advertía que la agencia es aún “un cascarón, pero queremos que sea una agencia transparente, responsable, con participación y dinamismo. Aseguró que su intención es “llegar a recaudar todo lo relacionado con la protección social” y pidió a los diputados de la oposición: “No hagan espectáculo con el debate”. La ley seguirá su tramitación porque tiene el aval de los 62 diputados de JxS y los 10 de la CUP.

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