Los independentistas catalanes preparan el ‘choque de trenes’ con Madrid
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Los independentistas catalanes preparan el ‘choque de trenes’ con Madrid

Munté apeló a que la única obediencia que tiene la Generalitat es a una hoja de ruta “perfectamente legal y legítima”, avalada en las autonómicas

placeholder Foto: El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont (c), junto a todo el equipo de Gobierno. (EFE)
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont (c), junto a todo el equipo de Gobierno. (EFE)

No hay vuelta atrás. Al revés, lo que hay es una carrera hacia adelante, la búsqueda de un choque de trenes institucional que ponga en un compromiso al Gobierno español. Así lo ha dejado entrever Neus Munté, portavoz del Gobierno catalán, tras la reunión del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont: a pesar de los reiterados avisos del Tribunal Constitucional, tanto el ‘Govern’ como Junts pel Sí (JxS) o la CUP están dispuestos a que el pleno del ‘Parlament’ discuta las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

“No entenderíamos que se quisiera impedir un debate parlamentario. No tiene sentido. Llevar al pleno las conclusiones de una comisión forma parte de la esencia del parlamentarismo”, subrayó Munté en la tradicional comparecencia tras la reunión del ‘Govern’. Ajena a los avisos del Constitucional, Munté apeló a que la única obediencia que tiene la Generalitat es a una hoja de ruta “perfectamente legal y legítima”, avalada en las autonómicas. Y no la va a modificar por mucho que lo diga el Constitucional o el Gobierno central.

Por si fuera poco, sacó pecho y se mostró partidaria de que la votación no se haga mediante voto secreto (una de las posibilidades apuntada para evitar que se pueda conocer qué diputados han votado a favor de adoptar medidas claramente ilegales). Con ello, las cosas se harían “de manera lo más transparente posible”.

El TC había advertido el pasado lunes a la Mesa del Parlamento que si llevaba al pleno las conclusiones podía situarse fuera de la ley. Señalaba el tribunal que la comisión ha de atenerse a la legalidad y que el Parlamento no puede realizar acciones dirigidas a la apertura “de un proceso constituyente en Cataluña, encaminado a la creación de la futura Constitución Catalana y del Estado catalán independiente”. Pero como de lo que se trata es de jugar al gato y al ratón, la Mesa del Parlamento se mantuvo quieta y en silencio. Pero los temas pueden llegar a pleno si lo piden dos grupos parlamentarios. Y JxS y la CUP tienen pensado presentar la petición por sorpresa. De aquí al jueves, pues, pueden pedir y forzar la votación.

Con esta actitud, los independentistas catalanes se han pasado de frenada. Pero es el plan B que estaba en un cajón. Conocedores de que, jurídicamente el proceso de ruptura tiene poco recorrido, la intención ahora es provocar el choque de trenes institucional. En otras palabras, situar a una institución catalana claramente fuera de la ley a ver qué hace Madrid.

El 'soviet' catalán

Las conclusiones de esa comisión, consensuadas por Junts pel Sí y la CUP, señalan que el Proceso Constituyente consta de tres fases: “Una primera de proceso participativo, una segunda de desconexión con el Estado y convocatoria de elecciones constituyentes que conformarán una Asamblea Constituyente que redactará un proyecto de Constitución. En una tercera fase, será ratificada [la Constitución] a nivel popular mediante referéndum”.

En otro punto, habla de que tras la participación ciudadana “se completará la desconexión con la legalidad del Estado español a través de la aprobación de las leyes de desconexión del Parlamento de Cataluña y de un mecanismo unilateral de ejercicio democrático que servirá para activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal”.

Esa asamblea, añade en otro punto, “dispondrá de plenos poderes” y “sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para el resto de poderes públicos, personas físicas y jurídicas. Ninguna de sus decisiones será tampoco susceptible de control, suspensión o impugnación por parte de algún otro poder, juzgado o tribunal”. Se trata, en definitiva, de una especie de ‘soviet’ formado exclusivamente por independentistas que se sitúan por encima de la ley, lo cual ya constaba en la hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Un comunicado de Sociedad Civil Catalana afirma que “las conclusiones suponen el desarrollo de la hoja de ruta secesionista y la programación de un golpe de Estado destinado a romper el orden democráticamente establecido y a sustituirlo por otro ilegal e ilegítimo. Nos encontramos, por tanto, ante un claro desafío que no nace de una interpretación particular de la Constitución, sino de la voluntad manifiesta de sustituir el orden establecido por un régimen ilegal”.

SCC denuncia directamente varios de los puntos de las conclusiones y recuerda que los trabajos de la Comisión “son desarrollo de la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, declarada inconstitucional por la sentencia del TC 259/2015, de 2 de diciembre”. Por ello, concluye que “la tramitación de las conclusiones aprobadas en la Comisión supone una vulneración de la Constitución y un desacato a las resoluciones del TC”. La entidad reclama, asimismo, “respeto a la ley y al estado de derecho”, habla de “ruptura de las normas básicas de convivencia en Cataluña”, reclama la “devolución de nuestras instituciones democráticas, secuestradas hoy por quienes las han puesto al servicio de la ruptura, transgrediendo el ordenamiento jurídico y la legalidad democrática”, pide unidad de los partidos constitucionalistas y que el TC y el Gobierno central “ejerzan las funciones constitucionales para poner fin a la situación de rebeldía institucional en la que algunos pretenden colocar a las instituciones catalanas”.

La primera ley de desconexión

En el orden del día, en cambio, sí que figura la votación de la proposición de ley de la Agencia Catalana de Protección Social. Esta agencia es una de las herramientas de Estado que quieren poner en marcha los independentistas, junto con la Agencia Tributaria Catalana y la Ley de Transitoriedad Jurídica.

La Agencia de Protección Social quiere ser el embrión de la futura Seguridad Social catalana. Su creación está apoyada sólo por JxS y la CUP y oficialmente se quiere hacer pasar por el organismo que tendrá “la gestión centralizada de las prestaciones sociales y organizará la gestión de los recursos del sistema de servicios sociales y representará al Gobierno en las instituciones internacionales en materia de protección social”. Tanto Ciutadans como el PP presentan enmiendas de retorno, mientras que PSC y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) presentan una enmienda a la totalidad con un texto alternativo.

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