Echa a andar la comisión que quiere hacer de Cataluña una república independiente

El proceso echa a andar. La polémica comisión de estudio del proceso constituyente del Parlamento catalán quedó constituida este martes bajo la presidencia del diputado y cantante Lluís Llach y con dos ausencias clamorosas: Ciutadans y Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). La comisión está recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que ha de pronunciarse próximamente sobre su legalidad, aunque al tratarse de una comisión de estudio, posiblemente obtenga finalmente la luz verde definitiva.

Mientras tanto, la comisión llevará adelante sus trabajos, que deberán definirse todavía en las próximas sesiones. De hecho, el recién estrenado presidente emplazó a los grupos a presentar líneas de trabajo en la sesión de la próxima semana. Su cometido es estudiar cómo ha de ser el proceso de creación de un hipotético Estado catalán, comparar diferentes modelos de Constitución y de participación ciudadana y diseñar los posibles escenarios que culminen con la aprobación en referéndum de una Constitución catalana. Curiosamente, los grupos impulsores dejaron constancia de que lo que quieren son aportaciones de “todos los sectores” para esa Constitución, cuando ya existen cuatro borradores (uno de ellos dirigido por el exjuez y actual senador republicano Santi Vidal).

El portavoz del PP, Santi Rodríguez, dejó claro el posicionamiento de su partido en la comisión (no votó a Llach como presidente, pero le dio una “cordial bienvenida”): “Hay una contradicción flagrante: su objetivo es recoger opiniones diversas de la sociedad catalana, pero una parte de la sociedad catalana no está representada en la comisión. Solo satisface a una parte, que además no es mayoritaria, y en contra de la voluntad de la otra parte”, resaltó Rodríguez, que al final también enfatizó en un par de ocasiones que “el PP no participará activamente en la comisión. Solo estamos aquí para dejar constancia de que la comisión no recoge la opinión de una parte de la sociedad y de que esa parte, además, está en contra de la comisión”.

Marta Rovira, secretaria general de ERC y portavoz de Junts pel Sí (JxS), en cambio, considera que “la creación de la comisión permite que en el proceso constituyente puedan participar todos. Y nosotros queremos hacer este proceso para todos. Nosotros representamos una parte muy mayoritaria de escaños y posiblemente también de ciudadanos. Y el proceso acabará beneficiando a muchos. Queremos un proceso participativo de arriba abajo, y todo el país está ya trabajando en ello. Tenemos un mandato legal, democrático y legítimo, pasado por las urnas, y hemos de hacer que la comisión vaya adelante con los trabajos que se le encomienden”.

Los reproches de ERC

Rovira tuvo palabras de reproche para el PP: afirmó que en la junta de portavoces los populares no se opusieron a la comisión porque no era legislativa, sino de estudio, y quedaron en que no habría impugnaciones jurídicas. “Se comprometieron a ello, pero miren dónde estamos en la actualidad”, enfatizó en alusión a la impugnación del Gobierno central ante el Constitucional.

Más dura fue Mireia Boya, portavoz de la CUP, que atacó al PP sin citarlo directamente, aludiendo a su “actitud destructiva” y dirigida solo a “poner palos en las ruedas”. Pero la independentista clamó por “llevar el debate a la calle. Que la calle se apropie del proceso. Nosotros podemos traer expertos que digan la suya, pero el objetivo es dar la voz a la gente de abajo y que sea esta quien construya su propia Constitución, que no ha de ser como la del 78. No ha de ser una Constitución de despachos, sino de la calle”.

El ecosocialista Joan Coscubiela, portavoz de Cataluntya Sí que es Pot (CSQEP), dejó también muy clara la postura de su grupo. Lamentó, en un momento de su intervención, que se intente prohibir la comisión: “Este debate lo haremos sí o sí. Que quede bien claro, pero no lo tomen como una intimidación ni nada parecido. De las muchas cosas que no se pueden hacer, una es prohibir a un pueblo que piense, que discuta sobre su futuro”.

Pero también quiso dejar claro que la acepción 'proceso constituyente' es un “concepto poliédrico y no todos tenemos la misma idea de lo que significa. Aquí hemos de partir de una premisa básica: la constatación de que el modelo de ordenación territorial y de la estructura política del 78 está agotado y ya no genera consenso social. A partir de este agotamiento, que no fracaso, hemos de ser capaces de dar un impulso para que la sociedad catalana sea más integradora”.

Los ecosocialistas (que están asociados a Podemos) creen que los trabajos de la comisión no deben circunscribirse al modelo de Estado. “Debemos comenzar por la estructura social, decidir qué tipo de modelo de política económica o políticas industriales queremos, cómo combatir las desigualdades… y luego analizar cómo estructurar políticamente todas estas políticas de manera diferente”. En otras palabras, que lo que se debe estudiar debe ser no solo el objetivo de crear una República catalana y dotarla de una nueva Constitución, sino el “sentar las bases de un nuevo orden”. Eso sí, con una condición importante: “Todos sabemos lo que nos une y lo que nos separa. Lo inteligente sería comenzar por poner encima de la mesa lo que nos une”.

Por otra parte, este martes, la Mesa del Parlamento decidió también la creación de una ponencia conjunta, de la que solo formarán parte JxS y la CUP, para tratar del desarrollo de las Leyes de Transitoriedad Jurídica (que quieren derogar las leyes españolas y sustituirlas por otras netamente catalanas), así como la Ley de la Hacienda y la Ley de Seguridad Social catalanas, materias en las que la Cámara autonómica no tiene competencias. Fernando de Páramo, portavoz de C’s, criticó tras la reunión la postura no solo de JxS y de la CUP. “Nos hemos encontrado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que en vez de actuar como tal actuaba como presidenta de la ANC. Lo que quieren hacer no es una ponencia conjunta, sino una ponencia de los dos grupos que la impulsan, ya que todos los demás grupos estamos en contra”.

Por si fuera poco, un informe de los letrados del Parlament desaconseja esa ponencia porque además de extralimitarse en las competencias, podría ser antidemocrática, puesto que cuatro grupos parlamentarios están en contra. “Hoy es un día histórico porque por primera vez el Parlamento no escucha ni a los tribunales ni hace caso de la Constitución ni del Estatut ni de sus propios letrados. Con esa iniciativa, se vulneran nuestros derechos como diputados y no nos dejan otra salida que pedir amparo a la justicia”, acusó Páramo.