Cómo los Mossos d’Esquadra intentaron ‘cazar’ al aspirante a liderar el PSC

Al exalcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, le mantuvieron intervenido su teléfono durante un año largo en el marco de la denominada ‘Operación Mercurio’. Pero el tema no dio para mucho. No hubo ningún indicio de presunta corrupción en su actividad como alcalde. Y los investigadores cambiaron y pusieron el punto de mira en otros temas. La pieza que habría de ser caza mayor se escurría de sus redes día tras día y había que materializar el dispendio de ese bienio de pinchazos en algo más productivo. Al menos, en algo más productivo políticamente hablando.

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Los Mossos manipularon conversaciones del alcalde de Sabadell para acusarle

Antonio Fernández. Barcelona

Uno de los hilos del que tiraron los Mossos d’Esquadra, al no conseguir ninguna implicación de corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell, fue la Federación de Municipios de Cataluña, la gran organización municipalista que también presidía Bustos. Esa pieza de caza mayor era codiciada en política, porque el nombre de Bustos sonaba para erigirse entonces en el líder del PSC y además era el hombre de confianza del PSOE en Cataluña. O sea, el hombre en quien más confiaba entonces Alfredo Pérez Rubalcaba.

Una de las alucinantes piezas del sumario hace referencia a un viaje de Manuel Bustos a Almería para participar en un mitin con Carmen Chacón el 6 de enero del 2012. En las conversaciones telefónicas, se habló de que el viaje podía ser costeado por “la Federación”. Según los Mossos, hablaba de la FMC, por lo que lo imputaron por malversación de fondos públicos (lo cual es ilógico, puesto que ese organismo es privado). Pero hablaba de la Federación del PSC del Vallès Occidental. Finalmente, sin embargo, el viaje fue pagado por la esposa de Bustos, Montse Costa, que aportó los comprobantes: había enviado a la agencia de viajes dos transferencias por el concepto de “viaje de Manuel Bustos a Almería”. No le sirvió de nada. Los Mossos pidieron imputarle.

En el informe de la Policía Autonómica que obra en poder de El Confidencial, figura la transcripción de una llamada del alcalde a su hermano. “Paco –le decía-, que estoy ahora repasando cuentas y tal. Que aparte de un viaje a Almería, que tengo dificultades para justificarlo como Federación. Y una cosa que hice con un juez. Necesito que me des 1.500 euros para poder hacer frente a eso”. Los Mossos dicen textualmente que “se supone que es la FMC”, sin más pruebas. Eso sí, le acusan de “un delito contra la Administración Pública y malversación de fondos” por haber pasado un tique de gastos de 161 euros de una comida y 22,60 euros de consumiciones en el aeropuerto de Granada. Lo que omiten es que la FMC es una entidad privada y no es administración pública. Los gastos de avión, hotel y alquiler de coche fueron pagados por su esposa.

Sabuesos tras los listados

Insisten hasta en tres ocasiones en que Bustos viajó a Almería “para asistir a la presentación de Carmen Chacón Piqueres como candidata a la secretaría general del PSOE y alojamiento en Almería capital”. Los Mossos llegaron a pedir a Iberia la lista de pasajeros de los vuelos y llamaron al hotel (en realidad, se hicieron con el listado de los viajeros de los vuelos y con el listado de clientes alojados en el hotel durante los días 6 y 7 de enero de 2012) para conocer las horas de entrada y salida del alcalde. Y, con ignotas intenciones, señalan en el informe que “a pesar de las gestiones practicadas, no se ha podido esclarecer la procedencia de los 1.500 euros puestos de manifiesto en la conversación interceptada”.

Aún así, concluyen que “se pone de manifiesto una clara voluntad por parte de Manuel Bustos de pasar los gastos ocasionados por el viaje a Almería para asistir a la presentación de Carmen Chacón como candidata a la secretaría general del PSOE, a cargo de la FMC”. En realidad, se refieren solo a la comida y a las consumiciones en el aeropuerto, porque los gastos de más de 1.000 euros del viaje fueron sufragados por su esposa. El informe termina reconociendo que fue su esposa la que pagó los gatos, pero abren otra ventana al infinito: “A pesar de la búsqueda de indicios documentales e informáticos aprehendidos en la FMC y en el Ayuntamiento de Sabadell, así como los relacionados con Manuel Bustos, Francisco Bustos, Montse Costa y el resto de listados en las diligencias, no se ha localizado ningún detalle que identifique el movimiento, salida o procedencia del dinero solicitado”. Es decir, ponen en duda la procedencia del dinero que habría de prestarle su propio hermano. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

El 30 de junio del 2015, después de más de tres años de instrucción, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones porque, a pesar de las aseveraciones de los Mossos, “no se han obtenido indicios suficientes de criminalidad en relación con los hechos investigados”.

Otro tanto ocurrió con un asunto particular del primer edil, que al final tuvo que ser archivado dado la inconsistencia de las denuncias: y es que los investigadores metieron en el mismo saco el pago que la esposa de Bustos hizo para la estancia de una noche del juez Guillermo Ruiz de Polanco, de quien el matrimonio es amigo. Su relación provenía de cuando el magistrado había estado destinado en Sabadell. En un viaje a Cataluña del juez, el matrimonio quiso obsequiarle con la estancia y le pagó una noche de hotel. El pago de esa factura ascendía a 192,24 euros. Nuevamente, los Mossos le acusaron de malversación a pesar de que el pago se hizo con la tarjeta de crédito privada de Montse Costa.

Una de las alucinantes piezas del sumario hace referencia a un viaje de Manuel Bustos a Almería para participar en un mitin con Carmen Chacón en 2012

No es la única acusación hilarante. Otra de las piezas separadas del sumario Mercurio relata que en una ocasión, la Federación del PSC del Vallès Occidental realizó un acto en el Centro Cultural Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí. Bustos, como secretario de Política Municipal del partido, fue el encargado de organizarlo. El PSC no tenía dinero en efectivo en aquel momento y el alcalde de Sabadell y acudió a la Federación del Vallès Sud del PSC para que lo sufragase. Los Mossos consideraron que quien había pagado el acto fue la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y no la Federación del PSC, por lo que pidieron su imputación nuevamente por malversación de fondos públicos. La investigación todavía está abierta, aunque se presentó la factura pagada por el PSC. Lo malo es que, aunque hubiese sido la FMC, no podrían acusarle de malversación de fondos públicos puesto que es una asociación privada, según concluyó la Audiencia de Barcelona. Un desvarío más en el sumario más retorcido de Cataluña.

La factura de 50 euros

Precisamente sobre las retribuciones de la FMC, los Mossos pidieron otra imputación similar por sobresueldos, un asunto que fue sobreseído tanto en primera instancia como por el Supremo. Respecto a la FMC, examinaron con lupa los gastos de Bustos y de su secretario general, Adolfo Moreno, durante años. Lo único que detectaron en una ocasión fue una factura de 50 euros cuyo concepto era “unas zapatillas de niño”… y que se demostró que había sido un error al pasarla.

Otra de las piezas separadas acusa al exalcalde por presuntamente haber retirado una multa a su hijo. Resulta que éste, que estaba en tratamiento con quimioterapia, se encontró mal cuando iba conduciendo. Aparcó el coche en una zona de carga y descarga para ir a un baño y la grúa municipal se llevó el vehículo. Bustos, avisado, llamó al jefe de la Guardia Urbana, Josep Miquel Duran, para pedirle que se ocupase de su hijo y éste le hizo las gestiones para recuperar el vehículo. Por ello, le acusaron de tráfico de influencias, a pesar de que demostró con el recibo correspondiente que había pagado la grúa como cualquier hijo de vecino.

En su informe, los Mossos llegan a reconocer que se ha pagado la multa. Cuando el alcalde habla con uno de los miembros de la Guardia Urbana, dice textualmente: “No quiero… no quiero tener ningún lío, ¿eh?”. Y le responden: “No, no. Por eso, para no tener líos, se paga la multa”. Ante ello, la Policía Autonómica la da la vuelta al tema y dice que la retirada del coche fue “turbia”, ya que fue retirado por un guardia urbano “por la puerta de atrás para que nadie se percatase de que se trataba del coche del hijo del alcalde”.

Había quedado acreditado, sin embargo, que la grúa se había pagado (contra la multa, presentó recurso), pero los Mossos hacen un truculento relato de conspiraciones para retirar el vehículo que implica a varios funcionarios. Todo para concluir que “Manuel Bustos aprovechaba su condición de alcalde de Sabadell para requerir al personal que de él dependía las gestiones pertinentes para solucionar con celeridad el asunto de la denuncia de tráfico y sacar el coche del depósito”. Una afirmación, en todo caso, que no sustenta la acusación de tráfico de influencias.

Una condena

Una de las piezas separadas, ya juzgada, condenó a Bustos, a la alcaldesa de Montcada i Reixach, María Elena Pérez, y al secretario de Organización del SPC, Daniel Fernández, por amañar un concurso. En realidad, el concurso no debería haberse hecho, ya que su finalidad era escoger a una persona para un puesto de responsable del gabinete de arquitectura, un puesto que era de los llamados de confianza, por lo que la alcaldesa podía haber nombrado a dedo a la persona que quisiera. Pero convocó concurso y, al no salir elegida mediante el mismo la persona que quería, quiso saltarse las normas a la torera. Para más inri, quien siguió todo el proceso de contratación y quien lo decidió fue un concejal y no la alcaldesa. Los responsables políticos, por su parte, fueron condenados por pedirle que nombrara a una persona “de confianza” del PSC. Lo que hubiese sido una gestión normal fue interpretado por el juez como tráfico de influencias, de modo que cualquier “cargo de confianza” de la Administración está bajo sospecha de haber llegado a su puesto a través de la comisión de un delito.

Curiosamente, cualquier indicio que llegaba a los Mossos era la excusa para solicitar una ampliación de las escuchas telefónicas

Curiosamente, cualquier indicio que llegaba a los Mossos era la excusa para solicitar una ampliación de las escuchas telefónicas. Cuando la casi totalidad de las piezas abiertas se hubiesen archivado con el solo estudio de los respectivos expedientes municipales. De ahí que el letrado del exalcalde hubiese dirigido un extenso escrito al juzgado en el que subrayaba que la intervención de los teléfonos era “una intromisión prospectiva, inidónea y desproporcionada, una pesquisa general sin fundamento real en los hechos que aparentemente la motivaron y dirigida a investigar en términos generales la conducta de una persona, todas sus actividades, asuntos, empresas, negocios y relaciones públicas o privadas, en definitiva, una investigación global sobre la actividad de una persona que el estado de derecho no ampara”.

La Fiscalía (el fiscal que comenzó el caso mantiene estrechos vínculos con directivos de los Mossos d’Esquadra) aceptó la mayoría de las tesis vertidas por los Mossos en sus informes. Sus teorías fueron diligentemente apuntaladas por el Ministerio Público sin problema alguno ni recelos. La fiscal que lleva actualmente las acusaciones, Teresa Duerto, declinó comentar cualquier extremo de este sumario con El Confidencial.