El Parlament topa con escollos jurídicos para destituir a De Alfonso

El Parlament está topando con escollos jurídicos para sacar adelante la destitución del director de la Oficina Antifrau de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, ya que la ley no contempla que lo puedan cesar por cuestiones como “falta de confianza” o “deslealtad”, ya que las mismas no se contemplan en el marco legal que rige para este caso, que estalló cuando De Alfonso y el ministro del Interior y candidato a las elecciones generales por el PP, Jorge Fernández Díaz, fueron grabados en el despacho de este último hablando de cuestiones como investigar casos de corrupción contra ERC que no se sostenían o cambiar el liderazgo de Artur Mas en CDC por el 'exconseller' de Justicia de la Generalitat Germà Gordó para desactivar el problema soberanista en Cataluña.

El problema jurídico estriba, en esencia, en que De Alfonso no es un cargo de confianza. Por eso necesita 81 diputados, tres quintas partes del hemiciclo catalán, para ser destituido. La destitución se votará este miércoles en el pleno. Y hace falta que voten todos los grupos, menos el PP, que ya ha dicho que le apoyará, para defenestrar al director de la oficina. Algún grupo está estudiando descolgarse del proceso para no incurrir en “prevaricación” -decisión ilegal tomada a sabiendas-, dada la voluntad de De Alfonso de no dimitir y de recurrir su cese en los tribunales.

Fernández Díaz se encuentra mucho más expuesto a perder su cargo, pero no De Alfonso, ya que el Parlament precisa de una mayoría muy reforzada

Para destituir a De Alfonso, el Parlament deberá alegar “negligencia notoria y ​grave”, pero fuentes jurídicas conocedoras del caso consideran dificultoso probar la negligencia con las grabaciones que ha dado a conocer 'Público'. La grabación de las conversaciones es ilegal y por tanto carece de valor jurídico, al no haber sido encargada por un juez. En el ámbito jurídico, las grabaciones no existen, por mucho que hayan dado cuenta de conversaciones muy reales y comprometedoras para sus dos protagonistas. Todo ello dificulta que el Parlament pueda tomar un decisión legal -el cese de Daniel de Alfonso- basada en una prueba ilegal -las grabaciones de su encuentro con Fernández Díaz-.

Se da por tanto una circunstancia irónica: Jorge Fernández Díaz se encuentra mucho más expuesto a perder su cargo, ministro, que sí es de libre designación, pero no De Alfonso, puesto que el Parlament precisa de una mayoría muy reforzada y los servicios jurídicos de la Cámara catalana han de justificar muy bien el cese para no topar con los tribunales años después.

Difícil continuidad

Sin causa justificatoria y con pruebas ilegales como principio, el Parlament deberá argumentar el cese de De Alfonso, quien quiere agotar su mandato de nueve años. Una alternativa sería probar que el propio De Alfonso fue quien hizo la grabación, algo que él siempre ha negado. El Ministerio del Interior ha abierto una investigación para dilucidar cómo se pudo producir un fallo de seguridad de ese calado.

La reunión existió: las dos partes la reconocen, pero por sí misma no puede calificarse de negligencia notoria y grave, igual que se habían mantenido relaciones y encuentros con los otros grupos políticos y sus representantes. O con alcaldes.

Pese al laberinto jurídico, es muy dudoso que la continuidad de De Alfonso tenga sentido político. Si sigue en el cargo, la Oficina Antifrau habrá quedado muy desprestigiada y difícilmente nadie querrá mantener reuniones con él, vista la experiencia previa. Y la relación con la Generalitat está rota para siempre. Segunda ironía del caso: unas fuerza políticas catalanas que no tuvieron el coraje de desmontar una Oficina Antifraude que carecía de sentido una vez que falleció su primer director, David Martínez Madero, ahora pueden encontrar como solución menos mala que agonice en la inactividad mientras De Alfonso pueda permanecer en el cargo, hasta 2020.

Continuidad

De hecho, Fernández Díaz, persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno, ha seguido en su puesto en medio de una campaña electoral. Fuentes políticas cercanas al PP dan por hecho que la decisión de Mariano Rajoy de mantenerlo en el cargo le ha costado votos en Cataluña, pero no en el resto de España.

Sin embargo, la cabeza de Jorge Fernández Díaz podría ser moneda de cambio en los futuros pactos electorales. El resto de grupos políticos españoles han pedido su dimisión. El ministro del Interior podría ser la víctima propiciatoria para entregar a los dioses de los acuerdos pos-26J.