Unas grabaciones a Fernández Díaz contra ERC y CDC rompen la campaña en Cataluña

La recta final de la campaña se ha teñido de negro con una filtración que ha arrojado más madera a la caldera de la locomotora independentista. Una conversación entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, es la causante: el mundo independentista acusa ya a ambos de “fabricar pruebas” contra ERC y CDC. La conversación desvelada el martes en el diario 'Público' muestra a ambos interlocutores intercambiando información sobre posibles casos de corrupción de dirigentes de CDC y ERC.

[Lea aquí la transcripción de las grabaciones al ministro Fernández Díaz]

La entrevista tuvo lugar en el año 2014 (todavía no había dimitido el fiscal general Eduardo Torres-Dulce) y discurre por los vertiginosos vericuetos de las investigaciones oficiales sobre casos de corrupción en Cataluña. Fernández Díaz y De Alfonso se intercambian información sobre asuntos concretos y hablan sin tapujos de Roger Junqueras, hermano de Oriol Junqueras (hoy, vicepresidente del Gobierno catalán y, entonces, presidente de ERC y alcalde de Sant Vicenç dels Horts y diputado, pero con un peso específico en la política catalana porque gracias a él podía gobernar Artur Mas, que tenía un número insuficiente de diputados para mantener la estabilidad parlamentaria). Además, dan datos sobre adjudicaciones públicas de las empresas donde trabajaba.

En la conversación grabada se refieren también a contrataciones de familiares del entonces consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, en la Generalitat y del papel que en esas contrataciones tuvo el entonces consejero de Presidencia, Francesc Homs. Ambos llegan a la conclusión de que el cambio de nivel de dos cuñadas de Puig podía rozar la prevaricación, pero no se atreven a llevar el tema a Fiscalía para que ésta investigue.

[Lea aquí: 'El Director de la Oficina Antifraude niega que conspirara con Fernández Díaz']

La revelación de este encuentro ha tenido un efecto directo en la campaña electoral: el Gobierno catalán y las organizaciones independentistas han señalado ya al Gobierno de “conspiración” contra Cataluña para “fabricar casos contra ERC y CDC”. El tema ha provocado también que la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, convoque una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlamento para este miércoles con el objeto de estudiar “qué medidas adoptar” ante las conversaciones entre Daniel de Alfonso y Jorge Fernández Díaz.

Un hombre incómodo

La polémica enlaza, así, con una segunda vertiente del tema: ¿A quién podía beneficiar la visualización de una entente entre el director de la OAC y el ministro del Interior? Para empezar, Daniel de Alfonso fue escogido por su cercanía a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) cuando ésta formaba parte de la todavía viva Convergència i Unió (CiU). Apeada UDC del ‘procés’, los independentistas pueden aprovechar este episodio para sacar de ese cargo a Daniel de Alfonso, un hombre incómodo, no alineado con la hoja de ruta actual.

Carles Puigdemont afirma que “las toneladas de guerra sucia y las conjuras del Estado no se han salido con la suya” a la hora de combatir al independentismo

Hay un problema: el Gobierno no puede; sólo el Parlamento, reuniendo las tres quintas partes de los votos a favor, puede hacerlo, al menos en una primera instancia. Y en eso se afanarán los partidos que dominan la cámara: fuentes de Junts pel Sí (JxS) señalan que están dispuestos a votar en su contra tras conocerse estas conversaciones y el presidente del grupo parlamentario de esta formación, Jordi Turull, ya confirmó a primera hora de la noche que JxS pide “la comparecencia inmediata en el Parlamento del director de la OAC”. Otra cosa será ver si pueden reunir el quórum necesario para el cese, porque necesitan, al menos, el voto a favor de otro de los grupos.

El que más cerca está de esos planeamientos es Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP). El candidato de su ‘marca hermana’ (En Comú Podem) en las elecciones del 26-J, Xavier Domènech, fue muy expeditivo y en su cuenta de Twitter publicó: “Jorge Fernández Díaz es un delincuente”. Y su colega Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, terció también sobre este asunto: “Ministro que abusa de su poder para conspirar y fabricar pruebas contra adversarios políticos: ¡Fernández Díaz ha de dimitir!”.

Desde las instancias oficiales, las reacciones no se hicieron esperar: ERC pidió la “inmediata dimisión” del ministro y del director de la OAC y así lo manifestó también su secretaria general, Marta Rovira, en un mitin de Vilanova i la Geltrú: “En lugar de perseguir la corrupción, persiguen ideas políticas”, dijo la republicana. Incluso el presidente republicano (y vicepresidente del Gobierno), Oriol Junqueras, se retrató: “Exigimos la dimisión de los responsable de este escándalo comenzando por el ministro del Interior”. Eso sí, Esquerra ya tiene nombre para el tema: ha hecho fortuna el hagstat ‘ERCgate’.

También Francesc Homs, candidato de Convergència (y cuyo nombre sale en las grabaciones), pidió la dimisión de Fernández Díaz y de De Alfonso y que el primero “se retire como candidato [el ministro es cabeza de lista del PP por Barcelona] ante esta conspiración fúnebre que demuestra que las cloacas del Estado existen”. Les acusó, además, de “querer fabricar pruebas contra adversarios políticos [a pesar de que él es precisamente quien sale mejor parado]”. Luego, en su cuenta de Twitter, dejó una perla: “Recorrer las cloacas del Estado como hace Fernández Díaz no es de demócrata, es de cobarde”.

No piensa dimitir

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, avisó, por su parte, que “las toneladas de guerra sucia, las cloacas y las conjuras del Estado no se han salido con la suya” a la hora de combatir al independentismo. Y Neus Munté, portavoz del Gobierno, reclamó “explicaciones urgentes y, si corresponde, asunción de responsabilidades”. Su compañero de gobierno Raül Romeva, responsable de Exteriores y Transparencia, se manifestó en similares términos.

Pero la oposición tampoco se anda con chiquitas: la candidata socialista por Barcelona, Meritxell Batet, afirmó que los dos interlocutores “deberían presentar su dimisión o ser cesados”. También la CUP se sumó a estas peticiones y a la comparecencia del director de la OAC en sede parlamentaria. La diputada Mireia Boya tuiteó a raíz de la polémica: “Las cloacas son una estructura de su Estado. Antifraude es el fraude desleal del nuestro. Guerra sucia y vergüenza. Fuera los dos”.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la emisora pública de Cataluña, De Alfonso afirmó que no piensa dimitir y que es falso que conspirara con Fernández Díaz para fabricar pruebas contra ERC y CDC. Es más: afirmó que, como en tantas otras ocasiones, “cuando alguna persona destacada llama, sea del grupo que sea, yo me reúno con ella. Y estoy abierto a recibir cualquier tipo de información que quieran darme”. Contrariamente a lo que algunos medios dejaban translucir, negó que él hubiese grabado la conversación. “Si las hubiera grabado yo, ¿cree que se habrían hecho públicas?”, dijo a la emisora. Y dejó entrever que es una operación política que persigue un rédito electoral. No en vano se filtra la conversación cinco días antes de las elecciones.