por asumir competencias que no les corresponde

El Gobierno lleva al Constitucional la ley de pobreza energética que abandera Colau

De esta manera no se atiende la petición que le hizo Puigdemont a Rajoy ni la que Junqueras a la vicepresidenta del Gobierno. La alcaldesa de Barcelona ha defendido públicamente esta ley

Foto: Miembros de la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH) se concentran para pedir medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña. (Efe)
Miembros de la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH) se concentran para pedir medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña. (Efe)

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes recurrir al Tribunal Constitucional la ley catalana contra la pobreza energética y ha solicitado además la suspensión de la norma mientras se resuelve el conflicto.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado el recurso, con el que no se atiende la petición que le hizo el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al del Gobierno, Mariano Rajoy, para que no presentara el recurso o si lo hacía, que no pidiera la suspensión.

La petición fue reiterada por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en el encuentro con la propia Santamaría de este jueves. Un día después, la vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno sigue "exclusivamente" el criterio del Consejo de Estado, que la semana pasada informó sobre esta norma, y actúa como lo ha hecho con otras similares de varias comunidades autónomas. "No podemos aplicar un criterio político y no jurídico a estos asuntos", ha dicho.

No se recurren los aspectos fundamentales

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha precisado que no se han recurrido los aspectos fundamentales de la de pobreza energética. Se recurren, por contra, algunos artículos que el Gobierno considera que exceden las competencias de la Generalitat y que pueden perjudicar la igualdad de los españoles. La vicepresidenta ha recordado que hay leyes similares en Andalucía, Canarias, Navarra y el País Vasco y, ha añadido que en tres de ellas el Constitucional ha acordado su suspensión, al entender que pudiera causar perjuicios "de carácter irreparable".

La vicepresidenta ha explicado que son cuestiones como el procedimiento de mediación, "porque excede su función", o los requisitos previos a las interposiciones de demanda y otros aspectos civiles, de los que se pide su suspensión al Tribunal Constitucional. Ha añadido que no es objeto de recurso las medidas relativas a la pobreza energética, ya que el Consejo de Estado estima que no son contrarias a la Constitución.

Entre las medidas que no se recurren está el establecimiento por las administraciones de acuerdos o convencios con las compañías suministradoras para garantizar que conceden ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares. Tampoco el prinicipio de recaudación, de manera que antes de realizar el corte de suministro se avise o se tenga un informe de los servicios municipales para ver si esa persona o unidad familiar están en riesgo de exclusión residencial, ni la información por parte del suministrador de los derechos relativos apobreza energética.

La vicepresidenta ha añadido que tampoco se recurre algunos aspectos de exclusión social en materia de disfrute de ayudas para evitar lanzamientos, ni los que permiten la garantía del adecuado realojamiento de personas y unidades familiares en situaciones de riesgo de exclusión social.

Cataluña

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