La Guardia Civil irrumpe en la sede de Convergència tras registrar su fundación

La Guardia Civil, junto a la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido irrumpir en la sede de Convergència para registrar el despacho del administrador de la fundación del mismo partido, CatDem. Han adoptado esta decisión después de registrar la sede de la fundación, así como el domicilio del extesorero, Daniel Osácar. Se trata de una operación para destapar un posible caso de corrupción por el que el partido, a través de CatDem, habría recibido comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones.

Antes de las 9 de la mañana, la Guardia Civil y Anticorrupción entraron en la Fundación Catalanista y Demócrata (CatDem) bajo la sospecha de que esta plataforma de Convergència podría haber cobrado el 3% por parte de empresas adjudicatarias de contratos en ayuntamientos gobernados por este partido. También se ha registrado el domicilio del extesorero del partido, Daniel Osácar, y están entrando en cuatro ayuntamientos para requisar la máxima documentación posible. El juez acuerda estas entradas y registros en el marco de las 'Operación Petrum', que acabó el pasado mes de julio con la detención e ingreso en prisión incondicional del empresario catalán Jordi Sumarroca Claverol, hijo de uno de los fundadores de CDC.

Según ha podido saber El Confidencial, el titular del Juzgado número 1 de El Vendrell ha adoptado estas medidas, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, bajo la sospecha de que Teyco, empresa de la familia Sumarroca, habría pagado un 3% a cambio de recibir adjudicaciones públicas. Esa cantidad se habría pagado a la fundación de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), pudiendo hacer ésta una 'caja b' común del partido.

El instructor también ha ordenado la entrada en cuatro ayuntamientos que, además del de Toderrembarra que ya fue registrado en julio, podrían haber amañado contratos a cambio de ese 3% de comisión ilegal. Se trata de Figueres, Sant Celoni, Lloret de Mar y San Cugat del Vallés.

Todas estas sospechas se desprenden del desarrollo de la investigación abierta contra Sumarroca, otros dos miembros de su familia, y el que fuera alcalde de la localidad tarraconense de Torredembarra, Daniel Masagué, por la adjudicación de un contrato a la sociedad Teyco para construir un aparcamiento, y por el que el edil habría recibido 1,4 millones de euros a través de facturas a nombre de sociedades de su familia.

De las últimas pesquisas llevadas a cabo, los investigadores habrían encontrado evidencias del pago de un 3% por parte de Teyco a la fundación CatDem -antes llamadas Fundación Trias Fargas- y a los cuatro ayuntamiento registrados así como a Torredembarra. La persona que podría haber gestionado esos fondos ilícitos sería Daniel Osácar, extesorero de la fundación y de Convergència.

'Caso Palau' como antecedente

Precisamente, Osácar dimitió de su cargo tras ser imputado en el 'caso Palau' bajo unas acusaciones similares. Actualmente está acusado y pendiente de juicio, en el que se enfrenta a siete años y medio de cárcel además de a una reclamación de 20 millones de euros. Junto al el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, están acusado de apropiarse de fondos públicos y privados del Palau de la Música y de conformar un “entramado delictivo” junto a Ferrovial y cargos de CDC para la “financiación ilícita” de la formación política entre los años 1999 y 2000, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la Ciutat de la Justicia de Barcelona o la línea 9 del metro.

Osácar está acusado de participar en la financiación ilegal del partido por parte de la sociedad Ferrovial a la Fundación Trias Fargas, ahora CatDem. A pesar de los indicios, en el 'caso Palau' no se llegó a investigar en profundidad la financiación irregular de Convergéncia, a pesar de que, como se sospecha en este caso de Torredembarra, el 'modus operandi' es similar.

La familia Sumarroca, propietaria de la empresa Teyco, está muy vinculada a la familia Pujol. Los patriarcas, Carles Sumarroca Coixet y Jordi Pujol i Soley, fueron fundadores de CDC, además de mantener una estrecha relación durante años. Además, el cabeza de los Sumarroca ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por presuntamente haber pagado comisiones a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán.