Dos dictámenes amenazan la moratoria de Colau por sus “claros visos de ilegalidad”
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El Ayuntamiento tendría que indemnizar

Dos dictámenes amenazan la moratoria de Colau por sus “claros visos de ilegalidad”

Ambos análisis jurídicos, de Cuatrecasas y Bufete Maresca, abren la puerta a que los promotores inmobiliarios damnificados por la medida reclamen indemnizaciones ante los tribunales

Foto: La Torre Agbar de Barcelona (Reuters)
La Torre Agbar de Barcelona (Reuters)

La primera medida emblemática de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido la moratoria hotelera que congela cualquier nuevo proyecto en la ciudad. Como ya informó este diario, diversos bufetes de la capital catalana están trabajando en la presentación de recursos contra la disposición estrella del gobierno municipal. El Confidencial ha accedido a dos de los dictámenes jurídicos sobre esta medida, los cuales apuntan “claros visos de ilegalidad” en la misma y son el preludio de un otoño plagado de recursos legales que harán trabajar muy duro al equipo jurídico del consistorio.

El dictamen más contundente es el del Bufete Maresca. En él se concluye que “la confrontación del acuerdo adoptado al marco normativo y jurisprudencial exigido arroja de nuevo claros visos de ilegalidad como consecuencia de la concreta forma en que la administración ha adoptado su acuerdo pues resulta claramente contrario, cuando menos a los siguientes principios”. Y a partir de aquí enumera dichos principios incumplidos: “decisión incoherente”, “decisión no racional ni razonable fruto de su indiscriminación y generalidad”, “decisión antieconómica por indiscriminada” o “decisión no proporcionada ni proporcional”.

Los dictámenes que ahora salen a la luz son la punta de la lanza de la batalla jurídica que se prepara

No es la única opinión en este sentido. En otro dictamen elaborado por el bufete Cuatrecasas, en el que ha participado la prestigiosa experta en urbanismo Yolanda Guerra, también se tumban las bases legales en que se apoyó la moratoria de Colau. En concreto, se señala que “el Ayuntamiento construye su argumentación sobre la procedencia de que la suspensión es la garantía de un desarrollo urbano sostenible. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la suspensión acordada es la totalidad del término municipal de Barcelona (las únicas salvedades que se hacen al respecto son las exclusiones de las zonas sobre las que ya estaba vigente una medida análoga), que reputamos absolutamente desproporcionado y carente de la más mínima justificación objetiva y razonable”.

Responsabilidad patrimonial

Cuatrecasas también considera en su pronunciamiento que, “a este respecto, huelga decir que la medida adoptada esta huérfana de cualquier análisis o estudio sobre la situación existente, extrapolando la problemática surgida con los apartamentos turísticos a la oferta de plazas hoteleras sin justificación aparente. Y menos cuando se aplica a todo el término municipal y en zonas de ausencia de concentración turística y hotelera”. Y remata más adelante que “dejamos constancia de que la medida cautelar de suspensión analizada condiciona el derecho a desarrollar las actividades económicas, en recta aplicación de la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución”.

Pero no contentos con esto, ambos análisis jurídicos abren la puerta a que los promotores perjudicados reclamen ante los tribunales no sólo la aprobación de sus proyectos sino “la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento”. O dicho en claro y meridiano: a compensar a los perjudicados con dinero público por indemnización de daños y prejuicios.

Esto puede suponer una oleada de reclamaciones para el Ayuntamiento. Sólo el hotel de Passeig de Gràcia con Diagonal supone una inversión inicial de 90 millones desembolsada y que ahora está sin utilidad ninguna. Hay un total de 40 proyectos paralizados –algunos todavía no habían solicitado la licencia–. Están en esa lista negra incluso grupos tan emblemáticos como Pontegadea, la inmobiliaria de Amancio Ortega, que quiere abrir un hotel en la antigua sede de Banesto, en Plaza Catalunya. En total, más de 400 millones de inversiones en juego.

Callejón sin salida

En el equipo de Colau empiezan a ver el callejón sin salida en el que se han metido y por eso buscan salidas caso por caso, para intentar que la medida que se tomó con cierta precipitación no le cueste cara a las arcas municipales. En este sentido tiene que leerse la intención de que el nuevo hotel Hyatt proyectado en la Torre Agbar se apruebe por silencio administrativo: adoptar un perfil bajo que evite los pleitos y que no irrite a sus votantes de izquierda radical.

Los dictámenes que ahora salen a la luz son la punta de la lanza de la batalla jurídica que se prepara. En ellos se ponen en cuestión diversos defectos de forma que hace que la moratoria de Colau –un año prorrogable a otro– tenga muchos flancos débiles. El del bufete Maresca destaca, por ejemplo, que la memoria justificante de la moratoria “no contiene, expresa o implícitamente, la más mínima ponderación de los intereses en conflicto, de su evaluación, de sus efectos sobre las inversiones, el mercado, la imagen de Barcelona, sus intereses o el conjunto de la ciudad”.

En el equipo de Colau empiezan a ver el callejón en el que se han metido y por eso buscan salidas caso por caso

“Se basa exclusivamente en unos datos parciales y sectoriales de tres únicos distritos (Ciutat Vella, Gràcia y Poble Sec), si bien esa información sesgada, y en absoluto representativa, se hace extensiva a toda la ciudad, lo que ya de por sí es absoluta e incontestablemente errático”, apunta este análisis que además cuestiona que el modelo de “suspensión potestativa” escogido por el equipo de Ada Colau, el cual está pensado para proyectos en trámite, en especial planeamientos urbanos, lo cual no es el caso.

También señala este dictamen de 46 páginas y otras tantas de anexos, que “la suspensión se justifica para ‘estudiar la situación turística’, cuando el estudio de la situación turística no es un supuesto que ampare la medida adoptada”.

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