La Moncloa ya disponía de las cuentas

Un emisario del Gobierno viajó en julio a Andorra para negociar el 'caso Pujol'

Un estrecho colaborador de plena confianza del presidente Mariano Rajoy se desplazó en julio a Andorra para obtener la colaboración del Principado

Foto: Jordi Pujol. (Efe)
Jordi Pujol. (Efe)

Un estrecho colaborador de plena confianza del presidente Mariano Rajoy se desplazó a mediados de julio a Andorra para obtener la colaboración del Gobierno del Principado en el caso Pujol. El emisario de La Moncloa, perteneciente al área económica y con la categoría de secretario de Estado, se entrevistó en secreto con Antoni Martí, el cap del govern andorrano -el cargo equivalente a primer ministro- para lograr un compromiso de colaboración en la entrega de los datos bancarios de las cuentas de los Pujol en la Banca Privada de Andorra (BPA).

El Gobierno español no esperó a la vuelta de las vacaciones estivales para negociar con Andorra su colaboración en la entrega de los datos bancarios sobre la familia Pujol. El 2 de septiembre, Rajoy tenía prevista en su agenda política una reunión en La Moncloa con Martí para tratar asuntos bilaterales en materia económica, pero el pulso soberanista de Artur Mas, apoyado incondicionalmente por los Pujol, recomendaba actuar con urgencia.

En la entrevista con Antoni Martí, entre otros asuntos, ambos mandatarios tenían previsto culminar la negociación de un convenio para evitar la doble imposición fiscal entre el Principado y España pero la reunión se centró en la colaboración del país vecino en la investigación judicial sobre las cuentas de la familia Pujol en la Banca Privada de Andorra.

Imagen de la última entrevista de Mas y Rajoy. (Reuters)
Imagen de la última entrevista de Mas y Rajoy. (Reuters)

Además, varios medios de comunicación ya habían desvelado en la primera semana de julio los extractos de las cuentas de los miembros de la familia Pujol -Marta, Mireia, Pere, Oleguer y Marta Ferrusola- en la BPA, entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011, que demostraban unos movimientos bancarios de más de tres millones y medio de euros.

Toda esta información resultaba de vital importancia para el Gobierno porque Rajoy tenía previsto recibir en La Moncloa por esas fechas al presidente catalán Artur Mas. Finalmente, la entrevista se fijó para el 30 de julio.

Datos privilegiados de la Unidad de Inteligencia de Interior

Rajoy asistía con una cierta ventaja a sus encuentros con Antoni Martí y Artur Mas. El presidente español disponía de información de primera mano y de alto nivel que había sido recopilada por la Unidad de Inteligencia de la Policía. Los informes reservados de los pata negra de la Policía, como algunos ya los conocen en el Cuerpo, desvelaban que la familia Pujol había utilizado varios métodos para blanquear "ingentes cantidades de dinero en efectivo procedente de todo tipo de acciones presumiblemente delictivas".

Uno de los policías de mayor rango de la Unidad de Inteligencia se había desplazado, a finales de junio pasado, a Escaldes-Engordany, donde tiene su sede central en Andorra la BPA, y había mantenido una entrevista confidencial con su presidente, Ramón Cierco (Andorra la Vella, 1959), co-propietario de la BPA junto a su hermano Higinio.

La entidad bancaria tiene en la actualidad un volumen de negocio de 8.071 millones de euros y su gestión de recursos financieros creció en 2013 un 30%, según datos de su página corporativa. El presidente de la BPA es un empresario muy conocido en Andorra, en donde llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio.

Los Cierco Noguer venían controlando el BPA desde 2000, año en el que Caixa Catalunya había decidido abandonar la entidad, cuyo accionariado pasaba a ser andorrano en un cien por cien. El origen de la BPA se remontaba a 1958 cuando fue constituida en Andorra la Banca Cassany. En 1993 pasó a llamarse BPA, tras la entrada de Caixa Catalunya en su accionariado. La caja catalana, la segunda de Cataluña, la quinta de España y de titularidad parcialmente pública, logró su expansión mientras Jordi Pujol estuvo al frente de la Generalitat (1980-2003). En 2011, tras la nefasta gestión de sus directivos, fue nacionalizada por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

 

El emisario del Ministerio del Interior se desplazó hasta las instalaciones del banco andorrano, en el 119 de la avenida Carlemany de Escaldes, y se presentó ante el presidente de BPA como un alto cargo de la Seguridad del Estado, sin especificarle más datos. Su misión consistía en obtener del alto ejecutivo una colaboración directa para poder acceder a los datos sobre los Pujol o, al menos, que la entidad bancaria contestara a las comisiones rogatorias de la Justicia española. El funcionario policial, que tenía el pleno respaldo de sus jefes y del ministro del Interior, utilizó un lenguaje muy directo: "Les hemos pedido desde Madrid muchas comisiones rogatorias y ustedes no colaboran. Tengo la suficiente autoridad para trasladarle de parte de mi Gobierno que, si no nos ayudan, la semana próxima recibirán una comunicación anunciándoles la pérdida de la licencia para operar en España".

El presidente de la BPA le contestó que su entidad no podía vulnerar la legislación andorrana sobre confidencialidad y secreto bancario, pero que transmitiera a sus superiores que ellos harían todo lo posible por ayudar a España. Eso sí, le pido encarecidamente que este encuentro se mantuviese en secreto.

La BPA ya había pasado por la experiencia de la pérdida de una licencia bancaria en 2011. Concretamente en Uruguay. El Banco Central de ese país le retiró el permiso para operar y le impuso una multa económica por incumplir la normativa contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Aunque en la actualidad la BPA sigue funcionando en Uruguay con otra licencia a nombre de Noswey S.A Asesores de Inversión.

Cierco, a lo largo de la entrevista con el emisario del Gobierno español, defendió una y mil veces sus argumentos sobre el secreto bancario y la confidencialidad del encuentro. Sin embargo, en un momento determinado, dejó la pantalla de ordenador de su mesa abierta y le dio la espalda al policía mientras realizaba una gestión en un extremo del despacho. El agente, rápidamente, sacó su móvil del bolsillo y fotografió los datos que aparecían en la pantalla sobre los movimientos bancarios de las cuentas de la familia Pujol, desde diciembre de 2010 a enero de 2011. 

El banco informa a Pujol del encuentro

A su regreso de Andorra, el alto funcionario policial elaboró una nota informativa (NI) de seis folios y con fecha 1 de julio, a la que El Confidencial ha tenido acceso en su integridad. Con el título "NI-Cuentas de JR en ANDORRA" (sic),  manifestaba a sus superiores que el dinero de los Pujol había sido obtenido "gracias a aprovechar su condición de privilegio con que cuentan en la Comunidad de CATALUÑA".

En su segundo párrafo, el policía informaba a sus jefes del fruto de sus gestiones: "Parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA, que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en ESPAÑA" como banca privada "han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas".

El informe policial daba importancia a algunas de las operaciones financieras de la BPA en España que, si se confirmaban las investigaciones, "tendrían una muy importante inyección de capital de la propia familia Pujol". Al mismo tiempo, destacaba el contraste en algunas operaciones de los Pujol: "Caso de verificarse la misma, supondría una clara contradicción de actitudes, ya que por un lado fomentan la independencia con España, al tiempo que de una manera discreta, invierten en la expansión en la banca española".

La nota informativa terminaba con una valoración sobre la cantidad que los Pujol podían disponer en la BPA: "Mencionó de manera velada que  ni siquiera ellos (la BPA) podrían determinar con total exactitud cuánto dinero es de titularidad propia, cuánto lo es aunque conste a nombre de fiduciarios, así como cuánto lo manejan uno o varios de los hijos de Pujol". Para la Policía, los fondos de la familia Pujol en la BPA nunca sería inferior a 500 millones de euros, aunque en fondos indirectos la cifra podría elevarse a 1.500/1.800 millones, de los que se desconocía la parte correspondiente a cada miembro del clan.

Tras la entrevista, pactada como confidencial, la Policía detectó los movimientos de un directivo del banco que se trasladó a Cataluña para revelar a los Pujol la presencia en Andorra del emisario de Madrid. El ex presidente Jordi Pujol fue informado de los movimientos en el Principado de un supuesto coronel del CNI, a quien el representante de la BPA catalogaba como "un señor muy mayor" pero "con unos ojos muy vivos y expresivos". Sin embargo, el intermediario del banco andorrano omitió la escena del pantallazo del ordenador.

La filtración de los movimientos bancarios de los Pujol llevó más tarde a éstos a presentar una querella contra la BPA por revelación de datos secretos.

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